Las normas de Derecho internacional privado

El 9.2 es una escalera: primero, la ley personal común al tiempo de casarse (aquí no la hay); después, la ley personal o de residencia de uno de ellos elegida por ambos en documento auténtico «otorgado antes de la celebración» (no la eligieron, y elegirla después no vale); a falta de elección, «la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración», que es la portuguesa. La del lugar de celebración es el último peldaño, solo si no hay esa residencia común.

El 9.6, párrafo segundo, se aparta de la ley personal: la ley aplicable a las medidas de apoyo «será la de su residencia habitual», no la de la nacionalidad que el 9.1 usa para la capacidad, y si la persona se muda a otro Estado pasa a regir la de la nueva residencia. Pero hace una excepción: para adoptar medidas de apoyo «provisionales o urgentes» se aplica la ley española. Por eso fallan tanto la nacionalidad como extender la residencia habitual a esas medidas.

El 11.3: «Será de aplicación la ley española» a los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero. El apartado está en el artículo 11, que regula las formas y solemnidades de los actos: para la forma, cuenta quién autoriza el testamento, no el país en que está el consulado ni la residencia de quien otorga. El contenido de la sucesión tiene su propia regla, fuera de este artículo.

El 9.8 somete la sucesión a «la Ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren»: una sola ley para toda la herencia, sin trocearla por países ni por la clase de bienes, así que los inmuebles no siguen aquí la ley del país en que estén. La ley nacional al otorgar testamento es la tentación: el mismo apartado solo la usa para conservar la validez de las disposiciones testamentarias, no para regir la sucesión.

El 9.1 dice que la ley personal «regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte». La propiedad de los inmuebles, las obligaciones no contractuales y la propiedad intelectual tienen cada una su propia regla en el artículo 10, que no pasa por la ley personal.

El 12.1: «La calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo a la ley española». Antes de saber qué ley rige, hay que decidir en qué categoría entra la cuestión, y eso se decide siempre según el derecho español, nunca según la ley extranjera que luego resulte aplicable ni según la de las partes.

El 11.2: si la ley que regula el contenido de los actos y contratos exige para su validez una forma o solemnidad, «será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse aquéllos en el extranjero». La escritura pública no depende de lo que pacten las partes ni la sustituye la forma más ligera de otro país o de otra ley.

El 9.10 da una regla propia para quien no tiene nacionalidad o la tiene indeterminada: su ley personal es «la ley del lugar de su residencia habitual». El Código no atiende al lugar de nacimiento, no la elige el interesado y no la convierte en española por estar en España.

El 11.1 empieza por la regla: las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos «se regirán por la ley del país en que se otorguen». Después el mismo apartado da por válidas también otras formas, pero la regla de partida es esa, y no la desplazan el lugar de cumplimiento, la residencia habitual común de las partes ni que una de ellas sea española.

El 9.1 fija la ley personal de las personas físicas por la nacionalidad: «es la determinada por su nacionalidad». Mientras siga siendo italiana, su ley personal es la italiana, por muchos años que lleve viviendo en España. El Código no la deja elegir entre la de su nacionalidad y la de su residencia, y la ley personal no cambia según el tribunal que conozca del asunto.

El párrafo segundo del 9.9: «Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales». La coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida son los criterios del párrafo primero, que valen para la doble nacionalidad prevista en las leyes españolas cuando los tratados no dicen nada: no es este caso.

El 8.1 hace territoriales las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública: «obligan a todos los que se hallen en territorio español». No importa la nacionalidad, la residencia ni el tiempo que se pase en España: basta estar aquí. El Código no condiciona esa obligación a ningún tratado ni a la residencia.

El 12.4 define el fraude en este capítulo por su instrumento y por su fin: «la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa española». Las otras tres opciones describen operaciones que el mismo artículo regula en otros apartados —la remisión al derecho extranjero, la calificación y el orden público—, pero ninguna es lo que el Código llama aquí fraude: el fraude exige servirse de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa española.

El 12.5 deja la elección al propio Estado plurilegislativo: la determinación del sistema aplicable «se hará conforme a la legislación de dicho Estado». No la decide el derecho español, que ya hizo su parte al remitir a ese Estado, ni la capital ni las partes.

El 10.1: la posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, y su publicidad, «se regirán por la ley del lugar donde se hallen». La casa está en Málaga, así que rige la ley española, sea cual sea la nacionalidad o la residencia del dueño y dondequiera que se firmara la compra.

El 12.3: «En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público». Que las partes se sometieran a ella expresamente no la salva, ni en todo ni en parte, y tampoco importa su nacionalidad: el límite del orden público no admite excepciones en el texto.

El 10.7 es tajante: «Las donaciones se regirán, en todo caso, por la, ley nacional del donante» (la coma tras «la» es una errata del texto consolidado del BOE, que se cita tal cual). Manda la nacionalidad de quien da, no la de quien recibe, y no su residencia. «En todo caso» cierra la puerta a que las partes pacten otra.