Los requisitos y la celebración del matrimonio

El 57, párrafo segundo, deja elegir entre el mismo notario u otro distinto y el Alcalde o el concejal en quien delegue. El Encargado del Registro Civil tramita, pero no celebra; y el letrado de la Administración de Justicia celebra lo que tramitó él o un funcionario consular, no lo que tramitó un notario.

El 43 dice que ese incumplimiento «sólo» obliga a resarcir los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Lo estipulado para el caso de que no hubiera boda no obliga (42), y el Código no habla de daño moral. «Ninguna» confunde las dos reglas: la promesa no obliga a casarse, pero su incumplimiento sin causa sí obliga a resarcir.

El 70: lo fijan de común acuerdo y, «en caso de discrepancia, resolverá el Juez, teniendo en cuenta el interés de la familia». No hay preferencia de ninguno de los dos ni un domicilio por defecto.

El 60.2 pide dos cosas: el acta o expediente previo de capacidad matrimonial según la normativa del Registro Civil y la libre manifestación del consentimiento ante un ministro de culto debidamente acreditado y dos testigos mayores de edad. La inscripción que exige es la de la iglesia en el Registro de Entidades Religiosas, no en el Registro Civil, y no hay que ratificar nada ante el Encargado.

El 56, en la redacción vigente desde el 30 de abril de 2021, permite pedir a las Administraciones o entidades la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales para emitir, interpretar y recibir el consentimiento. Ni el Fiscal informa ni hace falta autorización judicial: lo que se recaba son apoyos, y el consentimiento lo sigue prestando la persona.

El 68, desde la Ley 15/2005, añade a los deberes clásicos el de «compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo». El Código no impone aportar ingresos a partes iguales ni consultar los actos sobre bienes privativos, ni rendirse cuentas de los gastos.

El 47.1 impide el matrimonio entre «los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción»: la adopción cuenta igual que la sangre. Es un impedimento que no se dispensa (el 48 solo dispensa el de muerte dolosa y el colateral de tercer grado), y la mayoría de edad del adoptado no lo levanta.

El 45, párrafo segundo: «La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta». No invalida el matrimonio ni aplaza sus efectos: simplemente no cuenta. La nulidad tienta porque el mismo artículo dice que no hay matrimonio sin consentimiento, pero aquí el consentimiento existe; lo que se ignora es lo que se le añadió.

El 71: «Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere sido conferida». Casarse no da poder de representación: hace falta que se le haya conferido, y no basta con que el otro no se oponga.

El 55, párrafo tercero: «bastará su manifestación en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio». Después la revocación se notifica de inmediato a quien tramita el acta o, si ya acabó, a quien vaya a celebrar; pero esa notificación no es lo que revoca, y el Código no exige avisar al apoderado ni al otro contrayente.

El 42 es tajante: la promesa no obliga a casarse y «no se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento», conste como conste y la haga quien la haga. Lo que sí cabe es otra acción, la del 43, que no pide cumplir la promesa sino resarcir gastos; por eso tienta la opción de la mayoría de edad, que es un requisito de esa otra acción, no de esta demanda.

El 52, párrafo final: no requiere «la previa tramitación del acta o expediente matrimonial, pero sí la presencia, en su celebración, de dos testigos mayores de edad». La urgencia dispensa del trámite previo, no de los testigos; la comprobación de los requisitos se hace después (65).

El 63 inscribe ese matrimonio con la simple presentación de la certificación religiosa, y «se denegará la práctica del asiento» cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que no reúne los requisitos de validez del título IV. Las confesiones de notorio arraigo sin acuerdo también casan con efectos civiles (60.2), y el Código no pone un plazo ni pide ratificar el consentimiento.

El 47.2 impide casarse a «los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado», y los primos hermanos son colaterales de cuarto grado (se sube al abuelo común y se baja: art. 918). Quedan fuera del impedimento, así que no hay nada que dispensar. El segundo grado colateral es el de los hermanos, y es también el del pariente que no se puede adoptar (175.3.2.º); el cuarto grado es otro límite del Código, el de los parientes que llama la ausencia (181 y 182).

El 52.3.º atribuye el matrimonio en peligro de muerte celebrado «a bordo de nave o aeronave» al Capitán o Comandante. No prevé delegación en otro tripulante, y la razón de la regla es justamente no tener que esperar.

El 51.1 reparte esa competencia por el domicilio de uno de los contrayentes y, «si residiesen en el extranjero», la da al funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil. El notario y el letrado de la Administración de Justicia (el artículo aún dice «Secretario judicial») son competentes por el domicilio en España, que estos contrayentes no tienen.

El 43, párrafo segundo, cuenta el año «desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio»: el plazo corre cuando el incumplimiento se manifiesta, no cuando se prometió ni cuando se gastó. La fecha prevista para la boda tienta, pero el Código no la menciona.

El 47.3 alcanza la muerte dolosa «del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal»: quien estuvo unido por análoga relación de afectividad entra desde la Ley 15/2015; antes solo el cónyuge. Los ascendientes, los demás parientes y los hijos no los nombra.

El 49 permite al español casarse fuera de España «con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración», además de en la forma del Código o en la religiosa. La ley personal del otro contrayente es el criterio del 50, que es para dos extranjeros que se casan en España.

Desde la Ley 13/2005, el 44 dice que el matrimonio «tendrá los mismos requisitos y efectos» sean los contrayentes del mismo o de diferente sexo. No hay ley especial ni régimen a medias: ni en los requisitos ni en los efectos.