La mayoría de edad y la emancipación

El 243 lo reputa emancipado «para todos los efectos» por el solo hecho de vivir independiente, con más de dieciséis años y con el consentimiento de los progenitores; no pide escritura ni inscripción. Pero, a diferencia de la emancipación concedida, que es irrevocable (242), aquí los progenitores «podrán revocar este consentimiento». Tampoco es una emancipación a medias: el artículo no la limita a la administración.

El 241 pide dos cosas: los dieciséis años cumplidos y «que la consienta» el propio menor, así que nadie queda emancipado por sus progenitores contra su voluntad. No interviene la autoridad judicial ni el Ministerio Fiscal: aparecen en la concesión judicial (244) y en el beneficio de la mayor edad (245). Vivir de forma independiente no es requisito de esta vía; es el supuesto distinto del 243.

El 246 pone la regla y su reserva en la misma frase: el mayor de edad «puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código». No es una capacidad sin excepciones, pero tampoco hay un tramo hasta los veintiún años, y los límites del emancipado solo duran «hasta que llegue a la mayor edad» (247). Los veintiún años fueron la mayoría de edad civil hasta el Real Decreto-ley 33/1978, que la bajó a los dieciocho; hoy no queda ningún tramo intermedio.

El 241 fija dos formas, a elegir: escritura pública o comparecencia ante el encargado del Registro Civil. Un documento privado no basta. La resolución judicial es la forma de la otra vía, la concesión judicial del 244, y el Ministerio Fiscal no recibe la emancipación de nadie: en este título solo informa en el beneficio de la mayor edad (245).

El 245 dice que la autoridad judicial puede concederlo «previo informe del Ministerio Fiscal». El distractor tentador es la audiencia de los progenitores, que es el trámite de la concesión judicial de la emancipación del 244, la vía del hijo sujeto a patria potestad; el beneficio de la mayor edad es la del menor sujeto a tutela. El artículo no pide que el tutor consienta en escritura pública ni ninguna inscripción previa.

El 240, párrafo segundo, tiene una regla propia: «se incluirá completo el día del nacimiento», sin mirar la hora a la que se nació. El distractor tentador es la regla general del art. 5.1, que en los plazos señalados por días excluye el día inicial y empieza a contar el siguiente: para la mayoría de edad el Código dice lo contrario.

El 239 enumera tres modos, y la lista es cerrada: la mayor edad, la concesión de quienes ejercen la patria potestad y la concesión judicial. El matrimonio del menor emancipaba en la redacción antigua del Código (el viejo art. 314), pero salió de la lista con la Ley 15/2015, y el título X que escribió la Ley 8/2021 no lo recuperó. La vida independiente del 243 tampoco está en la lista: a ese hijo el Código lo «reputará» emancipado, que es otra cosa.

El 247 exige para el préstamo el consentimiento de los progenitores «y, a falta de ambos», el de su defensor judicial. La emancipada no vuelve a quedar bajo tutela porque falten sus progenitores: el 199 solo sujeta a tutela a los menores no emancipados. Y la curatela, que es lo que pedía el antiguo art. 323 antes de la Ley 8/2021, es hoy una medida de apoyo para personas con discapacidad (250), no un complemento de la emancipación. El Ministerio Fiscal no presta este consentimiento.

El 244 permite a la autoridad judicial conceder la emancipación a los hijos mayores de dieciséis años «si estos la pidieren y previa audiencia de los progenitores». La iniciativa es del hijo; a los progenitores se les oye, pero no la piden ellos. Es lo que separa esta vía de la del 241, en la que la conceden quienes ejercen la patria potestad y el menor consiente. El Ministerio Fiscal no figura en el 244: informa en el beneficio de la mayor edad (245).

El 242 lo cierra sin salvedades: «Concedida la emancipación no podrá ser revocada». El distractor tentador sale del 243: allí los progenitores sí pueden revocar su consentimiento, pero porque ese hijo solo se reputa emancipado por vivir independiente, sin que nadie le haya concedido nada. Aquí hubo concesión en forma, y ni la autoridad judicial ni la edad del hijo la deshacen.

El 242 manda inscribir la concesión y dice qué pasa entre tanto: «no produciendo entre tanto efectos contra terceros». La falta de inscripción no la anula ni la limita entre quienes la otorgaron: lo que le quita es la eficacia frente a los demás, que solo pueden contar con ella cuando consta en el Registro.