La nacionalidad

El 28 da la nacionalidad española a las corporaciones, fundaciones y asociaciones reconocidas por la ley «y domiciliadas en España», siempre que sean personas jurídicas según el Código. El criterio es el domicilio: no cuenta la nacionalidad de sus miembros, dónde se constituyeron ni dónde actúan.

El 26.2 cierra la puerta de la recuperación a quien está incurso en los supuestos del artículo anterior: no podrá recuperarla «sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno». No basta dejar pasar el tiempo ni volver a residir, y no hace falta una sentencia: decide el Gobierno.

El 17.1.a) abre la lista de los españoles de origen con «los nacidos de padre o madre españoles». Basta uno de los dos y no importa dónde se nazca: el niño es español de origen desde que nace, sin optar ni pedir nada. La opción y la carta de naturaleza son vías para quien no lo es.

Es el caso de la regla general del 22.1: «se requiere que ésta haya durado diez años». Los plazos más cortos del mismo artículo son excepciones para supuestos concretos (por la nacionalidad de origen, por la condición de refugiado o por ciertos vínculos con España), y ninguno concurre aquí.

El 22.1 reduce el plazo a dos años para los nacionales de origen de una lista cerrada: «países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal», y para los sefardíes. Portugal está en ella. Francia, Italia y Marruecos no, por cercanos que sean, y a sus nacionales se les aplica la regla general.

El 25.2: la acción de nulidad «deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de quince años». La acción es judicial: la nulidad la declara una sentencia firme, no la Administración, y el plazo son quince años, no cinco.

El caso encaja en el doble nacimiento en España del 17.1.b), pero el mismo apartado añade la excepción: «Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España». Que los padres sean extranjeros no es la razón (esa regla está pensada justo para padres extranjeros), y ninguna declaración salva la excepción.

Al adoptado mayor de edad el 19.2 no le da la nacionalidad sin más, sino un derecho de opción a la de origen «en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción». El plazo se cuenta desde la adopción, no desde su mayoría de edad ni desde la inscripción, y son dos años.

El 23.a) pone el umbral en los catorce años: jura o promete «el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí». No hay que esperar a la mayoría de edad, y por debajo de los catorce el requisito no se exige.

El 17.1.d) completa la regla con una presunción: «se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español». Lo que se presume es el lugar del nacimiento, que es lo que exige la regla; no se presume una filiación española ni una residencia, y tampoco se les declara apátridas.

El 22.4 pide dos cosas que no son tiempo: «buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española», justificadas en el expediente que regula la legislación del Registro Civil. El Código no exige empleo, medios económicos, estar al corriente con Hacienda ni un domicilio fijo.

El 22.3 pide tres cosas a la residencia, en todos los casos: que sea «legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición». El Código no exige que se haya vivido siempre en el mismo municipio: se puede cambiar de domicilio dentro de España sin interrumpir nada.

Su caso es el del 20.1.b): hijo de padre o madre «originariamente español y nacido en España». Que la madre hubiera perdido la nacionalidad antes de que él naciera no le cierra la opción: lo que cuenta es que fuera española originariamente, y es justo el caso que el 20.1.b) cubre. Para esa opción, el 20.3 aparta los plazos del apartado 2: «no estará sujeto a límite alguno de edad». La caducidad a los veinte años es la regla general, que aquí no rige, y el Código no le pide residir antes en España.

El 21.2 encarga la concesión al Ministro de Justicia, «que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional». Son dos motivos tasados y tienen que razonarse: no es una decisión libre de oportunidad. La situación del empleo y la reciprocidad con el país del solicitante no figuran entre ellos.

El 22.2 enumera a quienes basta un año: el nacido en territorio español, el viudo o viuda de español sin separación legal ni de hecho a la muerte del cónyuge, el nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, y otros. Del vínculo de pareja, la lista recoge el matrimonio, no la pareja de hecho: esa convivencia no reduce el plazo.

Es el supuesto del 24.3, la segunda generación nacida fuera: la perderá «en todo caso» si no declara su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil «en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación». La salvedad de los países iberoamericanos es para quien adquiere voluntariamente otra nacionalidad, no para este caso, y el plazo no corre desde que México le atribuyó la suya.

El 21.1: la carta de naturaleza se otorga discrecionalmente, mediante real decreto, «cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales». No depende de un tiempo de residencia. Quien no ejercitó a tiempo la opción tiene otro camino, el de la residencia con plazo reducido, no la carta de naturaleza.

El párrafo segundo del 22.3 lo resuelve con una ficción: a los efectos del supuesto del cónyuge de español, «se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero». No haber pisado España no lo impide, y el Código no le pide más años de matrimonio ni residencia previa.

El 17.1.b) hace españoles de origen a los nacidos en España de padres extranjeros «si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España»: es el doble nacimiento en España. El Código no mira la residencia de los padres, ni cuánto dura, ni pide una solicitud.

El 18 regula la consolidación: esa posesión y utilización continuada durante diez años, con buena fe y título inscrito, «es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó». La anulación no se la quita, no la deja en suspenso de la inscripción y no hace falta volver a adquirirla.