La patria potestad

El 158.5.º dirige la prohibición de comunicarse con el menor «a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas», con respeto al principio de proporcionalidad. No se reserva a extraños, no la impide que la madre conserve la patria potestad y viva con el niño, y no exige suspenderle antes la guarda: el Juez puede acordarla por sí sola.

El 160.2 protege esas relaciones frente a los propios padres: «No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados». La patria potestad no permite cortarlas a voluntad, y la regla rige aunque no haya ningún régimen de visitas fijado; lo que permite impedirlas es una justa causa, no un permiso del Fiscal.

El 161 encarga a la Entidad Pública regular «las visitas y comunicaciones que correspondan a los progenitores, abuelos, hermanos y demás parientes y allegados» de los menores desamparados. Que el Juez resuelva a petición de los abuelos es la regla del 160.2 para el menor que no está desamparado, y el 161 no exige que el pariente conviviera antes con el niño.

En el desacuerdo, el 156 no pone a la autoridad judicial a resolver el fondo: después de oír a ambos y a la hija, «atribuirá la facultad de decidir a uno de los dos progenitores». El error tentador es pensar que el juez elige por ellos. Repartir entre los dos las funciones, o atribuir a uno la patria potestad total o parcialmente, es la respuesta del mismo artículo a los desacuerdos reiterados o a lo que entorpezca gravemente su ejercicio, y la decisión no queda en suspenso: el artículo existe para que alguien decida.

El 156 admite que la patria potestad la ejerza uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro, y declara válidos «los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad». Son dos vías alternativas: un gasto ordinario como el material escolar entra en la primera, así que no hace falta urgencia, ni el consentimiento expreso del padre, ni que este lo ratifique después.

Entre las medidas del 158.3.º contra la sustracción de los hijos menores, la primera es la «prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa». La puerta la vuelve a abrir el juez: no basta el acuerdo escrito de los progenitores ni una autorización del Fiscal, y viajar con el progenitor custodio no la levanta, porque la sustracción que se quiere evitar puede venir de cualquiera de los dos.

El 155.1.º separa dos deberes: los hijos deben obedecer a sus padres «mientras permanezcan bajo su potestad», y respetarles «siempre». Lo que dura toda la vida es el respeto, no la obediencia. La convivencia es la condición de otro deber del mismo artículo, el de contribuir a las cargas de la familia, y cumplir dieciséis años no pone fin a nada por sí solo: la obediencia acaba cuando el hijo sale de la patria potestad.

El 158.6.º permite «la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en resolución judicial o convenio judicialmente aprobado», a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios. Que el régimen esté en un convenio aprobado no obliga a modificarlo antes, ni hace falta una condena del padre. Y la iniciativa no es exclusiva de la madre: el Juez puede actuar incluso de oficio.

El 154.3.º incluye en la patria potestad decidir la residencia habitual del menor, y añade que esa residencia «solo podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por autorización judicial». No basta la decisión de uno, aunque sea quien tiene la guarda, ni comunicarla a un registro; y si los dos están de acuerdo nadie más tiene que aprobarlo: la alternativa a su acuerdo es la autoridad judicial, no el Fiscal.

El 160.2 añade un cuidado concreto: el Juez deberá asegurar especialmente que las medidas que favorecen las relaciones entre abuelos y nietos «no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores». La visita a los abuelos no puede convertirse en la vía para que el padre vea al niño. El Código no exige un punto de encuentro, ni revisar antes la suspensión del padre, ni una convivencia previa con los abuelos.

El 160.1 lo dice para la privación de libertad de los progenitores: si el interés superior del menor recomienda las visitas, «la Administración deberá facilitar el traslado acompañado del menor al centro penitenciario», con un familiar designado o un profesional que lo prepare. La visita se hace fuera del horario escolar, no dentro, y el Código no impone trasladar al padre de centro ni cambiar las visitas por comunicaciones telemáticas.

El 155.2.º no fija una cuota: los hijos contribuyen «equitativamente, según sus posibilidades», mientras convivan con la familia. No se reparte a partes iguales con los padres, no depende de que un juez fije una cantidad y el artículo no lo limita a los hijos mayores de edad ni a lo que ganen trabajando: el deber es de los hijos que conviven, en la medida de lo que puedan.

El 160.1 reconoce a los hijos menores el derecho a relacionarse con sus progenitores «aunque éstos no ejerzan la patria potestad», salvo que se disponga otra cosa por resolución judicial o por la Entidad Pública en los casos del 161. No depende de que el progenitor recupere la patria potestad ni del consentimiento del otro, y no ejercerla, aunque sea por haber sido privado de ella, no quita por sí solo ese derecho al hijo.

El 161 acompaña la suspensión de una garantía posterior: se acuerda «con inmediata notificación al Ministerio Fiscal». La notificación inmediata no va a la autoridad judicial, ni a los servicios sociales, ni al Defensor del Pueblo.