Las clases de penas y las penas privativas de libertad

La letra b) del art. 36.1 da quince años de prisión efectiva «en el resto de los casos»; la letra a) reserva un umbral mayor a los delitos de ese capítulo. Ocho y doce años existen en el mismo apartado, pero se refieren a los permisos de salida y no a la clasificación.

El art. 36.1 reserva esa autorización al tribunal, con un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. El Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias son oídos, no deciden. La autoridad judicial de vigilancia penitenciaria aparece en los apartados 3 y 4 del artículo, para otras decisiones.

El art. 36.2 fija un mínimo de tres meses y un máximo de veinte años. Es la regla general: el propio artículo deja abierto que otros preceptos del Código dispongan excepcionalmente otra cosa.

El art. 33.4.g) llama leve a la multa de hasta tres meses, y la que pasa de ahí ya es menos grave. La duración de la multa decide su clase, así que un mes, dos o seis no son frontera de la multa en este artículo.

El art. 36.4 nombra a las personas septuagenarias junto a las enfermas muy graves con padecimientos incurables, y manda valorar especialmente su escasa peligrosidad. Lo acuerda la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes.

La fórmula «en cualquier caso» del art. 36.2 abre una lista de cinco letras, y la b) recoge los delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. La condición de funcionario, la violencia o intimidación y la temeridad no están en esa lista: esas circunstancias no activan esta regla.

El art. 33.1 atiende solo a la pena misma: su naturaleza y su duración. La gravedad del hecho y la culpabilidad del autor son ideas tentadoras, pero el precepto no las usa para clasificar las penas.

El párrafo segundo del art. 36.2 permite aplazarla hasta la mitad de la pena impuesta, y no menciona ninguna otra fracción. Es una facultad, «podrá ordenar», salvo en los delitos que el mismo apartado enumera después.

El art. 33.3.d) fija para esta pena el tramo de un año y un día a ocho años. El tramo de tres meses a un año es el de la pena leve de conducir. Los otros dos pertenecen a penas vecinas de la misma lista: seis meses a cinco años es el de residir o acudir a determinados lugares, y un año y un día a cinco años, el de la inhabilitación relacionada con los animales.

El art. 34.2 las excluye porque nacen de atribuciones gubernativas o disciplinarias, ejercidas sobre subordinados o administrados. El precepto no habla de atribuciones judiciales, jurisdiccionales ni penales.

Para quien no está preso, el art. 38.2 cuenta desde el ingreso en el establecimiento adecuado. La firmeza de la sentencia es el punto de partida del otro caso, el del reo que ya está preso (art. 38.1). La notificación y el requerimiento no aparecen en este artículo.

La letra f) permite llegar a quince años en la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social. La suspensión de actividades, la clausura y la intervención judicial tienen, en las letras c), d) y g), un tope menor.

El art. 33.6 ata la accesoria a la principal: dura lo mismo, sin mitades ni aumentos y sin que el tribunal la fije por separado. La excepción existe solo si otro precepto del Código lo dispone expresamente.

Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años son la letra d) de la lista de penas graves del art. 33.2. Las otras tres opciones están redactadas tal como figuran en la lista del apartado siguiente, la de las menos graves.

El art. 36.1 da doce años en el caso de la letra a), que es el de ese capítulo, y ocho en el resto de los casos. Quince y veinte años son los umbrales del tercer grado en el mismo apartado: es fácil cruzarlos porque van seguidos en el texto.

El art. 33.7 lo dice de una vez: «tienen todas la consideración de graves». La regla no distingue por duración, por la forma de la multa ni por el carácter temporal o definitivo de la medida, así que ninguna de esas excepciones existe.

El art. 37.2 ofrece esa flexibilidad a petición del reo: fines de semana o forma no continuada. No prevé sustituir la pena ni limitarla a un horario nocturno. El centro penitenciario es otra cosa, porque no lo pide el reo y depende de lo que disponga el precepto aplicable (art. 37.1, párrafo segundo).

El art. 33.3.l) señala de treinta y un días a un año. De uno a treinta días es la franja de la pena leve del apartado 4, de modo que los dos tramos se tocan en el día treinta. Seis meses y dos años no aparecen como límite de esta pena en el art. 33.

La letra a) del art. 33.3 incluye la prisión «hasta cinco años», de modo que esos cinco años exactos todavía entran. Solo es grave la prisión superior a esa duración (art. 33.2.b), y entre las leves del apartado 4 no hay ninguna pena de prisión.

El art. 34.1 saca de las penas la detención, la prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal. Las otras tres opciones sí figuran como penas en el art. 33.