La extinción de la responsabilidad criminal y la prescripción

El art. 131.1 los saca de la regla residual: «los demás delitos» prescriben a los cinco años, excepto los leves y estos dos. Aquí el plazo no depende de la pena señalada, sino de la clase de delito.

El tercer párrafo del art. 132.1 fija ese día inicial para una lista cerrada de delitos, y si la víctima fallece antes de alcanzar esa edad, se cuenta desde el fallecimiento. La mayoría de edad es el día inicial del párrafo anterior, que excluye expresamente los delitos de este. La denuncia no fija el día inicial en ninguno de los dos.

El art. 131.4 da un solo plazo para todo el conjunto, el del delito más grave. Así que no se cuenta delito a delito, los plazos no se acumulan y el orden en que se cometieron no decide nada.

La regla 2.ª habla de suspender, con un límite de seis meses desde la presentación. La interrupción necesita además una resolución judicial motivada de las que describe la regla 1.ª: si llega dentro de ese plazo, se entiende producida retroactivamente en la fecha de la querella; si no, el cómputo continúa.

El art. 135.1 reserva el plazo más largo a las privativas de libertad «superiores a tres años». Una de tres años exactos queda en el tramo «iguales o inferiores», junto con las medidas que tengan otro contenido. El plazo no coincide con la duración de la medida.

El art. 131.2 mira a la pena señalada por la ley y escoge, entre sus componentes, la que da el plazo más largo. No importa cuál sea su clase, así que la prisión no tiene preferencia, y tampoco se suman duraciones ni se espera a la pena concreta de la sentencia.

El art. 134.1 da dos días iniciales. La sentencia firme es el de la pena que aún no se ha empezado a cumplir; si ya se empezó, el tiempo corre desde el quebrantamiento, no desde que comenzó el cumplimiento.

El segundo párrafo del art. 132.1 retrasa el día inicial hasta la mayoría de edad en su lista de delitos, y si la víctima fallece antes, se cuenta desde el fallecimiento. La comisión es la regla general que este párrafo desplaza, y los treinta y cinco años pertenecen a la lista cerrada del párrafo siguiente, donde este delito no está.

La firmeza de la resolución es la regla general del art. 135.2, y el cumplimiento sucesivo es su excepción: se atiende al día en que la medida debió empezar a cumplirse. El apartado 3 añade otro caso: si el cumplimiento es posterior al de una pena, el plazo corre desde la extinción de esta.

El art. 134.2 prevé dos casos en que el plazo queda en suspenso: este y el cumplimiento de otras penas, cuando resulte aplicable el art. 75. El pago aplazado de la responsabilidad civil, la estancia en el extranjero y la rebeldía no figuran entre ellos.

La regla es la imprescriptibilidad y el art. 614 es su única excepción dentro de ese grupo. Por eso no vale la opción absoluta, que olvida el inciso, ni la que da la vuelta a la regla y deja el art. 614 como lo único imprescriptible.

En el art. 133.1, ocho años entran en la prisión «por más de cinco años» que no excede de 10. El plazo de diez años queda para las «restantes penas graves», y los de veinte y veinticinco, para prisiones más largas.

El numeral 5.º pone dos vías: delitos leves que se persiguen a instancias de la persona agraviada, o que la ley así lo prevea. No basta que el delito sea leve, porque ha de perseguirse a instancias de la agraviada, y los menos graves no están en la primera vía. La autoridad judicial oye a la persona ofendida, pero no aprueba el perdón.

Interrumpir no es hacer una pausa: el tiempo anterior se pierde y el plazo vuelve a correr desde que el procedimiento se paraliza o termina sin condena. Ese final sin condena marca cuándo se reinicia el plazo, no permite conservar lo ya transcurrido.

El art. 132.1 reparte con «respectivamente» tres días iniciales especiales: la última infracción para el delito continuado, la eliminación de la situación ilícita para el permanente y el cese de la conducta para las infracciones que exigen habitualidad. La comisión es la regla general, que aquí no se aplica.

El segundo párrafo del numeral 5.º lo dice sin condiciones, y lo extiende a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. No prevé que el representante legal o la autoridad judicial suplan ese efecto, ni le da uno atenuante.

La frontera se decide con «de quince o más años» del art. 131.1: una prisión de exactamente quince ya está dentro de ese tramo. El tramo inmediatamente inferior solo llega a la prisión «por más de diez y menos de quince años», y de ahí el error de contestar con la misma cifra de la pena.