Las garantías penales y la aplicación de la ley penal

El art. 6.1 las funda en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, y exige que esté exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. Ni la culpabilidad, ni la gravedad del daño, ni la alarma social son el fundamento que da este artículo.

El art. 4.3 permite exponer al Gobierno lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, «sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia». Acudir al Gobierno no para nada por sí solo: la suspensión es otra regla, la del 4.4, y exige una petición de indulto.

El art. 7 mira a la conducta, no a sus consecuencias: cuenta el momento en que el sujeto ejecuta la acción, u omite el acto que estaba obligado a realizar. Por eso el resultado posterior no mueve la fecha, y menos aún el descubrimiento o el proceso.

El art. 1.1 exige que la previsión como delito venga de una ley anterior a la perpetración. No basta con que el hecho esté castigado cuando se descubre o cuando se juzga, ni con que una ley posterior lo declare delito.

El art. 6.2 toma como techo la pena abstractamente aplicable al hecho cometido: la prevista para ese hecho, no una impuesta en concreto ni la máxima del Código. El mismo apartado añade otro límite: la medida tampoco puede exceder de lo necesario para su fin preventivo.

El art. 4.4 nombra el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y entonces la ejecución se suspende en tanto no se resuelva la petición. Su segundo párrafo añade otro supuesto, facultativo: cuando ejecutar la sentencia pudiera hacer ilusoria la finalidad del indulto.

La segunda frase del art. 2.1 dice que «carecerán, igualmente, de efecto retroactivo» las leyes que establezcan medidas de seguridad: la misma regla que para la pena. De la responsabilidad civil, las costas o la ejecución no se ocupa ese apartado.

El art. 4.1 cierra las leyes penales a los casos distintos de los que comprenden expresamente. El parecido o la gravedad igual no abren la aplicación, y la petición de una acusación tampoco suple lo que la ley no recoge.

El art. 2.2 da esa audiencia al reo, que es a quien afecta la elección entre las leyes. No nombra para este trámite al Ministerio Fiscal, al perjudicado ni al Gobierno.

El art. 3.1 solo admite la ejecución en virtud de sentencia firme, dictada por el Juez o Tribunal competente y de acuerdo con las leyes procesales. Una sentencia aún recurrida no es firme, y una decisión de la Fiscalía o de la Administración no es una sentencia.

La regla 1.ª del art. 8 lo resuelve sin mirar la pena: entre uno y otro prevalece el precepto especial. Comparar penas queda, en ese artículo, para el último recurso.

El art. 3.2 atribuye a los Jueces y Tribunales competentes el control de la ejecución. No lo deja en manos de quien la lleva a cabo materialmente ni de la Fiscalía o de un ministerio.

El art. 9 hace dos grupos. Las disposiciones de su título, el preliminar, se aplican a esos delitos sin condición. Las restantes del Código solo actúan como supletorias en lo que la ley especial no prevea expresamente.

La regla 4.ª del art. 8 es la de cierre: en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluye a los que castigan el hecho con pena menor. Favorecer al reo o la fecha de la ley no son criterios de este artículo, y la especificidad ya se miró en la regla 1.ª.

El art. 5 es una sola frase, y la conjunción importa: basta cualquiera de los dos, dolo o imprudencia. No añade un resultado como requisito, ni habla de daño, de peligro o de las condiciones personales del sujeto.