El título IV del libro I del Código Penal (artículos 95 a 108): a quién se aplican, las privativas y las no privativas de libertad, cómo se mantienen, cesan o sustituyen, las de los exentos de responsabilidad, la libertad vigilada y la expulsión del extranjero no residente legalmente.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 28 preguntas que contiene en total.
La custodia familiar está en el apartado 1 del art. 105, junto con la libertad vigilada, con el tope de cinco años. El tope mayor del apartado 2 no la incluye, y en ese apartado la libertad vigilada solo entra si el Código lo dispone expresamente.
1. Por un tiempo no superior a cinco años: a) Libertad vigilada. b) Custodia familiar.
La sustitución es reversible: si la evolución es desfavorable, se vuelve a la medida anterior. El art. 97.c) no prevé para este caso ni testimonio, ni pena, ni más duración.
En el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejará sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la medida sustituida.
El art. 105 da a la libertad vigilada dos topes. En su apartado 2 sube hasta diez años, pero solo cuando el Código lo disponga expresamente; fuera de ese caso rige el tope menor del apartado 1.
2. Por un tiempo de hasta diez años: a) Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este Código.
El art. 96.2 enumera tres medidas privativas de libertad, y las tres son internamientos: en centro psiquiátrico, de deshabituación y educativo especial. Las otras opciones están en el apartado 3 del mismo artículo.
2. Son medidas privativas de libertad: 1.ª El internamiento en centro psiquiátrico. 2.ª El internamiento en centro de deshabituación. 3.ª El internamiento en centro educativo especial.
Esta medida es para quien no puede recibir la pena por encontrarse en esos supuestos del art. 20; por eso no se suma a una pena de inhabilitación. El art. 107 tampoco pide condena anterior ni petición de nadie: lo que pide, además, es el abuso en el ejercicio y el peligro de reiteración.
siempre que no sea posible imponerle la pena correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20.
La medida se impone en la sentencia, pero se cumple después de la pena privativa de libertad. Por eso no sustituye a la pena ni corre a la vez que ella, y su contenido concreto se fija más tarde.
el Juez o Tribunal deberá imponer en la sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad impuesta
El cese se decreta cuando desaparece la peligrosidad criminal, sea cual sea el tiempo cumplido. El art. 97.b) no menciona fracciones de tiempo ni la reparación del daño.
b) Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto.
La excepción del art. 108.1 mira al delito: el juez o tribunal la aprecia excepcionalmente y de forma motivada, oído el Ministerio Fiscal, si su naturaleza lo justifica. Este artículo no menciona el arraigo, ni la clase de medida, ni la voluntad del extranjero como razones para ello.
excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España.
El art. 95.2 no cierra la puerta a toda medida: la limita a las del art. 96.3. El art. 96.2 recoge los internamientos, y una medida de ese tipo no cabe si el delito no llevaba pena privativa de libertad.
Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere privativa de libertad, el juez o tribunal sentenciador sólo podrá acordar alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 96.3.
Ante un incumplimiento cualquiera, el art. 106.4 permite modificar las obligaciones o prohibiciones. Si es reiterado o grave y revela esa voluntad, el Juez deduce además testimonio por un presunto delito del art. 468. La sustitución por internamiento es lo que regula el art. 100.2, no el 106.4.
Si el incumplimiento fuera reiterado o grave, revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del artículo 468 de este Código.
El art. 108.2 lo cuenta desde la fecha de la expulsión, y no desde la sentencia ni desde su firmeza, aunque la expulsión se acuerde en ella. El artículo tampoco hace depender el cómputo de la medida sustituida.
2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión.
El art. 107 da a esta medida un mínimo y un máximo propios, y alcanza a actividades retribuidas o no. La opción del mínimo de cinco años y las de otro techo no están en este artículo.
decretar razonadamente la medida de inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo u otras actividades, sean o no retribuidas, por un tiempo de uno a cinco años
El art. 95.1 pide dos cosas: un hecho previsto como delito y un pronóstico, deducido del hecho y de las circunstancias personales, que revele la probabilidad de nuevos delitos. Ese artículo no exige ni antecedentes, ni el consentimiento del sujeto, ni una petición de parte.
Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.
La medida no se cumple por inercia: el art. 106.3.b) permite acortarla o terminarla si continuar es innecesario o contraproducente. Modificar las obligaciones también está en ese apartado, pero no es lo único posible.
b) Reducir la duración de la libertad vigilada o incluso poner fin a la misma en vista del pronóstico positivo de reinserción
El art. 106.1 define la libertad vigilada como sometimiento a control judicial, mediante el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones y prohibiciones que enumera. Esta es la medida del Código Penal, no la homónima de la Ley Orgánica 5/2000.
La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial
El art. 99 ordena cumplir antes la medida, y ese tiempo se descuenta del de la pena. Así el tiempo de privación de libertad no se cumple dos veces, y por eso fallan las opciones sin abono y las que anteponen la pena.
el juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena.
En este supuesto el internamiento es en un centro educativo especial, y el art. 103.3 acompasa la propuesta al ritmo de la enseñanza. Es la regla propia de este caso, en lugar de la periodicidad general del art. 98.
En este supuesto, la propuesta a que se refiere el artículo 98 de este Código deberá hacerse al terminar cada curso o grado de enseñanza.
Aunque el sujeto esté exento y no se le imponga pena, esa pena hipotética sirve de techo, y el Juez o Tribunal fija ese límite máximo en la sentencia. Por eso el internamiento no queda abierto sin un plazo máximo.
El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto
Decide el Juez o Tribunal sentenciador. La trampa es el Juez de Vigilancia Penitenciaria: en los casos del art. 98.1 eleva una propuesta, pero quien resuelve es el sentenciador.
Durante la ejecución de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador adoptará, por el procedimiento establecido en el artículo siguiente, alguna de las siguientes decisiones
El art. 98.1 obliga a elevar la propuesta «al menos anualmente»: es un mínimo, y nada impide hacerlo antes. Vale también para la libertad vigilada que deba ejecutarse después de una pena privativa de libertad.
el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma.
La letra k) del art. 106.1 recoge el tratamiento médico externo y el control médico periódico. Lo demás no está en esa lista: los trabajos en beneficio de la comunidad son una pena, y el internamiento en centro de deshabituación es una medida privativa de libertad.
k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico.
En el art. 96 la libertad vigilada es una medida de seguridad, no una pena, y figura en la lista del apartado 3. Aunque restrinja al condenado, no lo interna. La Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores, tiene una medida con el mismo nombre, que es otra: aquí se pregunta la del Código.
3. Son medidas no privativas de libertad: 1.ª) La inhabilitación profesional. 2.ª) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España. 3.ª) La libertad vigilada
El art. 96.3 pone dos condiciones: que el familiar sea designado y que acepte. No basta el parentesco, porque nadie queda obligado a custodiar sin aceptarlo, y el artículo no deja la elección en manos del custodiado.
El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia
El art. 108.1 hace de la expulsión la regla, y la acuerda el juez o tribunal en la propia sentencia, con audiencia previa del extranjero. No se suma a la medida, sino que la sustituye. Cumplirla en España es la excepción.
el juez o tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables
El plazo busca que la medida pueda iniciarse en el mismo momento en que se extingue la pena, y para eso la propuesta llega con esa antelación mínima, por el procedimiento del art. 98.
al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad, de modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, por el procedimiento previsto en el artículo 98, elevará la oportuna propuesta