La pena de multa

El art. 50.4 da dos horquillas y no se mezclan: de dos a 400 euros con carácter general y, como excepción, de 30 a 5.000 euros en las multas imponibles a personas jurídicas. Las otras dos opciones combinan un extremo de cada una.

El art. 52.1 da tres medidas de la multa proporcional: el daño causado, el valor del objeto del delito y el beneficio reportado por el mismo. Los ingresos del condenado no son una de esas medidas, y tampoco lo son la pena de prisión prevista ni el número de perjudicados.

El art. 53.5 prevé para ese impago la intervención de la persona jurídica hasta el pago total de la multa. Ese apartado solo prevé la intervención: no menciona la disolución, la clausura ni a los administradores. También permite fraccionar el pago hasta cinco años si la cuantía pone en peligro la supervivencia de la entidad o sus puestos de trabajo, o lo aconseja el interés general.

El art. 50.6 cuenta el plazo «desde la firmeza de la sentencia», no desde un momento anterior al fallo ni desde un trámite posterior como la petición o el requerimiento. El pago puede autorizarse de una vez o a plazos, y en este caso el impago de dos de ellos determina el vencimiento de los restantes.

El art. 53.4 es tajante: cumplir la responsabilidad subsidiaria extingue la obligación de pago «aunque mejore la situación económica del penado». La mejora puede importar antes, mientras la multa sigue pendiente, pero una vez cumplida la responsabilidad ya no hay nada que reclamar.

El art. 53.1 fija la equivalencia en un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. No es un día por cuota: con cuotas diarias, esa lectura duplicaría la responsabilidad. En los delitos leves puede cumplirse mediante localización permanente. Además, con la conformidad del penado, puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

El art. 50.3 fija la extensión mínima en diez días y la máxima en dos años. El techo de cinco años existe, pero ese mismo apartado lo reserva a las multas imponibles a personas jurídicas, y un mínimo de cinco días no aparece en él.