Las penas privativas de derechos

El art. 40.4 le da un único marco, de un día a un año. Es el techo más bajo de ese artículo, y su suelo de un día tampoco coincide con los tres meses en que arrancan otras penas.

El art. 40.2 regula las dos en una sola frase y les da la misma duración. La prohibición de aproximarse y la privación de residir comparten con ellas el máximo, pero no el mínimo: su duración se fija aparte, en el art. 40.3.

El tercer párrafo del art. 47 la ata a un tiempo superior a dos años, y vale igual para la licencia de armas («respectivamente»). Por debajo de ese tiempo, la pena inhabilita para conducir durante lo fijado en la sentencia, sin que el permiso pierda vigencia por este párrafo.

El art. 49 pone ese tope por día, sin distinguir la actividad de que se trate. Es un límite de la jornada, distinto de la duración total de la pena, que se regula en otro artículo.

El art. 45 permite recortarla a determinadas actividades o funciones y dejar ejercer, si es posible, las no directamente relacionadas con el delito. Va en la dirección contraria a ampliarla, y la retribución no cambia nada: la inhabilitación alcanza a la profesión u oficio, «retribuido o no». Tampoco prevé aplazarla.

El art. 49 lo dice de entrada: no pueden imponerse sin ese consentimiento. Es la exigencia que abre el artículo; ni la petición del fiscal, ni un acuerdo con la víctima, ni un informe previo aparecen como condición para imponerlos.

El art. 48.2 lo deja en suspenso hasta el total cumplimiento de la pena: no se extingue, y que venga de una sentencia civil no lo salva. El control por medios electrónicos del art. 48.4 sirve para vigilar estas medidas, no para mantener el régimen.

El art. 43 se limita a privar del ejercicio, y solo durante la condena: no dice que se pierda el empleo o cargo, ni incapacita para obtener otro, ni alarga el efecto hasta la cancelación de antecedentes.

La inhabilitación especial se queda en lo que su nombre anuncia: el empleo o cargo sobre el que recae y los análogos. La fórmula «cualesquiera otros» es del art. 41, de una pena más amplia, y las profesiones y oficios tienen su propia inhabilitación en el art. 45.

El art. 40.1 le da de tres meses a seis años. Comparte apartado con las inhabilitaciones, y eso invita a atribuirle su techo, que es otro.

La condición 1.ª se lo atribuye al Juez de Vigilancia Penitenciaria, que pide informes a la Administración o entidad en que se presten los servicios. Los servicios sociales penitenciarios son tentadores porque intervienen, pero solo comunican a ese juez las incidencias relevantes (condición 6.ª).

El art. 40.3 no le pone mínimo: dice «hasta 10 años». La tentación es «de un mes a 10 años», que es lo que la frase siguiente del mismo apartado da a las prohibiciones de aproximarse y de comunicarse.

El art. 41 habla de privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos, «aunque sean electivos». Haber sido elegido no protege el cargo, la pérdida no se limita al tiempo de la condena y no depende de que la sentencia lo enumere.

El art. 48.3 prohíbe el contacto, por cualquier medio de comunicación, informático o telemático. Las demás opciones son el contenido de las otras dos penas del mismo artículo: acercarse es lo que veda la prohibición de aproximarse (48.2) y los lugares, la privación de residir o acudir (48.1).

El art. 39 enumera las penas privativas de derechos, y su letra i) incluye los trabajos en beneficio de la comunidad: aunque consistan en una prestación personal, el Código los coloca en esta lista. La prisión permanente revisable, la multa y la responsabilidad personal subsidiaria no figuran en ella.

El art. 40.1 le da una duración de seis a 20 años. Hay que retener las dos cifras: el mínimo son seis años, no unos meses, y el máximo son 20, no 10.

Esta pena va más allá de la inhabilitación especial, porque se pierde la titularidad misma. Eso no borra los derechos del hijo o la hija respecto de la persona condenada: subsisten los que se determinen judicialmente.