La eficiencia energética: objeto, definiciones y objetivos

Los requisitos de la Directiva son mínimos: cualquier Estado puede mantener o introducir medidas más estrictas, siempre que sean conformes con el Derecho de la Unión. Por eso no hay que adaptarlas ni pedir permiso, que es lo tentador: el art. 1.2 le exige notificarlas a la Comisión. Tampoco las somete al Consejo.

El punto 12 del art. 2 pide dos rasgos a la vez: que la entidad no tenga carácter industrial ni comercial, y que esas autoridades la financien y la administren directamente. Basta que falte uno para quedar fuera, y por eso no vale la entidad solo financiada, aunque la idea de dinero público empuje a marcarla.

Es la parte encargada (punto 20): actúa con competencias delegadas y en nombre de la administración. La parte obligada (punto 19) es quien queda vinculado por un sistema nacional de obligaciones, y la participante (punto 21), quien se compromete a cumplir objetivos en un acuerdo voluntario o está cubierto por un instrumento de regulación. La autoridad pública de ejecución (punto 22) es tentadora por su nombre, pero es un organismo de Derecho público responsable de aplicar o controlar la fiscalidad, los sistemas de financiación, el etiquetado o la formación, sin esa delegación.

El art. 1.1 dice que la Directiva, que fija un marco común de medidas, establece normas para aplicar la eficiencia energética «con carácter prioritario en todos los sectores». Quedarse en el sector de la energía es lo tentador por el nombre de la norma, pero el texto no lo limita a él. Lo subsidiario iría contra esa prioridad.

Lo que el art. 3.1 pide es que esas soluciones se evalúen en las decisiones que superan sus umbrales de importe. Adoptarlas sin más es lo que sugiere el nombre del principio, pero esta regla no manda adoptarlas de forma automática, ni condiciona nada a una autorización de la Comisión. El art. 3.1 tampoco exige financiarlas con un fondo: el Fondo Nacional de Eficiencia Energética aparece en otro artículo, el 30.

El art. 4.2 los nombra así: objetivo vinculante de consumo de energía final y objetivo orientativo de consumo de energía primaria. Los dos los recoge el apartado 1, pero solo el primero obliga; respecto del segundo, los Estados miembros «se esforzarán». Marcar los dos como vinculantes parece lo más exigente, y no es lo que dice la Directiva.

En este contrato (punto 33) se paga por el resultado: lo realizado se abona respecto de un nivel de mejora de la eficiencia energética acordado, o de otro criterio de rendimiento energético acordado, como el ahorro económico. Por eso fallan el coste de lo ejecutado y el precio fijo, que serían lo normal en otro contrato de obras, y el consumo registrado, que no mide ninguna mejora.