La Corte Penal Internacional: quién la forma

El art. 35 distingue: quienes forman la Presidencia pasan a dedicación exclusiva tan pronto como son elegidos (35.2), y para los demás es la Presidencia la que decide por cuánto tiempo, en función del volumen de trabajo y en consulta con los magistrados (35.3). La Asamblea fija los sueldos (art. 49) y las disposiciones financieras de quien no está en dedicación exclusiva se adoptan conforme a ese artículo (35.4), pero no decide el tiempo. La mayoría absoluta de los magistrados resuelve las dudas de incompatibilidad (art. 40.4), no esto, y el fiscal no propone nada aquí; tampoco depende de lo que pida cada magistrado.

El art. 38.3.a exceptúa expresamente la Fiscalía, que actúa en forma independiente como órgano separado (art. 42.1) y la dirige y administra el fiscal (art. 42.2). Aun así, en lo que interese a las dos, la Presidencia se coordina con el fiscal y recaba su aprobación (38.4). La Secretaría no queda fuera: el secretario ejerce sus funciones bajo la autoridad del Presidente (art. 43.2). Y las Secciones son parte de la Corte que la Presidencia administra.

El art. 42.4 elige a los fiscales adjuntos «en la misma forma» que al fiscal: en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. La lista la presenta el fiscal, con tres candidatos por cada puesto que haya que cubrir. Los magistrados eligen a otro cargo, el secretario (art. 43.4), y la Presidencia no presenta candidatos a la Fiscalía.

El art. 51.4 prohíbe aplicar retroactivamente las enmiendas a las Reglas, y también las reglas provisionales, en detrimento de quien está investigado, enjuiciado o condenado. Lo decisivo es el detrimento, no el momento: que el juicio ya hubiera empezado no basta para apartar la enmienda. Los dos tercios de la Asamblea son los de su entrada en vigor (51.2), no una excepción a la prohibición, y el artículo no deja que la Sala la levante.

El art. 50 distingue dos cosas: seis idiomas oficiales —árabe, chino, español, francés, inglés y ruso—, en los que se publican las sentencias y las decisiones que resuelven cuestiones fundamentales (50.1), y dos de trabajo, el francés y el inglés (50.2). El español y el ruso son oficiales, no de trabajo: las Reglas de Procedimiento y Prueba dicen cuándo puede usarse otro idioma oficial como de trabajo, y la Corte puede autorizar a una parte a usar otro idioma si está justificado (50.3).

El art. 34 da una lista cerrada de órganos: la Presidencia; tres Secciones —de Apelaciones, de Primera Instancia y de Cuestiones Preliminares—; la Fiscalía, y la Secretaría. La Asamblea de los Estados Partes aparece en el Estatuto, pero como la reunión de los Estados (art. 112), no como órgano de la Corte. La Dependencia de Víctimas y Testigos no figura en la lista: es una unidad que el Estatuto crea más adelante (art. 43.6). Y el comité asesor para las candidaturas solo existe si la Asamblea decide establecerlo (art. 36.4.c).

El art. 36.10 hace una excepción a la duración del mandato del párrafo 9: el magistrado de una Sala de Primera Instancia o de una Sala de Apelaciones sigue en funciones para terminar el juicio o la apelación que ya había empezado a conocer. La prórroga vale para las dos Salas, no solo para la apelación, y la da el propio Estatuto: no hace falta que la autorice la Presidencia ni que la acuerden los demás magistrados de la Sala.

El art. 42.8 lleva la recusación del fiscal o de un fiscal adjunto a la Sala de Apelaciones, y el recusado puede hacer observaciones. El distractor tentador es la mayoría absoluta de los magistrados: así se resuelve la recusación de un magistrado (art. 41.2.c), no la del fiscal. La Presidencia puede dispensar al fiscal de intervenir en una causa si él lo pide (art. 42.6), que es otra cosa, y la Asamblea de los Estados Partes no interviene en la recusación.

El art. 39.1 pone al Presidente en la Sección de Apelaciones, con otros cuatro magistrados. Seis es otra cifra del mismo párrafo: el mínimo de magistrados de la Sección de Primera Instancia y de la de Cuestiones Preliminares, que se dice «no menos de seis». El Vicepresidente primero sustituye al Presidente cuando no puede ejercer o ha sido recusado (art. 38.2), pero el art. 39.1 no lo nombra.

El art. 41.2 da las dos piezas: pueden pedir la recusación el fiscal o la persona objeto de investigación o enjuiciamiento (41.2.b), y la cuestión la dirime la mayoría absoluta de los magistrados; el recusado puede hacer observaciones, pero no toma parte en la decisión (41.2.c). La Presidencia no pide recusaciones: lo que hace, a petición del propio magistrado, es dispensarlo de alguna función (41.1). Y la Asamblea de los Estados Partes no interviene en la recusación; su papel llega con la separación del cargo (art. 46.2).

El art. 43.6 encarga al secretario establecer la Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaría. La Fiscalía es el distractor tentador porque la Dependencia actúa en consulta con ella al adoptar medidas de protección, pero no forma parte de ella. Ni la Presidencia ni la Sección de Primera Instancia la albergan.