La Corte Penal Internacional y los crímenes que juzga

El art. 6 protege cuatro grupos, en lista cerrada: nacional, étnico, racial o religioso. Los políticos, los culturales y los de género no están en ella, aunque el art. 7.1.h) sí los nombra entre los motivos de la persecución, que es un crimen de lesa humanidad y no genocidio.

El art. 8.2.d) acota el 8.2.c): se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional y, por consiguiente, no a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, «tales como los motines» o los actos esporádicos y aislados de violencia. Unos motines no son un conflicto armado, vayan contra quien vayan y declare lo que declare el Gobierno, así que esas muertes no son crimen de guerra del Estatuto.

El art. 7.2.i) exige tres cosas: que la aprehensión, la detención o el secuestro los haga un Estado o una organización política, o alguien con su autorización, apoyo o aquiescencia; que los siga la negativa a admitir la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de la persona; y la intención de dejarla fuera del amparo de la ley por un período prolongado. La organización política que niega la detención para dejar al detenido fuera del amparo de la ley por un período prolongado las reúne. A la policía que la niega solo unas horas le falta el período prolongado; al Estado que la niega por un error del registro, la intención; y al particular que actúa solo, sin autorización, apoyo ni aquiescencia de nadie, el autor que pide la definición.

El art. 3.3 deja la decisión a la propia Corte: podrá sesionar fuera de su sede «cuando lo considere conveniente», de conformidad con el Estatuto. No depende de una autorización del Estado anfitrión —con el que solo concierta el acuerdo de sede del art. 3.2—, ni de que lo pida el Estado donde ocurrieron los hechos; y el artículo no la limita a circunstancias excepcionales, basta que la Corte lo considere conveniente.

El art. 9.2 da la iniciativa a tres: cualquier Estado Parte, los magistrados y el Fiscal. Los magistrados la ejercen «por mayoría absoluta», no por unanimidad, y la Presidencia no está en la lista. Los Elementos ayudan a la Corte a interpretar y aplicar los arts. 6, 7, 8 y 8 bis, y sus enmiendas las aprueba la Asamblea de los Estados Partes.

El art. 8.2.f) aplica el 8.2.e) a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados «o entre tales grupos». No hace falta que el gobierno sea parte: basta un conflicto prolongado entre grupos armados organizados. Y el artículo no pide que ninguno de ellos controle una parte del territorio.

El art. 8.2.c) castiga, en los conflictos armados que no son de índole internacional, la toma de rehenes y los demás actos que enumera cuando se cometen contra personas que no participen directamente en las hostilidades, y nombra expresamente entre ellas a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas. No protege solo a civiles, y la toma de rehenes está en su propia lista. Tampoco distingue cómo dejó el militar de combatir: basta que haya depuesto las armas o esté fuera de combate por cualquier causa.

El art. 7.1 pide dos cosas. Del ataque, que sea «generalizado o sistemático»: basta una de las dos notas, no hacen falta ambas. Y del autor, que actúe «con conocimiento de dicho ataque»: un asesinato cometido sin saber que forma parte de él no es crimen de lesa humanidad.

El art. 1 dice las dos cosas en la misma frase. La Corte «será una institución permanente»: no se crea para cada situación, como un tribunal especial que nace para unos hechos concretos y se disuelve al juzgarlos. Y ejerce su jurisdicción «sobre personas», no sobre los Estados: juzga a individuos por los crímenes más graves de trascendencia internacional.

El art. 5.1 limita la competencia de la Corte a cuatro crímenes, en lista cerrada: el genocidio, los de lesa humanidad, los de guerra y el de agresión. El terrorismo no está entre ellos. La agresión sí, y su definición está en el art. 8 bis.

Lo que hace genocidio de cualquiera de los actos del art. 6 es la intención: que se perpetren «con la intención de destruir total o parcialmente» al grupo como tal. No exige un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, que es la marca de los crímenes de lesa humanidad (art. 7); ni un plan, una política o una gran escala, que el art. 8.1 menciona para los de guerra; ni un conflicto armado, que es el marco de los crímenes de guerra (art. 8.2).