La Corte Penal Internacional: el proceso, las penas, la cooperación y la ejecución

El art. 112.2.d) encarga a la Asamblea de los Estados Partes examinar y decidir el presupuesto de la Corte. Las otras tres no son suyas: el Estado en el que se cumple la pena lo designa la Corte (art. 103), y ni la elección del secretario (art. 43.4) ni la aprobación del Reglamento de la Corte (art. 52.1) corresponden a la Asamblea.

El art. 77.1 permite a la Corte imponer la reclusión por un número determinado de años que no exceda de treinta, o la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. Ni veinte ni veinticinco ni cuarenta años son el límite del Estatuto. Además de la reclusión, puede imponer una multa y el decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes del crimen (art. 77.2).

Si la decisión de no investigar se basa únicamente en el interés de la justicia, el art. 53.3.b) permite a la Sala de Cuestiones Preliminares revisarla de oficio, y cuando lo hace la decisión del fiscal «únicamente surtirá efecto si es confirmada» por la Sala. Pedir al fiscal que la reconsidere es lo que prevé el art. 53.3.a), a petición del Estado que remitió el asunto o del Consejo de Seguridad. Ni ese Estado ni la Asamblea de los Estados Partes deciden aquí si la decisión surte efecto.

El art. 61.8 dice que la no confirmación de un cargo «no obstará» para que el fiscal pida de nuevo la confirmación, «a condición de que presente pruebas adicionales». No hace falta la autorización de la Presidencia ni la de otra Sala, y no basta con cambiar la calificación jurídica del cargo: lo que lo reabre son las pruebas nuevas.

El art. 63.1 exige que el acusado esté presente durante el juicio, y el 63.2 solo permite apartarlo si lo perturba continuamente: sale de la sala, pero observa el proceso y da instrucciones a su defensor desde fuera, con tecnologías de comunicación si hace falta. Es una medida para circunstancias excepcionales, cuando no haya otras posibilidades razonables y adecuadas, y únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario.

El art. 106.2 somete las condiciones de reclusión a la legislación del Estado de ejecución y a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos, y fija un término de comparación: no serán ni más ni menos favorables que las de los reclusos condenados por delitos similares en ese Estado. La gravedad de los crímenes no impone un régimen más duro, y la Corte supervisa la ejecución (art. 106.1), pero no fija esas condiciones en la sentencia.

El art. 110.3 fija el momento: la Corte examina la pena cuando el recluso ha cumplido las dos terceras partes o, si es cadena perpetua, veinticinco años, y el examen no se hace antes de esos plazos. El Estatuto no espera a las tres cuartas partes: le bastan dos tercios de la pena, y en la perpetua fija veinticinco años, no veinte. Solo la Corte decide la reducción, tras escuchar al recluso (art. 110.2), y el Estado de ejecución no puede ponerlo en libertad antes de que haya cumplido la pena impuesta (art. 110.1).

El art. 78.3 manda imponer una pena por cada crimen y una pena común que especifique la duración total de la reclusión. Esa pena común no puede ser inferior a la más alta de las impuestas ni superar el límite de la reclusión temporal o la perpetua del art. 77.1. No se queda con la pena del crimen más grave, no prescinde de fijar la de cada crimen y no suma las penas sin más.

El art. 70.1 enumera los delitos contra la administración de justicia que conoce la Corte si se cometen intencionalmente, y en su letra c) está tomar represalias contra un testigo por su declaración. El falso testimonio de la letra a) exige estar obligado a decir verdad conforme al art. 69.1, y el acusado declara en su defensa sin prestar juramento (art. 67.1.h). Perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir las órdenes de la Corte es una falta de conducta del art. 71, castigada con sanciones administrativas que no entrañan privación de libertad. La negativa de un Estado a divulgar lo que afecte a su seguridad nacional se resuelve por el art. 72: no es un delito.

El art. 102 distingue dos palabras: la «entrega» es la de una persona por un Estado a la Corte conforme al Estatuto, y la «extradición», la de una persona por un Estado a otro Estado conforme a un tratado, una convención o el derecho interno. El traslado provisional de un detenido para que preste testimonio es otra forma de cooperación (art. 93.7), y el cumplimiento de la pena en otro Estado pertenece a la parte X, la de la ejecución.

El art. 74.3 pide a los magistrados que procuren la unanimidad y, si no es posible, el fallo se adopta por mayoría, sin exigir dos tercios. Que las deliberaciones sean secretas (art. 74.4) no oculta la discrepancia: según el art. 74.5, cuando no hay unanimidad el fallo incluye las opiniones de la mayoría y de la minoría, y se lee en sesión pública.

Con su instrumento de ratificación, España declaró, en relación con el párrafo 2 del art. 87, que las solicitudes de cooperación que le dirija la Corte y los documentos que las justifiquen deberán estar redactados en español o acompañados de una traducción al español. El art. 87.2 deja que cada Estado elija, al ratificar, entre un idioma oficial suyo y uno de los idiomas de trabajo de la Corte, y España eligió el suyo: la traducción la aporta la solicitud, no España.

El art. 83.2 lo dice expresamente: el fallo o la pena apelados únicamente por el condenado, o por el fiscal en nombre de este, «no podrán ser modificados en perjuicio suyo». Lo que apela solo el condenado puede quedar igual o mejorar para él, pero no empeorar.

El art. 120 lo dice en una línea: «No se admitirán reservas al presente Estatuto», sin excepciones por materia ni por el momento en que el Estado ratifica o se adhiere. Lo que el Estatuto trata aparte, en el art. 122, son las enmiendas a sus disposiciones de carácter exclusivamente institucional, que no son reservas.

El art. 87.7 permite a la Corte, cuando un Estado Parte se niega a cooperar en contravención del Estatuto y le impide ejercer sus funciones, hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes, o al Consejo de Seguridad si fue este quien le remitió el asunto. Al Consejo solo va en ese caso; la remisión a la Corte Internacional de Justicia del art. 119.2 es para controversias entre Estados y la decide la Asamblea, no la Corte; y cuando el fiscal ejecuta una solicitud directamente en un Estado lo hace tras consultarlo (art. 99.4).