Los guardias civiles y quién decide sobre su personal

El art. 2.2 incorpora al régimen del personal de la Guardia Civil los principios y normas de aplicación general al personal de la Administración General del Estado, fijados conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, con un solo límite: que no contradigan la legislación específica del Cuerpo. Es un límite de contenido, no un trámite: no pide un real decreto de adaptación, ni una negociación previa, ni un acuerdo de los dos ministros.

La letra c) del art. 9 dice que los Ministros de Defensa y del Interior «conjuntamente ejercerán sus competencias directivas» en la selección, la formación y el perfeccionamiento. Los ascensos y las situaciones administrativas, y los destinos y las retribuciones, los dirige cada uno por separado; las plantillas y la provisión de plazas no son materia del art. 9.

El art. 7.2 manda desarrollar por reglamento las reglas esenciales del art. 7.1 incorporando, por la condición militar del guardia civil y con las adaptaciones necesarias, tres referencias: las reglas esenciales del militar, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el código de conducta de los empleados públicos. No nombra el Código Europeo de Ética de la Policía, el buen gobierno de los altos cargos ni normas de régimen interior.

La letra a) del art. 9 reserva al Ministro de Defensa la función directiva sobre el régimen de ascensos y situaciones administrativas. No la ejerce el Ministro del Interior ni la comparten los dos, y el Consejo de Ministros no es quien la dirige.

El último párrafo del art. 4 ordena la secuencia: primero besan uno a uno la Bandera y, «posteriormente, como señal de que España acepta su juramento o promesa», desfilan bajo ella. El beso es el paso anterior, y las respuestas a la fórmula y a los vivas llegan antes aún.

La letra g) del art. 12 da al Director General disponer la baja de quienes cursan enseñanzas en un centro de formación de la Guardia Civil, «a excepción del supuesto recogido en el artículo 48.1.e)»: la baja por sanción disciplinaria de falta grave o muy grave, que sigue la Ley Orgánica 12/2007. Fuera de ese supuesto no la acuerdan el Secretario de Estado de Seguridad ni el Ministro del Interior, ni el mando del propio centro.

El art. 1 fija el objeto de la ley: el régimen del personal de la Guardia Civil y, «específicamente», la carrera profesional de sus miembros y todos los aspectos que la conforman. Las faltas y sanciones son materia de la Ley Orgánica 12/2007, del régimen disciplinario; los derechos y deberes, de la Ley Orgánica 11/2007, y la estructura de la Dirección General no la regula esta ley.

La letra c) del art. 13.1 encarga al Consejo Superior de la Guardia Civil ser oído en los procedimientos disciplinarios que afecten al personal, conforme a la Ley Orgánica 12/2007. La ley no manda oír aquí al Subsecretario de Defensa, al Secretario de Estado de Seguridad ni al Director General. El Consejo de la Guardia Civil, de nombre casi igual, es otro órgano y no interviene en el expediente disciplinario de cada guardia civil.

El art. 3.1 define a los guardias civiles como españoles vinculados al Cuerpo por una relación de servicios profesionales de carácter permanente que, por la naturaleza del Instituto en el que se integran, «son militares de carrera de la Guardia Civil». No son funcionarios civiles ni personal estatutario, y tampoco militares de los Ejércitos: su carrera es la del propio Cuerpo, la que regula esta ley.

La letra d) del art. 13.1 condiciona ese informe: el Consejo Superior lo emite «cuando así lo determine la normativa específica» de las recompensas. No es un trámite de toda propuesta, y no depende de que la recompensa sea póstuma ni de que lo pida el Consejo de la Guardia Civil.

El art. 13.1 lo define como «órgano colegiado asesor y consultivo» de los Ministros de Defensa y del Interior, del Secretario de Estado de Seguridad y del Director General. La representación del personal no es función suya, y no gobierna el Cuerpo ni lo inspecciona.

El primer párrafo del art. 4 fija el contenido del juramento o promesa: cumplir fielmente las obligaciones profesionales con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. La lealtad que nombra es al Rey, no al Gobierno, a las Cortes Generales ni a un ministro.

El art. 3.4 ata el escalafón a la nota final de la formación: «la calificación obtenida al concluir la enseñanza de formación». La puntuación de las pruebas de ingreso sirvió para entrar en el centro, y ni la fecha de incorporación ni el orden del juramento ordenan a los de una misma promoción.

La letra c) del art. 12 encarga al Director General planear y dirigir la instrucción y el adiestramiento y desarrollar las funciones de enseñanza y promoción profesional, dentro de la política de personal y enseñanza que se defina. Aprobar las provisiones de plazas es del Consejo de Ministros, la política de destinos y retribuciones la dirige un ministro y el informe sobre recompensas lo emite un órgano colegiado.

El art. 3.2 une dos hechos: obtener el primer empleo e incorporarse a la escala correspondiente del Cuerpo. Entrar como alumno en el centro docente o terminar en él la formación son etapas anteriores, y el primer destino llega cuando la condición ya se tiene.

El art. 14 da al Consejo de la Guardia Civil un doble fin: mejorar las condiciones profesionales de sus integrantes y el funcionamiento del Instituto. No es un órgano de representación sindical, ni de coordinación con otros cuerpos policiales, ni resuelve recursos disciplinarios.

La letra c) del art. 8 da al Consejo de Ministros desarrollar las directrices generales de promoción y ascenso de los guardias civiles. Definir los perfiles profesionales y velar por la moral y el bienestar del personal son funciones del Director General (art. 12), y asesorar al Ministro del Interior sobre las necesidades de personal, del Secretario de Estado de Seguridad (art. 10).

La letra a) del art. 8 da al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, fijar periódicamente las plantillas reglamentarias. Ninguno de los dos ministros las fija por sí solo, y el Director General no tiene esa competencia en el título I.

El art. 5.3 prevé evaluaciones periódicas y los mecanismos necesarios para garantizar la igualdad de género, «en la forma que reglamentariamente se determine». No impone un informe a las Cortes Generales, una auditoría externa de la Dirección General ni un plan aprobado por ley.

El art. 2.1 extiende la ley, «en los términos en ella establecidos», a quienes ingresan en los centros docentes de formación de la Guardia Civil. Quien solo ha sido admitido a las pruebas de selección todavía no ha ingresado en ninguno, y el artículo no nombra al personal civil de la Dirección General ni a militares de los Ejércitos.