Los principios, la colaboración y la cooperación entre Administraciones

La disposición adicional séptima.6 no exige ningún acto: los órganos de cooperación que no se hayan reunido en cinco años desde su creación quedan extinguidos. No hay suspensión ni hace falta un acuerdo de disolución. El registro no decide la extinción, la recibe: el apartado 3 obliga a comunicarle cada año los órganos que se hayan extinguido.

La Recomendación expresa la opinión de la Conferencia Sectorial, pero no es inocua: según el art. 151.2.b), quienes no votaron en contra se comprometen a orientar su actuación conforme a ella, y quien se aparte tiene que motivarlo e incorporar la justificación al expediente. Por eso «nada» es falso aunque la Recomendación no tenga la fuerza de un Acuerdo. La ley no exige autorización del Presidente ni una votación para revocarla.

El art. 151.2.a) dice que esos planes conjuntos tienen la naturaleza de Acuerdo de la conferencia sectorial y se publican en el «Boletín Oficial del Estado»; el acuerdo que los aprueba especifica, entre otras cosas, los objetivos, las actuaciones y las aportaciones de cada Administración. No son una Recomendación, que solo expresa la opinión de la Conferencia sobre un asunto sometido a consulta (letra b), ni un convenio o un protocolo, que son instrumentos que se suscriben fuera de la Conferencia y tienen su propio régimen en los arts. 47 y siguientes.

El art. 147.1 sienta como Presidente al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración del Estado, resulte competente por razón de la materia: la presidencia la fija la ley por la materia, y nadie la designa caso por caso. El Secretario de Estado designado por el Ministro correspondiente preside la Comisión Sectorial (art. 152.1), el órgano de trabajo y apoyo de la Conferencia, y no la Conferencia misma. Los Consejeros autonómicos son miembros, pero la presidencia no rota entre ellos.

El art. 149.1 acopla las dos cifras en la misma frase: la convocatoria se acuerda por iniciativa propia al menos una vez al año, o cuando lo pide al menos la tercera parte de los miembros, que en ese caso tiene que acompañar su propuesta de orden del día. La mitad de los miembros no aparece en el artículo, y dos reuniones al año tampoco: la ley fija un mínimo anual.

Las dos listas son vecinas y se confunden. Las técnicas de cooperación del art. 144.1 giran en torno a participar y aportar voluntariamente: en órganos de cooperación, en órganos consultivos de otras Administraciones (letra b), en organismos de otra Administración, con medios materiales, económicos o personales, con informes no preceptivos o en materia patrimonial. El suministro de datos o documentos, el deber de asistencia y auxilio y los sistemas integrados de información son técnicas de colaboración, las letras a), e) y d) del art. 142: concretan un deber, no un compromiso voluntario.

El art. 141.2 enumera los únicos motivos para negar la asistencia: no estar facultado por su normativa específica, no disponer de medios suficientes, que prestarla cause un perjuicio grave a los intereses que tutela o a sus funciones, o que la información pedida sea confidencial o reservada. La negativa, además, se comunica motivadamente. El deber de colaboración nace de la ley y no de un convenio, alcanza a la Administración del Estado, a las autonómicas y a las locales por igual, y el art. 141.3 obliga precisamente a auxiliarse en la ejecución de actos con efectos fuera del propio ámbito territorial.

El art. 150.1 lo dice sin rodeos: cada Conferencia Sectorial tiene un secretario designado por su Presidente. El distractor tentador sale de la celda vecina: la Comisión Sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de la Conferencia y tiene su propia secretaría, que corresponde a un funcionario del Ministerio correspondiente (art. 152.1), pero no designa al secretario de la Conferencia. Ni el pleno lo elige por votación ni interviene el Consejo de Ministros.

El art. 145.3 ata la inscripción a un solo efecto: que resulte válida la sesión constitutiva del órgano. Lo mismo dice el art. 147.2 para las Conferencias Sectoriales, que han de inscribirse «para su válida constitución». La fuerza de sus acuerdos no depende de la inscripción, sino de lo que digan los arts. 151, 153 y 154 según el tipo de órgano, y la ley no condiciona a ella ni una publicación ni la presencia de las Entidades Locales, que el art. 145.1 admite «en su caso».

El art. 146.2 compone el Comité preparatorio con un Ministro del Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada Comunidad Autónoma: el Comité baja un escalón respecto de la Conferencia, en la que se sientan los Presidentes. El Secretario de Estado designado al efecto es la pieza de la Comisión Sectorial (art. 152.1), el órgano de apoyo de las Conferencias Sectoriales, no de la de Presidentes. La ley no menciona ni al Vicepresidente ni a un Presidente autonómico para este Comité.

El art. 140.1 define los tres principios vecinos por rasgos distintos. La cooperación (letra d) es voluntaria y consiste en asumir compromisos específicos para una acción común. La colaboración (letra c) es un deber: actuar con el resto de Administraciones para el logro de fines comunes, quiera o no la Administración. La coordinación (letra e) es una obligación de una Administración —singularmente la del Estado— de garantizar la coherencia de las actuaciones de otras, y solo cuando lo prevén la Constitución y el ordenamiento. La eficiencia (letra f) trata de compartir recursos comunes.