Las relaciones electrónicas entre las Administraciones

El art. 157.1 obliga a cada Administración a poner a disposición de cualquier otra que lo pida las aplicaciones de las que es titular, y la única salvedad es que la información asociada esté especialmente protegida por una norma. El deber alcanza tanto a las que desarrollaron sus servicios como a las contratadas, siempre que tenga los derechos de propiedad intelectual. Lo que cueste la aplicación no es condición de la cesión, y el precepto beneficia a «cualquiera» de las Administraciones, sea del nivel que sea.

La disposición adicional novena define la Comisión Sectorial de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, como el órgano técnico de cooperación de las tres: la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Ahí está la diferencia con la comisión sectorial común del art. 152, que forman el Estado y un representante de cada Comunidad Autónoma y de Ceuta y Melilla: en administración electrónica se sientan también las locales, y el Estado no falta nunca.

El art. 155.3 reserva a la Administración General del Estado, cuando es la cedente, una facultad que no tienen las demás: suspender la transmisión de datos de forma cautelar, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de seguridad nacional y solo por el tiempo estrictamente indispensable para preservarla. La salud pública, el orden público o el interés económico son razones que el precepto no menciona.

El art. 156.2 define el Esquema Nacional de Seguridad por su objeto, establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la ley, y por su contenido: los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen la seguridad de la información tratada. Hoy lo regula el Real Decreto 311/2022. La ley no le atribuye sancionar al personal, certificar productos ni atender incidentes de los ciudadanos: todas las opciones hablan de seguridad, pero solo una es su objeto.

El art. 155.1 impone a cada Administración un deber: facilitar el acceso de las restantes a los datos de los interesados que tiene, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos para acceder con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, siempre dentro del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018. El precepto no condiciona ese acceso a un convenio previo ni a una contraprestación. El consentimiento escrito tampoco es requisito: la posibilidad de que el interesado se oponga a que se consulten sus datos la regula el art. 28 de la Ley 39/2015, no este artículo.

El art. 155.3 obliga a la cesionaria a comunicar antes a la cedente la nueva finalidad, para que esta compruebe su compatibilidad y pueda oponerse motivadamente. Y añade que, mientras la cedente no comunique su decisión, la cesionaria no puede emplear los datos para ese fin. Comunicar no basta para empezar a usarlos, y ni el consentimiento del interesado ni una motivación de la propia cesionaria sustituyen la decisión de la cedente.

El art. 155.2 prohíbe en todo caso el tratamiento ulterior para fines incompatibles con el de la recogida, pero, de acuerdo con el art. 5.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679, declara que no es incompatible el que se hace con fines de archivo en interés público, de investigación científica e histórica o estadísticos. No hace falta, por tanto, un consentimiento nuevo. La norma con rango de ley aparece en el párrafo final del art. 155.3, para otros fines distintos; los estadísticos no la necesitan, porque ya no son incompatibles.

El último párrafo del art. 157.3 convierte la reutilización en obligación: si hay una solución disponible, total o parcial, la Administración está obligada a usarla, salvo que justifique no hacerlo en términos de eficiencia conforme al art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No es libre, porque la regla es usarla; no es absoluta, porque la eficiencia la exceptúa; y alcanza también a la reutilización parcial.

El art. 157.2 permite declarar de fuentes abiertas las aplicaciones reutilizables por una de dos razones: que de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración o que se fomente la incorporación de los ciudadanos a la sociedad de la información. Es una facultad («podrán»), no un deber, y no depende de que la Administración deje de usar la aplicación, de un acuerdo entre todas las usuarias ni de su coste.

El art. 157.1 no fija un régimen de coste: deja que las Administraciones cedente y cesionaria acuerden, si quieren, repercutir el coste de adquisición o fabricación de la aplicación cedida. No impone la gratuidad ni el pago íntegro, y tampoco deja que la cedente lo imponga por su cuenta mediante una resolución: es una posibilidad que se pacta entre las dos en cada cesión.