El control administrativo de la seguridad privada

La letra g) del art. 55.1 prevé para ese caso la suspensión, parcial o total, de las actividades del establecimiento. El precinto existe en la letra a), pero recae sobre vehículos, armas, material o equipos, no sobre el local; la clausura no figura entre estas medidas, y la licencia municipal de apertura es cosa del ayuntamiento, no de los agentes.

El art. 54.3 no reparte el deber solo entre quienes prestan el servicio: junto a empresas, despachos, personal, centros de formación y centrales de alarma de uso propio, nombra a los establecimientos obligados a contratar seguridad privada y a los usuarios que contraten esos servicios. La empresa de logística entra como usuaria aunque ninguna norma la obligue a contratar, y el acceso alcanza tanto a sus instalaciones y medios como a la información de los contratos.

El último inciso del art. 55.2 lo dice expresamente: el órgano competente para ratificar, revocar o modificar estas medidas es el competente para incoar el procedimiento sancionador. Es lógico, porque las medidas viven a la espera de esa incoación. No es el que resolverá, ni el instructor, que aún no existe, ni la cadena de mando de los agentes, que solo tienen que dar cuenta inmediatamente a la autoridad competente.

El art. 53.3 abre dos caminos según lo que aparezca en el control: la posible infracción administrativa se lleva a la autoridad administrativa competente, y el posible hecho delictivo, a la autoridad judicial, y la ley añade que inmediatamente. Fallan, por eso, las opciones que llevan el delito a la autoridad administrativa y las que esperan a que termine el control.

El art. 54.5 pide extremar las cautelas con lo que guarda el expediente de investigación y limita la inspección a comprobar que existe, sin entrar en su contenido. Solo se entra si ese contenido se relaciona con una investigación judicial o policial o con un expediente sancionador. Que la investigación haya terminado no basta, y tampoco abre la puerta la voluntad del cliente ni la de quien dirige la inspección.

El art. 55.3 pone el techo en seis meses y exige además que la duración se notifique a los interesados. Es el tope de la medida, que no hay que confundir con el plazo del art. 55.2 para ratificarla, modificarla o revocarla: si ese plazo pasa sin que se incoe el procedimiento, o el acuerdo de incoación calla sobre ellas, las medidas quedan sin efecto aunque no hayan llegado a los seis meses. Ni dos, ni cuatro, ni doce meses figuran en el art. 55.

El art. 54.4 somete la inspección a dos principios, la injerencia mínima y la proporcionalidad, y le fija una finalidad, comprobar que se cumple la legislación aplicable. Ni la celeridad ni la eficacia figuran en el apartado: la ley no pide que la inspección sea rápida, sino que moleste lo menos posible y guarde proporción con lo que busca.