La coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las empresas de seguridad y los despachos de detectives

El art. 21.1.c) distingue dos comunicaciones: los cambios de la propia empresa (forma jurídica, denominación, domicilio, representantes…) van al Registro Nacional o autonómico correspondiente, y las altas y bajas del personal de seguridad privada, con las incidencias de los servicios, al registro «del lugar donde presten servicios». No se atiende al domicilio social, a la delegación ni al lugar de contratación.

El art. 22.2.d) excluye a quien haya sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo que cierra el paso es la separación, no el pase a la reserva, una sanción por falta grave ni el destino que se haya tenido; las sanciones que sí cuentan para el representante son las impuestas en materia de seguridad privada (22.2.c).

El art. 15.3 protege a quien comunica de buena fe: en los supuestos que el propio apartado acota, esa comunicación no vulnera las restricciones de divulgación impuestas por contrato ni por ninguna disposición legal, reglamentaria o administrativa. El precepto no la condiciona a que lo autorice la empresa, no obliga a avisar después al cliente y no excluye la información que lleve datos personales.

El art. 17.2 permite a las empresas de seguridad dedicarse a la formación, actualización y especialización del personal de seguridad privada, pero les exige crear centros de formación conforme al art. 29.4 y al reglamento. No basta concertarla con un centro ajeno, la ley no pide una autorización por curso y la formación no se limita a su plantilla: alcanza al personal «perteneciente o no» a ella.

El art. 18.1 exige autorización administrativa para prestar servicios de seguridad privada, y el 18.2 solo la sustituye por una declaración responsable cuando la empresa pretende dedicarse exclusivamente a la instalación y mantenimiento del art. 5.1.f). Esta empresa también vigila, así que no se dedica en exclusiva a esa actividad: necesita autorización, y el precepto no reparte dos títulos según la actividad.

El art. 16.2 las configura como órganos consultivos y de colaboración entre las administraciones públicas y los representantes del sector, de ámbito nacional, autonómico o provincial, con la composición y las funciones que fije el reglamento. No inspeccionan, ni ejecutan, ni sancionan: las medidas organizativas para coordinar la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las adopta el Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente (art. 16.1).

El art. 25.1.d) obliga a facilitar de forma inmediata a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes las informaciones sobre hechos delictivos que conozcan por su trabajo o en relación con las investigaciones que estos lleven a cabo. Al Ministerio del Interior o al órgano autonómico van otras comunicaciones del mismo artículo, como los cambios del despacho (25.1.h) o la memoria anual (25.1.i), no esta.

El art. 19.1.a) exige un objeto exclusivo, limitado a las actividades de seguridad privada del art. 5.1, y solo admite dos añadidos: las actividades imprescindibles para cumplir las de seguridad autorizadas y las compatibles del art. 6. La limpieza o la jardinería de los inmuebles vigilados no son ninguna de las dos; y por la exclusividad tampoco cabe cualquier actividad mercantil de los estatutos ni la gestión de cobros.

El art. 19.1.c) exige a ingenieros, técnicos y operadores de seguridad una acreditación del Ministerio del Interior que «se limitará» a comprobar dos cosas: la honorabilidad del solicitante y la carencia de antecedentes penales. No verifica una titulación académica ni la superación de un curso.

El art. 20.2 impide inscribir una empresa cuya denominación coincida o pueda inducir a confusión con otra ya inscrita, con la de órganos o dependencias de las administraciones públicas o con una marca anterior registrada para actividades idénticas o semejantes. Para la marca hay una salvedad: que la inscripción la solicite su titular o se haga con su consentimiento. No la levanta una autorización del Ministerio ni un informe de la comisión mixta, ni basta con añadir un ámbito territorial al nombre.

El art. 25.1.j) manda depositarla, cierre por la causa que cierre, en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, del cuerpo de policía autonómico competente. Según la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 9/2015, las referencias al Cuerpo Nacional de Policía contenidas en la legislación vigente se considerarán hechas, igualmente, a la Policía Nacional. Ni la Guardia Civil ni las policías locales aparecen en el precepto.

El art. 14.2 no fija un plazo cerrado ni lo deja al reglamento: obliga a comunicar «tan pronto como sea posible» las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana y todo hecho delictivo conocido en el ejercicio de la actividad o de las funciones. No se espera al final del servicio ni a un cierre periódico.

El art. 18.3 da a las dos la misma validez, indefinida, en una sola frase. El precepto no les fija plazo ni distingue entre la autorización y la declaración responsable que la suple.

El art. 19.8 distingue el efecto según el título con el que funciona la empresa: si tiene autorización, esta se extingue; si presentó declaración responsable, la empresa se cierra. En los dos casos se cancela además de oficio su inscripción en el registro. El precepto no prevé suspender ni la autorización ni la actividad mientras se subsana el requisito.

El art. 14.1 sujeta esa colaboración al principio de legalidad, la funda exclusivamente en asegurar el buen fin de las actuaciones que preservan la seguridad pública y garantiza «la debida reserva y confidencialidad cuando sea necesario». Es una obligación de la empresa, del despacho y de su personal: el precepto no exige dejar constancia escrita de cada comunicación, ni la presencia del representante legal de la empresa, ni una intervención judicial previa.

El art. 25.2 hace responder civilmente a los titulares de los despachos de lo que hagan u omitan, durante la ejecución de los servicios, los detectives dependientes o asociados. No pone esa responsabilidad en el centro donde se formó el detective ni en el Ministerio del Interior por haberlo habilitado, y el cliente no responde por quien investiga para él.

El art. 25.1.a) obliga a formalizar por escrito un contrato por cada servicio de investigación encargado y a comunicar su celebración al Ministerio del Interior o al órgano autonómico, y precisa que esa obligación «subsistirá igualmente en los casos de subcontratación entre despachos». No basta el contrato con el cliente inicial ni la comunicación del despacho principal, y el libro-registro del art. 25.1.b) es una obligación distinta, que no sustituye al contrato.

El art. 14.3 permite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dar al personal de seguridad privada información útil para evaluar riesgos y adoptar medidas de protección, pero si contiene datos personales solo la admite en dos casos: peligro real para la seguridad pública o evitar la comisión de infracciones penales. No la subordina al consentimiento del afectado, a una autorización judicial ni a que sean imprescindibles para el servicio contratado.

El art. 24.1 permite abrir despachos a las personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives privados habilitados, y añade que «únicamente podrán desarrollar» la investigación privada del art. 5.1.h). No basta una mayoría de socios detectives, y el despacho no puede sumar otras actividades.