Las actividades de seguridad privada, sus principios y las competencias

El artículo 6.4 deja fuera de la legislación de seguridad privada a los prestadores que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad no conectados a centrales receptoras de alarmas ni a centros de control o de videovigilancia. Lo que decide es la conexión: instalar y mantener sistemas conectados sí es actividad de seguridad privada (artículo 5.1.f). Ni la homologación, ni que el usuario esté obligado a tener medidas de seguridad, ni quién haga la instalación mueven esa frontera.

El artículo 13.2 dice que esas comunidades ejercen la competencia si disponen de cuerpo de policía propia o si establecen fórmulas de colaboración con la Policía Nacional, que la ley todavía llama Cuerpo Nacional de Policía, previstas en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad. Basta una de las dos, y tener un registro autonómico no es condición para ejercerla.

El segundo inciso de la letra b del artículo 12.2 permite a la Dirección General de la Guardia Civil participar en el control de las actuaciones operativas del personal de seguridad privada «que preste servicios en su ámbito de competencias». El criterio es el ámbito: ese personal no se lo asigna la otra Dirección General, no alcanza a todo el personal con independencia de dónde preste servicio y no hay un registro propio de la Guardia Civil.

El artículo 11.6 hace públicos los registros «exclusivamente» en cuanto a la denominación o razón social, el domicilio, el número de identificación fiscal y las actividades para las que la empresa está autorizada o ha presentado declaración responsable. En los registros se inscriben también el personal, las sanciones y las comunicaciones de los contratos (artículo 11.1 y 11.2), pero esos asientos no son públicos.

La letra c del artículo 4 fija ese fin «integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública». La integración es funcional, no orgánica: su personal no entra en las plantillas policiales. Tampoco asume por delegación funciones públicas, y el artículo no formula este fin como actuar bajo mando policial.

El artículo 8.5 da esa prohibición al Ministro del Interior o, en su caso, al titular del órgano autonómico competente, cuando los medios materiales o técnicos puedan causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana. No la dicta el Delegado del Gobierno, ni una Dirección General, ni el Consejo de Ministros.

El artículo 3.1 aplica la ley, sin matices, a las empresas de seguridad privada, a su personal, a los despachos de detectives, a los servicios de seguridad privada, a las medidas de seguridad y a los contratos celebrados en este ámbito. Los usuarios de los servicios, las centrales receptoras de alarmas de uso propio y los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad están en el apartado 2: la ley se les aplica solo en lo que resulte pertinente. Ojo con el último: las medidas de seguridad están en el 3.1, pero los establecimientos obligados a tenerlas, en el 3.2.

La letra d del artículo 6.1 deja fuera de la ley la planificación, consultoría y asesoramiento: estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos, planes de seguridad y auditorías. Las otras tres son actividades de seguridad privada del artículo 5.1: la explotación de centrales de alarma (letra g), el depósito y clasificación de monedas y billetes (letra c) y el transporte de explosivos y armas (letras d y e).

El artículo 11.2 inscribe de oficio en el registro de la comunidad autónoma a las empresas de seguridad privada (y a los despachos, delegaciones y sucursales, centros de formación y centrales de alarma de uso propio) que reúnen dos condiciones a la vez: domicilio en la comunidad y ámbito de actuación limitado a su territorio. Si falta una de las dos, se inscriben en el Registro Nacional del Ministerio del Interior (artículo 11.1).

El artículo 2.7 define la empresa de seguridad privada como las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen de declaración responsable para prestar servicios de seguridad privada. Puede serlo una persona física, no solo una sociedad, pero la definición solo admite personas privadas.

El artículo 9.3 limita esa comunicación a los datos necesarios para identificar a las partes contratantes, «excluidos los de carácter personal». No incluye a la persona investigada, y de las partes se comunica lo que las identifica sin sus datos personales.

La letra e del artículo 13.1 encarga a esas comunidades coordinar los servicios de seguridad e investigación privadas prestados en su territorio con los de la policía autonómica y las policías locales. La coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, es facultad de la Administración General del Estado (artículo 12.1.k).

La letra b del artículo 5.1 incluye esa actividad «incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad». La ley no reserva su protección a la policía, no la condiciona a que la pida la propia autoridad y no distingue si está o no ejerciendo su cargo.

La habilitación e inhabilitación del personal de seguridad privada está en la letra c del artículo 12.1, entre las facultades de la Administración General del Estado, que las ejerce a través del Ministerio del Interior y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. A diferencia de otras letras del 12.1, esta no lleva la salvedad de que la competencia la hayan asumido las comunidades autónomas, y el artículo 13 no la cuenta entre lo que ejecutan. La comunidad no habilita ni propone.

El artículo 1.1 cierra el objeto de la ley calificando todas estas actividades, las de seguridad privada y las investigaciones privadas, de «complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública». No son autónomas, porque se ordenan a la seguridad pública y dependen de ella, ni equiparadas, porque complementar no es estar al mismo nivel. El apartado 2 insiste en la idea al llamar a los servicios de seguridad privada complementarios de los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El artículo 7.1 define la autoprotección como las cautelas que los interesados adoptan o ejecutan por sí y para sí mismos, de forma directa, para proteger su entorno personal o patrimonial, sin contraprestación y sin que supongan un servicio de seguridad privada a terceros. Si la ejecuta otro, aunque sea gratis, ya no la hace el interesado por sí mismo; si el interesado cobra por proteger a otros, presta un servicio a terceros.

El artículo 6.2 saca de la ley el control de accesos, el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas y tareas parecidas de porteros, conserjes y personal auxiliar, «a no ser que impliquen la asunción o realización de servicios o funciones de seguridad privada». Que el inmueble esté obligado a tener medidas de seguridad o que los preste personal de una empresa de seguridad no cambia nada, y el lugar tampoco: los locales públicos, los garajes y los aparcamientos están en la propia lista.

El artículo 9.2 exige comunicar la celebración del contrato al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente «con antelación a la iniciación» de los servicios. La comunicación es previa: no basta hacerla al empezar ni al terminar, y no espera a que la pida la inspección. Encaja con el apartado 1, según el cual no puede prestarse ningún servicio que no se haya contratado antes.

El artículo 2.6 llama prestadores de servicios de seguridad privada a tres sujetos: las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives y el personal habilitado para ejercer funciones de seguridad privada. Los centros de formación tienen su propia definición en el apartado 12: son establecimientos que forman a ese personal, no prestadores de servicios. Por eso fallan las tres combinaciones que los incluyen.

El artículo 13.1 encarga ejecutar la legislación del Estado en esas materias a las comunidades autónomas cuyo estatuto les dé competencia para dos cosas a la vez: la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público. Ni la protección civil ni los espectáculos públicos son lo que el artículo exige.