El personal de seguridad privada

El 28.4 deja habilitarse a los funcionarios en activo y al demás personal de las Administraciones, pero no ejercer funciones de seguridad privada, con una excepción: la de director de seguridad en el propio centro al que pertenezcan. La excepción no se extiende a otros centros de su Administración, ni a un centro concertado, ni a empresas privadas fuera del horario.

La letra h) del art. 30 obliga al personal de seguridad privada a auxiliar y colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a darles la información necesaria para sus funciones y a seguir sus instrucciones, pero acota esto último: en relación con el servicio de seguridad privada que esté prestando. No lo convierte en auxiliar de cualquier actuación policial que presencie, de la seguridad de todo un municipio ni de las diligencias de la policía judicial.

El 32.3 les encarga la protección del almacenamiento, el transporte y demás procesos de los explosivos y de otras sustancias peligrosas, y exige que estén integrados en empresas de seguridad. No dependen del fabricante, del depósito ni de un servicio propio del usuario.

El 34.4 da esa facultad a las dos especialidades del guarda rural, los guardas de caza y los guardapescas marítimos, que deben entregar de inmediato lo retirado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes. No la tiene el guarda rural sin especialidad ni el vigilante de seguridad.

El 37.3 declara incompatibles las funciones de detective con las del resto del personal de seguridad privada y con las del personal al servicio de cualquier Administración Pública. Ratificar sus informes ante las autoridades judiciales o policiales cuando se lo piden es, al contrario, una obligación del propio detective (37.2.c), y la incompatibilidad del 37.3 no alcanza a la titularidad de un despacho ni al trabajo en uno.

El párrafo segundo del 28.4 les permite ejercer cuando pasan a una situación administrativa distinta del servicio activo, y aun entonces solo si en los dos años anteriores no han controlado las entidades, servicios o actuaciones de seguridad privada, ni su personal o sus medios. En servicio activo la ley no les abre esa puerta, tengan el destino que tengan, y no la abren un horario libre, una autorización de su cuerpo ni una compatibilidad.

La letra h) del 28.1 mira a los derechos de las personas: la condena por intromisión ilegítima en el honor, la intimidad personal y familiar o la propia imagen, por vulnerar el secreto de las comunicaciones o por vulnerar otros derechos fundamentales, en los cinco años anteriores a la solicitud. Un delito imprudente no está en esa letra, una sanción administrativa no es una condena y una condena por competencia desleal no es ninguno de esos hechos.

El 29.2 manda valorar, en la forma que fije el reglamento, el grado y la experiencia profesionales de policías y militares, pero les exige «en todo caso» la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad del 28.1.i): su experiencia no los exime de ella. La ley no les impone en todo caso unas prácticas en empresa, una entrevista ni un informe de su cuerpo o de su ejército.

Según el 27.2, a quien solicita la habilitación y reúne los requisitos se le expide la tarjeta de identidad profesional, que recoge todas sus habilitaciones y constituye el documento público de acreditación del personal de seguridad privada mientras ejerce sus funciones. Acompaña a la habilitación, que da el Ministerio del Interior (27.1): no es el título de su formación, ni un permiso de armas, ni una credencial que emita la empresa.

La letra g) del art. 30 es la reserva profesional sobre los hechos que el personal conozca en el ejercicio de sus funciones. La integridad, la dignidad en el ejercicio de las funciones y la corrección en el trato con los ciudadanos son otros principios de la misma lista, pero ninguno se refiere a lo que se llega a saber trabajando.

El 33.2 les prohíbe identificar, detener e impedir o restringir la libre circulación, salvo que resulte imprescindible por una agresión o un intento manifiesto de agresión a la persona protegida o a los propios escoltas; entonces deben poner al detenido de inmediato a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin interrogarlo. Ni la petición del protegido, ni las necesidades del recorrido, ni una orden de su jefe abren esa excepción.

El 37.1 encarga a los detectives privados la ejecución personal de los servicios de investigación: las averiguaciones sobre personas, hechos y conductas privadas tienen que hacerlas detectives habilitados, sean el titular o los detectives dependientes o asociados del despacho (24.2.d, 25.2). Un empleado sin habilitación no forma parte del personal de seguridad privada, el único que puede ejercer estas funciones (26.1). Que el detective supervise y firme el informe o que el cliente lo consienta no cambia quién tiene que ejecutarlas; y un vigilante solo ejerce las funciones para las que está habilitado (27.4), que no son las de detective.

La letra c) del 32.1 le obliga a oponerse a los actos delictivos y las infracciones relacionados con lo que protege y a intervenir en dos casos: cuando presencie una infracción y cuando su ayuda sea precisa por razones humanitarias o de urgencia. La petición de los usuarios, la orden de un director o el valor de los bienes amenazados no son los supuestos que nombra.

El 26.2 hace del guarda de caza y del guardapesca marítimo especialidades del guarda rural, y para cualquiera de las dos exige haberse habilitado antes como guarda rural. Su habilitación de vigilante no es ese escalón, y tampoco lo son la de escolta ni la de vigilante de explosivos, que cuelga de la de vigilante. La de guardapesca es la otra especialidad del guarda rural, no un paso previo a la de caza.

La letra h) del 35.1 pone en el jefe de seguridad la responsabilidad sobre la custodia y el traslado de las armas de titularidad de la empresa. Es una de las funciones que lo separan del director de seguridad, cuya lista del 36.1 no la recoge. No la asume el representante legal de la empresa, y no es un órgano de la Administración quien custodia esas armas.

El 35.1 ciñe al jefe de seguridad a la empresa de seguridad en cuya plantilla está integrado. Quien ejerce en la empresa o entidad en la que presta sus servicios, sea usuaria o no, es el director de seguridad (36.1). La ley no reparte a los jefes por centros del Ministerio del Interior ni los sitúa en las sedes de los clientes.

El 33.3 remite al régimen del art. 32 y a los preceptos concordantes de los vigilantes, salvo lo referente a la uniformidad: el escolta acompaña a la persona protegida y no va de uniforme. Lo demás, incluida la dedicación exclusiva a la seguridad y el deber de denunciar las infracciones, se les aplica igual.

El 32.1.b le deja hacer controles de identidad en el acceso o en el interior de los inmuebles donde presta servicio, pero «sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal». La prohibición no tiene excepciones: ni para comprobar el documento, ni mientras la persona esté dentro, ni porque lo diga el contrato.

El 27.3 da la habilitación de todo el personal de seguridad privada a la Dirección General de la Policía y solo aparta de esa regla a los guardas rurales y sus especialidades, que habilita la Dirección General de la Guardia Civil. El vigilante de explosivos es especialidad del vigilante de seguridad (26.1), no del guarda rural, así que sigue la regla general: lo que va a proteger no cambia quién lo habilita. El precepto no da la habilitación ni a las comunidades autónomas ni a la Secretaría de Estado de Seguridad.

La letra e) del 28.1 pide carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. El criterio es el dolo, no la pena ni el bien jurídico: no se limita a los delitos castigados con prisión ni a los delitos contra el patrimonio o castigados con pena grave, y no alcanza a los imprudentes.