Los servicios y las medidas de seguridad privada

La letra e) del art. 41.1 los define como la visita intermitente y programada a los distintos puestos de vigilancia o lugares protegidos: lo discontinuo es la presencia del vigilante, que va y vuelve. No es cubrir un puesto solo a ratos, ni recorrer periódicamente las calles de alrededor, ni comprobar los puestos a distancia, que no es visitarlos.

El art. 42.1 saca del concepto de videovigilancia las cámaras cuyo objeto principal es comprobar el estado de instalaciones o bienes, controlar los accesos a aparcamientos y garajes o atender los centros de control de las autopistas de peaje, y permite que las maneje personal que no es de seguridad privada. Los otros tres usos buscan prevenir infracciones, evitar daños o impedir accesos no autorizados, que es justo la finalidad de la videovigilancia del mismo apartado; el matiz está en que controlar quién entra en un garaje no es proteger los accesos de un banco.

El art. 47.2 encarga la respuesta ante alarmas a vigilantes de seguridad o, en su caso, a guardas rurales, y uno de sus servicios es desplazarse para verificar en persona la alarma recibida. El operador de seguridad de la central se queda en la verificación no personal, desde la central (art. 47.1); el técnico instala y mantiene los equipos (art. 46), y la ley no da este servicio al escolta.

El art. 41.1 fija la regla, que es vigilar dentro del edificio o la propiedad, y una lista de supuestos en que se puede salir sin autorización previa, incluso a la vía pública. Uno de ellos es perseguir a quien sea sorprendido en flagrante delito en relación con las personas o bienes vigilados (41.1.f). La vigilancia de polígonos industriales y la de acontecimientos en la vía pública requieren, en cambio, autorización previa del órgano competente (art. 41.2.a y c). La vigilancia perimetral de un centro penitenciario no es una de las salidas que enumera el 41.1: está en el art. 41.3, con su propio régimen.

El art. 48.1.a) admite investigar la vida personal, familiar o social, «exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados», y el art. 48.3 lo repite: en ningún caso se investiga la vida íntima que transcurre en esos lugares. El ámbito laboral está expresamente dentro de lo investigable, y el art. 48.1.b) prevé obtener información en locales públicos de gran concurrencia; la vía pública no es un lugar reservado.

El art. 48.2 condiciona la aceptación del encargo, en todo caso, a que el solicitante acredite el interés legítimo que alega, y el despacho deja constancia de ello en el expediente de contratación e investigación. La ley no pide denunciar antes los hechos, ni el consentimiento de la persona investigada, ni una autorización judicial.

El art. 46.1 reparte el trabajo en dos: la instalación y el mantenimiento los ejecutan técnicos acreditados, pero solo después de que ingenieros acreditados elaboren el proyecto de instalación, cuyas características fija el reglamento. El distractor tentador es el técnico, que instala sobre ese proyecto pero no lo redacta; ni el jefe ni el director de seguridad aparecen en el art. 46 como autores del proyecto.

El art. 51.7 separa dos responsabilidades: el titular del establecimiento responde de adoptar las medidas obligatorias, y la empresa de seguridad que las presta responde de su correcta instalación, mantenimiento y funcionamiento. El banco, sus empleados o el titular solo responderían de una anomalía de funcionamiento que les fuera imputable; ni el órgano que ordenó las medidas ni el fabricante de los equipos aparecen en el artículo como responsables de su funcionamiento.

El art. 38.6 deja que los guardas rurales trabajen sin constituir ni integrarse en una empresa de seguridad, contratados directamente por los titulares de los bienes y derechos, cuando se trata de vigilar explotaciones agrícolas, fincas de caza en lo cinegético o zonas marítimas protegidas con fines pesqueros. Los otros tres no tienen esa salida: el art. 38.4 manda que los vigilantes de seguridad, los escoltas privados y los jefes de seguridad ejerzan integrados en la empresa de seguridad que los tiene contratados.

El art. 44.1 se refiere a los objetos valiosos del art. 5.1.c) (monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte…). Su depósito de seguridad, a cargo de vigilantes de seguridad, es obligatorio en dos casos: cuando los objetos alcanzan las cuantías que fija el reglamento y cuando las autoridades lo deciden por sus antecedentes y circunstancias. Ni la aseguradora, ni la condición de bien de interés cultural, ni que el titular sea un banco lo hacen obligatorio por sí solos.

El art. 43.3 solo permite la protección personal previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente, en los términos del reglamento. La declaración responsable existe en la ley para otros servicios (el art. 38.1 la menciona como alternativa a la autorización), pero no para este; y la ley no la sustituye por una comunicación a la Delegación del Gobierno ni por el visto bueno de la policía local.

El art. 41.2 exige autorización previa para cuatro servicios: polígonos industriales y urbanizaciones delimitados, complejos o parques comerciales y de ocio delimitados, acontecimientos en vías o espacios públicos y recintos o espacios abiertos delimitados. Los cajeros automáticos y los desplazamientos al exterior ligados a la vigilancia del inmueble están en la lista del art. 41.1, sin autorización; la sede de un organismo público, en el 41.3, con su propio régimen.

El art. 47.2 enumera lo que puede comprender la respuesta ante alarmas: el depósito y custodia de las llaves del inmueble con el sistema conectado (y su traslado o la apertura a distancia), el desplazamiento para verificar la alarma y facilitar el acceso a los servicios policiales o de emergencia cuando haga falta. Reparar averías y hacer las revisiones preventivas es cosa del servicio de instalación y mantenimiento del art. 46, y la ley no habla de forzar la entrada.

El art. 40.1 manda prestar con armas de fuego la vigilancia y protección de fondos y objetos valiosos, la de fábricas, depósitos y transporte de armas, cartuchería y explosivos, la de buques mercantes y pesqueros de bandera española en aguas de grave riesgo y algunas vigilancias perimetrales de instalaciones públicas. La verificación personal de alarmas no está en esa lista: el art. 40.2 solo permite autorizarla con armas cuando haga falta para la seguridad de quien la presta. Ni un recinto ferial ni un hotel figuran en el 40.1.

El art. 39.1 exige que los medios de las empresas de seguridad estén homologados por el Ministerio del Interior. Las Fuerzas Armadas aparecen en el mismo apartado por otra razón: vehículos, uniformes y distintivos no pueden inducir a confusión con los suyos ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El precepto no da la homologación ni a la Delegación del Gobierno ni a un órgano autonómico.

El art. 52.1.d) define las medidas de seguridad organizativa como las que evitan o ponen término a amenazas mediante la planificación de cometidos ejecutados por personas, y pone como ejemplos los departamentos de seguridad y los planes de seguridad. Que intervengan personas no las hace de seguridad personal, que en la ley es la prestación de servicios de seguridad distintos de los demás tipos; la electrónica detecta o advierte con dispositivos, y la informática protege los sistemas de información.

Los servicios del art. 41.3 (la vigilancia perimetral de centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros, la de otros edificios o instalaciones de organismos públicos y la participación en servicios de seguridad pública) se prestan cuando lo decide el órgano competente y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La autorización y la coordinación «cuando proceda» son el régimen del art. 41.2, que no rige estos servicios.

El art. 42.4 manda aportar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, de propia iniciativa o cuando ellas las requieran, las grabaciones relacionadas con hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciudadana, respetando su conservación y custodia para que valgan como prueba. No espera a la denuncia de la víctima, no pasa por el juzgado y no depende del consentimiento de quien aparece en ellas; fuera de esos casos, las grabaciones no pueden destinarse a otro uso que su finalidad.

El art. 51.2 da tres razones para que el reglamento obligue a un establecimiento, instalación o evento: prevenir actos delictivos contra ellos, que generen riesgos directos para terceros o que sean especialmente vulnerables. La concentración de personas es el distractor tentador: la ley la nombra en el art. 51.3, entre las circunstancias que el órgano competente pondera al proponer las medidas para un establecimiento concreto, no como razón del reglamento. Ni el volumen de negocio ni el horario figuran en el artículo.

Según el art. 51.3, el órgano competente formula su propuesta atendiendo a la naturaleza de la actividad, la localización, la concentración de personas y otras circunstancias, y resuelve motivadamente previa audiencia del titular u organizador. Ni el ayuntamiento ni la policía de la zona tienen que informar o dar su conformidad, y no interviene un juez; solo cuando las medidas son para un organismo público la ley pide antes el acuerdo del órgano del que dependen sus instalaciones.