El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

El art. 2.3 hace el consentimiento revocable «en cualquier momento», sin pedir autorización a nadie, pero no gratis: hay que indemnizar, en su caso, los daños y perjuicios causados, incluidas las expectativas justificadas de la revista. Que el derecho sea irrenunciable (art. 1.3) no exime de esa indemnización, y la ley no somete la revocación a autorización alguna.

El art. 7.8 tiene por intromisión que el condenado en sentencia firme use el delito para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas. Esa es la condición: la ley no la ata a que la víctima esté indemnizada, a que se haya cumplido la pena ni a una prohibición de la sentencia.

El último párrafo del art. 8.2 declara inaplicables los párrafos a) y b) a las autoridades o personas cuyas funciones, por su naturaleza, necesitan el anonimato de quien las ejerce. Por eso no la alcanza la excepción del acto público, que es la del párrafo a). La salvedad no nombra el párrafo c), la información gráfica de un suceso público en la que la imagen es meramente accesoria, y esa sí sigue valiendo para ella.

El art. 8.2.a permite captar, reproducir o publicar la imagen de quien ejerce un cargo público, o una profesión de notoriedad o proyección pública, cuando se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. No lo extiende a cualquier lugar, ni por estar ejerciendo el cargo ni por el interés informativo, y tampoco lo reduce a los actos públicos: también alcanza los lugares abiertos al público.

El art. 9.3 manda tener en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se produjo la intromisión. El beneficio del causante era un criterio de la redacción anterior a la Ley Orgánica 5/2010 (disposición final 2.3); hoy ese lucro se trata como una medida aparte, su apropiación por el perjudicado (art. 9.2.d). Ni la capacidad económica del autor ni la notoriedad de la víctima figuran entre los criterios.

El art. 7.4 tiene por intromisión revelar datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela. Las otras tres son las salvedades del art. 8.

El art. 5.1 no ordena a los parientes del art. 4.2 ni les pide actuar juntos: cualquiera de ellos puede ejercer las acciones. La misma regla vale, salvo disposición en contrario del fallecido, cuando el testamento designó a varias personas (art. 5.2). La ley no da preferencia al grado más próximo ni deja la elección al juez.

El art. 1.3 declara estos derechos irrenunciables, inalienables e imprescriptibles, y por eso la renuncia a la protección de la ley «será nula». Lo que sí cabe son los supuestos de autorización o consentimiento del art. 2: el consentimiento expreso otorgado al efecto hace que no haya intromisión (art. 2.2). Una renuncia, en cambio, no llega a valer: ni por escrito ni para un caso concreto.

En la intromisión en el honor, el art. 9.2.a incluye en el restablecimiento la publicación, total o parcial, de la sentencia condenatoria a costa del condenado y con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión. No la paga el perjudicado, y la difusión no la fija el juez ni se ciñe a un diario de ámbito nacional: es al menos la que tuvo la intromisión. Tampoco la sustituye una rectificación: el derecho de réplica queda a salvo, por su propio procedimiento.

El art. 9.3 presume la existencia de perjuicio siempre que se acredite la intromisión ilegítima: lo que hay que probar es la intromisión, no el daño. Y la indemnización se extiende al daño moral, que se valora atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión.

En los casos del art. 7.8, el art. 4.4 legitima al ofendido o perjudicado por el delito «haya o no ejercido la acción penal o civil en el proceso penal precedente»: no haberse personado no le cierra esta vía, ni se le pide renunciar a nada. El Ministerio Fiscal también está legitimado «en todo caso», pero junto a la víctima, no en su lugar.

El art. 4.3 permite al Ministerio Fiscal actuar, de oficio o a instancia de persona interesada, siempre que no hayan transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado. El mismo plazo se observa cuando las acciones corresponden a una persona jurídica designada en testamento. Los cincuenta, setenta o cien años no aparecen en la ley.

El art. 8.2.c dice que el derecho a la propia imagen no impide la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparece como meramente accesoria; por eso no hace falta su consentimiento. Que la plaza sea un lugar abierto al público no es lo que decide para un transeúnte, y la ley no hace depender esta excepción del ánimo de lucro.

El art. 9.5 hace caducar las acciones a los cuatro años «desde que el legitimado pudo ejercitarlas»: el día inicial no es el de la intromisión, ni el de su cese, ni el de conocer a su autor, sino aquel en que quien tiene la acción estuvo en condiciones de ejercitarla. Y es un plazo de caducidad, no de prescripción.

El art. 3.1 pone el consentimiento en manos del propio menor cuando sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil. Solo «en los restantes casos» lo otorga su representante legal (art. 3.2). La ley no exige que el menor y sus padres consientan juntos ni una aprobación judicial previa.

El art. 7.5 alcanza la imagen captada «en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos», salvo los casos del art. 8.2. Que la calle sea un lugar abierto no basta: la vecina no está en ninguno de los casos del art. 8.2. El fin comercial es otro supuesto, el del art. 7.6.

El art. 7.1 tiene por intromisión el mero emplazamiento, «en cualquier lugar», de aparatos de filmación o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima: no espera a que se grabe (eso es el 7.2) ni a que se divulgue (7.3). Que sea su domicilio no es lo que decide, porque el apartado vale para cualquier lugar.