Las asociaciones profesionales y el Consejo de la Guardia Civil

El art. 47.2 exige pedir la autorización por escrito «con una antelación mínima de setenta y dos horas», haciendo constar la fecha, la hora y el lugar y quiénes firman en nombre de la asociación. Las veinticuatro horas también aparecen en ese apartado, pero son otra cosa: el límite antes de la reunión en el que la autoridad tiene que formular sus objeciones. Treinta y seis y cuarenta y ocho horas no figuran en la ley.

El art. 56.8 dice que si los representantes «pasaran a situación administrativa diferente del servicio activo, perderán la condición de representantes». La reserva es una situación distinta del servicio activo, así que el vocal deja de serlo en ese momento: no la conserva hasta el final del mandato, ni se queda en el Consejo sin voto, ni la ley lo convierte en suplente.

El art. 42 fija el momento: los efectos de la designación «se producirán a partir del día siguiente al de su inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales». El acuerdo que la asociación adopta conforme a sus estatutos es el que designa, pero no basta para que surta efectos; y la ley no hace depender esos efectos de comunicarlo al jefe de la unidad ni de publicarlo en un boletín.

El art. 49 enumera lo que deben contener los estatutos, y su letra j) incluye las causas de disolución y el destino del patrimonio «en tal supuesto», que no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. No piden una lista nominal de afiliados ni un mínimo de socios por Escala, y la ley no somete los estatutos al informe del Director General.

El art. 41 saca de su ámbito, entre otras cosas, la negociación colectiva y «la adopción de medidas de conflicto colectivo», además de cualquier acción que exceda los derechos que la ley reconoce a los guardias civiles. Lo demás que ofrecen las opciones sí lo pueden hacer: presentar propuestas a las autoridades (38.1), representar a sus afiliados ante la Administración en lo profesional (38.2) y convocar reuniones en centros oficiales con los requisitos del art. 47.

El art. 57 da a estos vocales cuatro garantías: circular libremente por las dependencias de su unidad electoral, distribuir libremente publicaciones referidas a cuestiones profesionales o asociativas, acumular en un miembro de la candidatura los créditos de horas y permisos, y no ser discriminados en su promoción profesional por representar. No les promete inamovilidad en el destino, librarles de los servicios nocturnos ni un complemento económico.

Entre las facultades del art. 54 está, en su apartado 2, «informar, con carácter previo, las disposiciones legales o reglamentarias» que se dicten sobre las materias del apartado 1, y el régimen retributivo es una de ellas (54.1.c). El Consejo es un órgano de participación: informa y es oído, pero no aprueba esas normas, no las negocia ni tiene la iniciativa para proponerlas.

El art. 48.4 fija un plazo para inscribir, contado desde que la solicitud llega al órgano competente, y añade que, pasado sin que se haya notificado resolución expresa, «se podrá entender estimada la solicitud de inscripción». Es silencio positivo: el procedimiento no caduca, el plazo no se alarga y la decisión no pasa al Consejo de la Guardia Civil, que no lleva el Registro.

El art. 48.1 hace de la inscripción el momento constitutivo: estas asociaciones «quedarán válidamente constituidas desde que se inscriban en el Registro de Asociaciones Profesionales». Es la diferencia con una asociación común, que adquiere personalidad con el acta fundacional (art. 5.2 de la Ley Orgánica 1/2002); aquí el acta y los estatutos acompañan a la solicitud (48.2), pero no bastan, y ninguna autorización del Director General sustituye a la inscripción.

El art. 55 obliga al Consejo a reunirse en sesión ordinaria, para despachar los asuntos de su competencia, «al menos, una vez cada tres meses». Es un mínimo: nada le impide reunirse más a menudo, y para lo que no puede esperar está la sesión extraordinaria. Ni el mes, ni los dos meses, ni el semestre son la regla.

El art. 39.1 permite que quien ya pertenecía a una asociación siga en ella «tras su pase a retiro», pero «siempre que lo permitan los correspondientes estatutos»: la última palabra la tienen los estatutos de cada asociación. No hace falta que lo autorice el Director General ni haber pasado antes por la reserva, y la ley no obliga a darse de baja al retirarse.

El art. 36 exige a estas asociaciones «ámbito estatal» y que se constituyan «por tiempo indefinido». No caben asociaciones de guardias civiles de una sola comunidad autónoma, aunque el Cuerpo se despliegue por zonas, y la ley no les pone fecha de extinción: nacen para durar mientras no se disuelvan.

La disposición adicional primera prevé que, cuando los guardias civiles pasen a depender del Ministro de Defensa o «queden integrados en Unidades militares», se rijan «por la normativa sobre derechos y libertades aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas». En esos supuestos no sigue rigiendo sin más esta ley, no la fija el mando de la unidad militar y no lo decide el Director General misión a misión.

El art. 53.1.b da a la Administración General del Estado vocales «hasta alcanzar igual número de representantes que los que hubieran sido elegidos por los miembros del Instituto». El Consejo es paritario: la Administración no tiene la mitad ni uno más que los electos, y su número no se fija por Escala, porque sigue al de los elegidos.

El art. 44.1 dice que las representativas «deberán ser informadas y consultadas en el proceso de elaboración» de esos proyectos. Es participación, no codecisión: no los aprueban, su parecer no vincula a quien los elabora y no hay una mesa en la que se pacten. El mismo artículo añade que participan en los grupos de trabajo que se creen y que pueden formular propuestas, informes, peticiones y quejas.

El art. 53.1.a reparte por Escalas los vocales que eligen los guardias civiles: a cada una le corresponde «un vocal en el Consejo y uno más por cada 6.000 guardias civiles que estuvieran en activo en dicha Escala». Así, las Escalas con más efectivos tienen más vocales. Las otras tres cifras no aparecen en la ley.

El art. 52 crea el Consejo de la Guardia Civil «bajo la presidencia del Ministro del Interior, o persona en quien delegue». No lo preside el Ministro de Defensa, ni el Director General, ni un vocal elegido por los guardias civiles; si el Ministro delega, preside quien él designe.

El art. 39.4 no deja margen: «Sólo se podrá estar afiliado a una asociación profesional». Para entrar en la segunda, el guardia civil tiene que dejar antes la primera. Ninguna autorización cambia eso: ni el visto bueno de la asociación de origen ni el del jefe de la unidad permiten la doble afiliación, y renunciar a votar en una de ellas tampoco.

El art. 37.1 deja financiarse a estas asociaciones con las cuotas de sus afiliados «u otros recursos económicos que prevean sus Estatutos», y el 37.2 admite subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Lo único que cierra «en ningún caso» son las donaciones privadas: el dinero público puede llegar; el de particulares ajenos, no.

Según el art. 43, es representativa la asociación que haya obtenido en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil «al menos, un representante» —un vocal—, o bien un porcentaje de los votos emitidos en dos de las Escalas. Las dos vías miden el respaldo en las urnas, no el número de afiliados, la antigüedad en el Registro ni la implantación en todas las Escalas.