Los deberes y los derechos profesionales de los guardias civiles

El art. 19 distingue dos planos. Lo clasificado queda bajo la legislación general sobre secretos oficiales y materias clasificadas; para lo que no lo está, añade el secreto profesional y el debido sigilo sobre lo conocido en el ejercicio de las funciones. Que una información no esté clasificada no la saca del deber de reserva ni la lleva a la legislación de transparencia, y la reserva no depende de que la ordene el mando.

El art. 23 dice él mismo para qué son los reconocimientos —determinar la aptitud para el servicio— y deja al reglamento «la forma y plazos». Ni la forma ni los plazos los fija la ley, y el fin no se remite a ninguna norma de desarrollo.

El art. 27 reconoce el desarrollo de la carrera profesional «especialmente» en cuatro regímenes: ascensos, destinos, condecoraciones y recompensas. Las situaciones administrativas y las comisiones de servicio no figuran en esa enumeración, y los permisos y licencias tienen su propio artículo, el 29.

Sin estado declarado, el art. 20 no se activa por la sola emergencia: exige que «así se disponga» en caso de alteración grave de la seguridad ciudadana, emergencia grave, situación de urgente riesgo o calamidad pública. No lo condiciona a una petición de la comunidad autónoma ni a una autorización del Congreso, y no basta con que la emergencia toque su demarcación.

El art. 21.1 lo admite con dos condiciones: que se autorice, en los términos y condiciones que fije el reglamento, y que quede asegurado el adecuado cumplimiento de las obligaciones profesionales. Comunicarlo, aunque el servicio quede asegurado, no sustituye a la autorización, la ley no ata la residencia al municipio de destino y no la hace depender de que haya o no pabellón.

El art. 28.3 reconoce que conozcan con antelación suficiente su jornada, horario y turnos, «sin perjuicio de las alteraciones que puedan estar justificadas por las necesidades del servicio o por motivos de fuerza mayor». Cualquiera de las dos causas basta por sí sola, y haberlos comunicado no impide alterarlos.

El art. 30.1, en la redacción que le dio la Ley Orgánica 9/2015, extiende la defensa y asistencia jurídica a los procedimientos «que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional», no solo a los penales, y la limita a los que sean consecuencia «del ejercicio legítimo de sus funciones»: lo que no es ejercicio legítimo queda fuera. Los términos los fija el reglamento.

El art. 33.2 abre el paso directo en dos casos: que la queja no fuera debidamente atendida o que se refiera al mando inmediato superior; y, en última instancia, permite acudir a los órganos de inspección de la Secretaría de Estado de Seguridad. La urgencia del asunto o que la firmen varios no figuran entre esos casos.

El art. 29 parte de las vacaciones, permisos y licencias de la legislación general de los funcionarios de la Administración General del Estado, adaptadas por reglamento a las funciones y cometidos del Cuerpo, y su apartado 2 deja la duración y la forma de ejercicio a lo que se determine reglamentariamente, atendiendo a las singularidades de esas funciones. La legislación general no se aplica tal cual, y la ley no deja esa duración a un acuerdo ni a cada jefe de unidad.

El art. 21.2 da la razón en el mismo precepto: «con objeto de facilitar su localización», y añade que deben facilitarse los medios de localización que permitan atender puntualmente las obligaciones profesionales. No se comunica para calcular indemnizaciones, para asignar un pabellón ni para comprobar que se vive en el municipio de destino.

El art. 33.1 admite las quejas sobre el régimen de personal, las condiciones y la calidad de vida en las unidades «siempre que no hubiese presentado recurso sobre el mismo asunto». La calidad de vida en la unidad es materia de queja, que se refiera al mando inmediato no está entre lo que la impide, y la ley no pide el respaldo de una asociación.

El art. 28.1 remite el horario de servicio al reglamento «sin perjuicio de su disponibilidad permanente para el servicio»: tener un horario no la suprime. La ley no hace esa salvedad por las guardias que fije cada unidad, por horas extraordinarias retribuidas ni por turnos pactados con el mando.

El art. 18.1, que abre el artículo de la neutralidad e imparcialidad, cierra las dos puertas a la vez: los guardias civiles no pueden fundar partidos políticos ni afiliarse a ellos, y tampoco realizar actividades políticas. No es una prohibición de la militancia activa que deje libre la afiliación, ni una prohibición de afiliarse que permita la actividad.

El art. 26 reconoce «el derecho y, en su caso, el deber» de participar en los cursos y actividades formativas destinados a mejorar la capacidad profesional y facilitar la promoción. La carrera profesional (art. 27), la protección de la seguridad y la salud en el trabajo (art. 31) y conocer con antelación la jornada y el horario (art. 28.3) están en el título V, de los derechos profesionales, y la ley no los acompaña de un deber.

El art. 31 reconoce esa protección «con las peculiaridades propias de las funciones que tienen encomendadas», y encarga a la Administración General del Estado una política activa de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud, con especial atención a los riesgos específicos de esas funciones. No los equipara sin más al resto de los funcionarios, no deja fuera los servicios operativos y no la remite al criterio del mando.

Declarado uno de los estados de alarma, excepción o sitio, el art. 20 manda a los guardias civiles presentarse «en su dependencia de destino o en la más próxima» y ponerse a disposición inmediata de las autoridades correspondientes. El lugar lo fija la propia ley: no es la comandancia de la provincia de residencia, la sede de la Delegación del Gobierno ni la unidad que señale el Director General.

El art. 24 reconoce a los guardias civiles el derecho y deber de defender España «de acuerdo con lo previsto en la legislación orgánica de defensa nacional». No lo remite a la legislación de seguridad nacional, a la que regula las Fuerzas Armadas ni a la de los estados de alarma y excepción.

El art. 22 los somete al régimen general de incompatibilidades de la Administración General del Estado, «sin perjuicio de las incompatibilidades más rigurosas» que pueda establecer su normativa específica. Esa normativa propia puede endurecer el régimen general, no aliviarlo, y tampoco lo sustituye.

El art. 30.2 manda concertar un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera para cubrir «las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías» derivadas de la exigencia de responsabilidad «de cualquier naturaleza», por actuaciones en el desempeño de sus funciones o con ocasión de ellas. Pese al nombre del seguro, no se limita a la responsabilidad civil ni a las indemnizaciones a terceros, y las fianzas están nombradas expresamente.