Los derechos fundamentales y las libertades públicas de los guardias civiles

El art. 9 separa los dos casos. Las asociaciones sin fines profesionales se rigen por el propio art. 9 y por las normas generales del derecho de asociación (9.2); las creadas con fines profesionales, por la ley orgánica, y las normas generales solo se les aplican de forma supletoria (9.3).

El art. 6.2 no crea un régimen propio para salir de España: a esos desplazamientos «se aplicarán las mismas limitaciones» que a los que se hacen por territorio nacional, que son las del art. 6.1. No las fija un ministerio por países, ni el régimen de permisos, ni el jefe de la unidad caso por caso.

El art. 4 reserva a las leyes las dos cosas: los casos en que cabe privar de libertad a un guardia civil y la forma de hacerlo. Ni un reglamento puede crear el supuesto ni el mando decidir el modo; por eso fallan las tres combinaciones que meten a uno u otro.

El art. 6.2 exige comunicar «previamente a sus superiores» los desplazamientos al extranjero. Es una comunicación, no una petición de permiso, y va dirigida a los superiores del guardia civil, no a la Delegación del Gobierno, que no interviene en esto.

El art. 8.3 lo dice «en todo caso»: no pueden asistir vistiendo el uniforme reglamentario ni portando armas, y no hay autorización del jefe que lo levante. Las dos prohibiciones van juntas, así que falla toda combinación que deje libre una de ellas.

El art. 10.1 señala dos casos en los que las autoridades deben cuidar especialmente que el guardia civil pueda votar: cuando presta servicio coincidiendo con jornadas electorales y durante las misiones en el extranjero. El destino fuera de la provincia, la reserva y la residencia en otro municipio no aparecen.

El art. 2 cierra los límites del ejercicio a tres fuentes, «sin otros»: la Constitución, las disposiciones que la desarrollan y la propia ley orgánica. Ni el mando ni el Consejo de la Guardia Civil figuran entre ellas.

El apartado 3 del art. 1 excluye a quienes estén en situaciones administrativas en las que dejen de estar sujetos al régimen general de derechos y obligaciones del personal del Cuerpo. El criterio es la situación administrativa, que define la normativa de personal; la ley no distingue por escala, empleo ni antigüedad.

El art. 5.1 añade que el pabellón asignado en la unidad «se considerará domicilio habitual». No es una dependencia oficial, aunque esté dentro del acuartelamiento, ni un domicilio a tiempo parcial que deje de serlo mientras su ocupante presta servicio: goza de la protección del domicilio sin esas distinciones.

El art. 5.2 pide que la autorización se dé «de forma expresamente motivada»: el jefe tiene que explicar por qué el registro es necesario. La decisión es suya, sin el visto bueno de un superior, un informe jurídico previo ni una comunicación al juez, que el precepto no menciona.

El art. 10.2 dice que los guardias civiles no pueden disfrutar del sufragio pasivo, es decir, ser candidatos, y remite los términos a la legislación de régimen electoral general: la LOREG (art. 6.1.i) los declara inelegibles mientras estén en activo. El voto, el sufragio activo, sí lo ejercen (10.1).

La lista del art. 3.2 termina en el «acceso de la mujer a todos los niveles de mando y organización del Instituto». Los pabellones, las recompensas y los destinos en el extranjero no aparecen en ella: el precepto encarga a las autoridades competentes la igualdad efectiva en el Cuerpo, y los ámbitos que señala en especial son los que enumera.

El art. 7.1 reconoce estas libertades en los términos de la Constitución y con tres límites: el régimen disciplinario, el secreto profesional y el respeto a la dignidad de las personas, las instituciones y los poderes públicos. La neutralidad política no está entre ellos: aparece en el apartado siguiente.

El art. 7.2 acota esos límites a los asuntos «de servicio o relacionados con la Institución». No los extiende a cualquier asunto ni los hace depender de que la opinión se difunda en público, y tampoco los reduce a lo que toque la seguridad nacional.