La cooperación de España con la Corte Penal Internacional

El art. 21.1 distingue dos supuestos. Quien es citado por comisión rogatoria de la Corte para comparecer ante los tribunales españoles tiene las mismas obligaciones y responsabilidades que en una causa seguida en España; pero si la comparecencia es en la sede de la Corte, «tendrá carácter voluntario», y el Ministerio de Justicia transmite a la persona citada la información sobre sus inmunidades y adelanta los gastos. Solo no hace falta el consentimiento del condenado por la Corte que cumple condena en España, al que se traslada temporalmente.

La impugnación se formaliza a la mayor brevedad, antes del inicio del juicio en la Corte; excepcionalmente cabe en ese momento o después, pero entonces «en el solo motivo» de haberse producido ya cosa juzgada en España (art. 9.2). Que los tribunales españoles estén conociendo del asunto es uno de los supuestos del art. 9.1 que permiten acordar la impugnación, pero no funda una impugnación tardía; y ni el lugar de los hechos ni la nacionalidad de los presuntos responsables son el motivo que admite la ley.

Si, pese a la petición de inhibición (art. 8) o a la impugnación de la competencia o la admisibilidad (art. 9), la Sala competente de la Corte autoriza al Fiscal a investigar o mantiene su competencia, el art. 10 dice que el órgano jurisdiccional español «se inhibirá a favor de la Corte». Lo actuado se le remite «a su solicitud», no de oficio. La ley no deja la causa en suspenso: el órgano español deja de conocer de ella.

Por regla general, el órgano de consulta con la Corte es el Ministerio de Justicia, que debe informar previamente de cada consulta al de Asuntos Exteriores (art. 6.2). Pero cuando la consulta incluye, a juicio del Ministerio de Asuntos Exteriores, aspectos de política exterior, el competente es este, en coordinación con el de Justicia y, en su caso, con otros ministerios concernidos. El deber de informar previamente es del Ministerio de Justicia hacia el de Asuntos Exteriores, no al revés.

El art. 16.1 manda notificar la concurrencia a la Corte y al Estado requirente y tramitar «conjuntamente ambos procedimientos» en el juzgado que conoce de la solicitud de entrega, sea o no parte en el Estatuto el Estado requirente; lo mismo si lo que concurre es una orden europea de detención y entrega. Ese juez no decide: eleva los dos procesos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (art. 16.2). La ley dice «Juzgado Central de Instrucción»: desde la Ley Orgánica 1/2025, las referencias a los Juzgados Centrales se entienden hechas a las Secciones correspondientes del Tribunal Central de Instancia (disposición adicional primera de esa ley).

El art. 15.4 permite mantener la prisión provisional, si se deniega la entrega, «hasta la firmeza de dicha resolución»; una vez firme la denegación, se pone urgentemente en libertad a la persona y se comunica al Ministerio de Justicia, que lo comunica a la Corte (art. 15.6). La ley no hace depender esa libertad de que la Corte se pronuncie sobre el auto ni de sus recomendaciones.

El art. 13.1 admite este único consentimiento parcial: si la persona consiente su entrega pero no la extiende a otros hechos que puedan aparecer en el proceso ante la Corte, «la entrega se efectuará sólo por los hechos contenidos en la solicitud», sin perjuicio de lo que proceda después de la entrega conforme al art. 101.2 del Estatuto. «Fuera de este caso, no se admitirá un consentimiento parcial»; por eso la negativa a ampliarla no impide la entrega simplificada ni la manda a la vía ordinaria del art. 15.

El art. 7.2 ordena a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y a los ministerios abstenerse de todo procedimiento en ese caso y limitarse a informar a quien denuncia de que puede acudir directamente al Fiscal de la Corte; solo pueden adoptar, si hace falta, las primeras diligencias urgentes para las que tengan competencia. La ley no prevé que el juzgado ni el Ministerio de Justicia hagan llegar la querella a la Corte, ni que se instruya mientras tanto. Si el Fiscal de la Corte no abre la investigación o la Corte declara inadmisible el asunto, la querella puede volver a presentarse en España (art. 7.3).

El art. 5.1 dice que actúan «de acuerdo con las instrucciones impartidas conjuntamente, en cada caso, por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores». El departamento al que afecte la materia del procedimiento no las imparte: se le oye antes. Al Abogado General del Estado lo oye el Gobierno cuando, por motivos excepcionales, designa a otra persona como agente de España (art. 5.2), y el Consejo de Ministros no aparece en el art. 5.1.

La disposición final primera da carácter orgánico a los arts. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 —excepto su apartado 2—, 15 y 21.3, a la disposición adicional segunda y al apartado 2 de la tercera; los demás preceptos son ordinarios, dictados al amparo del art. 149.1.3.ª, 5.ª y 6.ª de la Constitución. Por eso el art. 13.2, que regula la comunicación del auto de entrega simplificada y el traslado, es ordinario aunque el resto del art. 13 sea orgánico; y también lo son los arts. 14 y 16.

El art. 1 dice que con carácter supletorio a la ley se aplican «las normas orgánicas y procesales de aplicación general». El Estatuto, sus normas complementarias —en particular las reglas de procedimiento y prueba— y los acuerdos específicos de cooperación que España celebre con la Corte no son supletorios de la ley, sino al revés: los procedimientos internos que ella establece se aplican en lo que esos textos no prevean. Y el art. 1 no da ese papel a ningún acuerdo del Consejo de Ministros.

El art. 8.2 fija para esa propuesta conjunta un plazo «que no podrá rebasar los veinte días desde la recepción de la notificación del Fiscal de la Corte», que llega al Ministerio de Justicia (art. 8.1). Dentro de ese plazo, el Ministerio de Justicia pide antes al Fiscal General del Estado información urgente sobre si hay actuaciones penales en España por esos hechos (art. 8.1).

El art. 20.1 obliga a los órganos judiciales y a las demás autoridades a cumplir las solicitudes del art. 93 del Estatuto «que no estuvieran prohibidas en la legislación española y cuyo fin fuera también facilitar el proceso ante la Corte». Lo prohibido no se cumple sin más: cualquier dificultad para cumplir una solicitud la consulta con la Corte el Ministerio de Justicia (art. 20.3). La ley no limita esta cooperación a hechos ocurridos en España o cometidos por españoles, ni la somete a una autorización previa de Asuntos Exteriores ni a la admisión de un tribunal.

El art. 17.2 dice que en el escrito de formalización «no se podrán formular otras alegaciones que» las relativas a quebrantamiento de las normas y garantías procesales en el expediente y las relativas a la concurrencia de los requisitos de los arts. 89.2 y 91.2 o 3 del Estatuto. Ni la prueba de los hechos imputados, ni su prescripción según la ley española, ni la doble incriminación están entre ellas. El auto que resuelve la apelación no es susceptible de recurso alguno (art. 17.3).

El art. 7.1 reserva «exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros», la decisión de denunciar una situación ante el Fiscal de la Corte. Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia no deciden: hacen la propuesta. El Fiscal General del Estado no interviene en esta decisión.