Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sus principios básicos de actuación

El apartado 6 los hace responsables personal y directamente de los actos con que infrinjan las normas legales o reglamentarias de su profesión o los principios del artículo, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las Administraciones Públicas. Las dos conviven: la suya no es subsidiaria ni se queda en lo disciplinario, y el precepto no la hace solidaria con la del mando.

La letra c) del apartado 1 dice «Actuar con integridad y dignidad» y concreta en particular el deber de abstenerse de la corrupción y oponerse a ella. Las otras tres son principios reales del mismo artículo, pero de otros apartados: la neutralidad política, la letra b) del apartado 1; la dedicación, el apartado 4; la decisión necesaria, la letra c) del apartado 2.

El apartado 2 adecua la formación y el perfeccionamiento a los principios del artículo 5 y fija como primer criterio su carácter profesional y permanente. No la define como universitaria, aunque prevé la colaboración de la Universidad para impartirla, ni como militar, ni la limita a la formación inicial.

El art. 8.1 atribuye a la jurisdicción ordinaria tanto los delitos que se cometan contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como los que cometan ellos en el ejercicio de sus funciones; la militar solo entra en los supuestos en que sea competente, que el mismo apartado exceptúa. No hay aforamiento ante el Tribunal Supremo. El párrafo segundo del apartado, en cuanto daba a la Audiencia Provincial la instrucción y el procesamiento, lo declaró inconstitucional y nulo la STC 55/1990.

La letra c) del apartado 2 exige los tres adjetivos a la vez: grave, inmediato e irreparable. «Grave o de difícil reparación» es otra fórmula, más amplia, y ni el delito flagrante ni el orden público alterado son por sí mismos el criterio de este precepto.

El art. 4.1 impone a todos un deber de auxilio acotado: el necesario en la investigación y persecución de los delitos, y en los términos que prevean las leyes. No es un deber general de colaborar en el orden público, en la prevención de infracciones administrativas o en las emergencias, que tienen sus propias normas.

El apartado 4 les reconoce una remuneración justa que contemple su nivel de formación, el régimen de incompatibilidades, la movilidad por razones de servicio, la dedicación y el riesgo que comporta su misión, además de la especificidad de sus horarios y su peculiar estructura. Ni el coste de la vida en el destino, ni el rendimiento, ni la responsabilidad del puesto figuran entre los factores de este apartado.

El apartado 9 inspira el régimen disciplinario en principios acordes con la misión fundamental que la Constitución les atribuye y con su estructura y organización jerarquizada y disciplinada, sin perjuicio de las debidas garantías. No lo remite al régimen general de los funcionarios civiles, ni al de las Fuerzas Armadas, ni a lo que se pacte.

La letra b) del apartado 2 fija el objeto: las causas y la finalidad de cada intervención. El deber de identificarse tiene su propia regla en el apartado 3, y ni los recursos ni la norma habilitante forman parte de esa información.

La letra a) del apartado 3 exige que se identifiquen debidamente como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el momento de efectuar una detención: no después, al llegar a dependencias o al informar de los derechos, ni a petición del detenido o de su abogado.

El apartado 2 les da la consideración de autoridad, a efectos de su protección penal, cuando se comete contra ellos un delito de atentado empleando armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad que puedan poner en peligro grave su integridad física. No basta cualquier atentado, ni ir de uniforme, ni dirigir una unidad.

La regla del 8.3 deja que las medidas cautelares duren lo que dure el proceso penal; la única excepción es la suspensión de sueldo, que sigue la legislación general de funcionarios. La suspensión de funciones entra en la regla general, y el precepto no nombra ni el arma ni el destino.

El apartado 3 permite incoar y tramitar el expediente gubernativo o disciplinario aunque haya un procedimiento penal por los mismos hechos, pero su resolución definitiva solo puede producirse cuando la sentencia penal sea firme. No hay que esperar para abrirlo ni hace falta autorización judicial; lo que no cabe es resolverlo antes.

La letra d) del apartado 2 da dos supuestos y ninguno más: el riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad del agente o de terceros, y las circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, siempre con los principios de la letra c). Ni el daño al patrimonio, ni la resistencia, ni la gravedad del delito flagrante habilitan por sí solos.

El art. 1.1 dice que la Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado. Que las comunidades autónomas y las corporaciones locales participen en su mantenimiento, como prevén los apartados 2 y 3, no la convierte en compartida ni en concurrente: participan en los términos que la ley les marca y dentro del marco de esta Ley Orgánica. Tampoco se limita a las bases, que es la fórmula que la Constitución usa para otras materias.

El apartado 4 manda intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, «se hallaren o no de servicio», en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana. El deber no depende de estar de servicio, de llevar el arma ni de que la víctima lo pida ni del lugar donde ocurra.

El apartado 3 exige jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. La ley no habla de lealtad al Gobierno, de obediencia a los mandos ni de servicio a la Nación.

La letra d) del apartado 1 sujeta la actuación profesional a la jerarquía y la subordinación, pero pone un límite: la obediencia debida no ampara órdenes que entrañen actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. La palabra que decide es «manifiestamente»: no basta que la orden pueda resultar ilícita, tiene que serlo de forma manifiesta. Ni la forma escrita ni el cuerpo del mando que ordena aparecen en el precepto.

La letra c) del apartado 2 termina diciendo que, al actuar, se rigen por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Las otras ternas mezclan alguno de esos tres con principios que no figuran en el precepto: ni la necesidad, ni la idoneidad, ni la menor lesividad.

El apartado 1 del art. 7 les da, en el ejercicio de sus funciones y a todos los efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad. La consideración de autoridad la reserva el apartado 2 a un supuesto de su protección penal; ni la autoridad gubernativa ni la de fuerza pública armada son caracteres que esta ley les dé.