Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la Policía Nacional y la Guardia Civil

Las vías interurbanas son de la Guardia Civil (12.1.B.c). Es una competencia del reparto material, no una de las funciones comunes que el 11.2 reparte por territorio: no se divide entre los dos Cuerpos. El adjetivo decide: lo que el artículo 12 le da es el tráfico interurbano, no cualquier tráfico. La Policía Nacional no tiene el tráfico en su lista, y el reparto del artículo 12 es solo entre los dos Cuerpos del Estado.

El segundo párrafo del 11.3 deja también a la Guardia Civil investigar en todo el territorio nacional, con una condición: que lo haga para el desempeño de sus competencias propias y cuando sea preciso. No espera una orden del Ministerio, ni la autorización del otro Cuerpo, ni a que este no pueda actuar.

El 14.2 pone el armamento y el despliegue territorial en manos de los dos Ministros, conjuntamente. Es materia mixta: el despliegue sirve a funciones policiales y el armamento es el de un instituto de naturaleza militar. Ninguno de los dos Ministros lo decide por sí solo, y no lo decide el Director General del Cuerpo.

La conducción interurbana de presos y detenidos es la letra f de la lista de la Guardia Civil (12.1.B). Las otras tres están en la lista de la Policía Nacional (12.1.A): el DNI y los pasaportes, el juego y la colaboración con las policías de otros países, esta última bajo la superior dirección del Ministro del Interior.

La DA 3.ª.5 deja la decisión al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa e Interior, los dos de los que depende la Guardia Civil: no basta la propuesta de uno solo. Lo que se fija aquí es el mar sobre el que actúa el Cuerpo, no los límites del mar territorial, que señala la Ley 10/1977; tampoco decide un solo ministerio ni interviene la comunidad autónoma.

El reparto se hace por exclusión: la Guardia Civil tiene todo lo que no es de la Policía Nacional, y además el mar territorial. No basta con restar las capitales de provincia, porque la Policía Nacional actúa también en otros términos municipales y núcleos urbanos. La ley no usa una cifra de habitantes ni reparte con las policías locales y autonómicas: el 11.2 es un reparto entre los dos Cuerpos del Estado.

Como regla, la Guardia Civil se rige a efectos disciplinarios por su normativa específica, aunque sea un instituto de naturaleza militar: por eso no rige en cualquier servicio. El 15.1, en su redacción vigente desde 2008, abre el régimen de las Fuerzas Armadas en dos supuestos y no en uno: cuando el Cuerpo cumple misiones de carácter militar y cuando su personal se integra en unidades militares. No basta la misión militar sola, y el estado de excepción no figura entre ellos.

El resguardo fiscal protege los intereses de la Hacienda Pública, así que sus instrucciones las dan conjuntamente Interior y el ministerio de Hacienda; la letra dice «Economía y Hacienda», que era su nombre en 1986. La inspección de las entidades de crédito y el control de precios no son misiones de la Guardia Civil, y la custodia de puertos, aeropuertos y costas no lleva instrucciones de Hacienda.

El 14.2 hace que Defensa e Interior propongan juntos al Gobierno a quien dirige la Guardia Civil: la doble dependencia del Cuerpo alcanza a su máximo responsable. La Policía, que depende solo de Interior, no entra en esa propuesta conjunta, y el artículo 14 no se ocupa de los estados excepcionales ni del nombramiento de los mandos provinciales.

El 11.4 da dos supuestos en que los dos Cuerpos deben salir de su ámbito: el mandato judicial o del Ministerio Fiscal, y los casos excepcionales en que lo requiera la debida eficacia de la actuación. En ambos hay que comunicarlo de inmediato a los mandos con competencia territorial o material. No depende de una petición autonómica o municipal ni de un acuerdo entre mandos.

El artículo 10.1 se lo da al Ministro del Interior, junto con la administración general de la seguridad ciudadana y la responsabilidad de la colaboración con las policías de otros países. La ley concreta el mando en un ministro, no en el Consejo de Ministros ni en su Presidente. Y Defensa no manda sobre los dos Cuerpos: su papel se limita a la Guardia Civil y a lo militar.

La custodia de aeropuertos es una de las funciones que la propia ley da a la Guardia Civil (12.1.B.d), y en ellas el artículo 9.b la hace depender del Ministro del Interior. Del de Defensa depende en las misiones de carácter militar, que esta no es, y su naturaleza militar no cambia la dependencia en el servicio ordinario. El 9.b no prevé una dependencia conjunta, ni del Gobierno por el valor de la instalación.

El artículo 9.a lo define como un instituto armado de naturaleza civil, dependiente del Ministro del Interior. La letra de 1986 dice «Cuerpo Nacional de Policía»: hoy, la Policía Nacional, que es como la llama la Ley Orgánica 9/2015. La naturaleza militar es la tentación, pero es la de la Guardia Civil, en la letra b del mismo artículo; y ser civil no le quita lo de armado: la ley llama a los dos cuerpos «Instituto Armado».

Lo que deriva de la legislación sobre armas y explosivos es la primera letra de la lista de la Guardia Civil (12.1.B.a). Las otras tres están en la lista de la Policía Nacional (12.1.A): el juego, la colaboración con las policías de otros países y el documento nacional de identidad.

La letra a del 11.2 fija las capitales de provincia y deja el resto del mapa de la Policía Nacional (en la letra, el Cuerpo Nacional de Policía) a lo «que el Gobierno determine». Es una decisión del Gobierno, no de su ministro ni de un órgano del Ministerio del Interior, como la Secretaría de Estado de Seguridad o la Dirección General de la Policía.

El 13.2 suma tres fuentes: la propia Ley Orgánica 2/1986, las normas que la desarrollan y el ordenamiento militar, en coherencia con la estructura jerárquica por empleos del 13.1. No es solo lo militar, porque esta ley ya fija una parte del estatuto; la legislación de seguridad ciudadana regula lo que hacen los cuerpos, no el estatuto de su personal; y el 13.2 no remite a ningún régimen común con la Policía Nacional.

La DA 3.ª.1 lo encarga al Gobierno a propuesta del Ministerio del Interior, del que depende el Cuerpo Nacional de Policía (hoy, la Policía Nacional). La propuesta conjunta de Defensa e Interior es la que la misma disposición prevé para el Reglamento de la Guardia Civil, por su doble dependencia. No basta una orden ministerial, y la disposición no pide el informe de ningún consejo.

El último párrafo del 11.3 impone un deber de información, no un permiso: «en todo caso», quien actúa fuera de su territorio da cuenta al otro Cuerpo. No hace falta autorización previa del Ministerio, el asunto no pasa al otro Cuerpo por el solo hecho de que se presente, y el 11.3 no condiciona la actuación a un mandato previo de nadie.

La impone el Ministro de Defensa y la propone el de Interior. Es la redacción que dio al 15.1 la Ley Orgánica 12/2007, en vigor desde enero de 2008; la original de 1986 decía «previo informe», y un informe no es una propuesta: esa versión ya no rige. Interior a propuesta de Defensa invierte los papeles, y el Consejo de Ministros no interviene.

El artículo 11.1 enumera las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cada uno de los dos ejerce en su territorio; el artículo 12.1 las llama «funciones comunes». La protección de altas personalidades está en esa lista, en la letra d. Las otras tres salen del reparto material del artículo 12, que da cada materia a uno solo de los dos Cuerpos: no son funciones comunes.