La organización de las unidades de Policía Judicial

El artículo 33 fija que los funcionarios adscritos a las Unidades desempeñan esa función «con carácter exclusivo». El mismo artículo les permite también, cuando las circunstancias lo requieran, misiones de prevención de la delincuencia propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y eso hace tentador «preferente»; pero la salvedad no rebaja la regla, que es la exclusividad, no la preferencia, el reparto ni la costumbre.

El artículo 29.2 da al personal de las policías de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, para el cumplimiento de la función de Policía Judicial, carácter «colaborador» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No actúa solo en su defecto, como diría «supletorio», ni bajo su mando, como diría «subordinado», ni por delegación suya: colabora con ellas.

Quien adscribe es en los dos casos el Ministerio del Interior; lo que cambia es a quién oye. Para adscribir las Unidades a determinados Juzgados y Tribunales oye al Consejo General del Poder Judicial, y para adscribirlas al Ministerio Fiscal, «de igual manera», al Fiscal General del Estado. Las opciones que dan la decisión al Consejo o al Fiscal General invierten los papeles, y la que oye al Consejo es la regla de los juzgados.

La letra b) del artículo 35 les deja fijar, en esas órdenes o instrucciones, «el contenido y circunstancias de las actuaciones que interesen a dichas Unidades»: qué se hace y en qué condiciones. La ley no les atribuye elegir a los funcionarios concretos, asignar los medios materiales ni ordenar las prioridades internas de la Unidad.

El artículo 34.2 les da, en esas diligencias, el carácter de comisionados de los jueces, tribunales y fiscales que se las encargan y las supervisan: actúan por comisión de quien les hizo el encargo. La ley no los convierte en autoridad judicial ni en personal de la Administración de Justicia, ni los hace delegados de la fiscalía.

El artículo 32 trata la Policía Judicial como una función que exige especialización, cursada en los centros de formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con participación de miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal, y hace del diploma un requisito necesario para ocupar puestos en las Unidades que se constituyan. No lo exige para ingresar en una escala, ni para practicar cualquier diligencia de policía judicial o atender un encargo judicial: lo que abre es el acceso a esas Unidades.

La letra c) del artículo 35 les da el control de la ejecución de esas actuaciones «en cuanto a la forma y los resultados»: cómo se hacen y qué se obtiene de ellas. La ley no menciona los plazos ni los medios empleados.

El artículo 36 cierra el capítulo con una remisión: fuera de lo que ese capítulo regula, el personal de las Unidades de Policía Judicial sigue el régimen funcionarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estar adscrito a un juzgado o a una fiscalía no lo convierte en personal de la Administración de Justicia ni del Ministerio Fiscal, ni deja su régimen en manos del órgano al que sirve.

El artículo 30.1 manda organizar las Unidades «atendiendo a criterios territoriales y de especialización delictual»: por zonas y por clases de delito. Ni el presupuesto ni la antigüedad de los funcionarios figuran entre esos criterios.

El artículo 31.1 distingue dos dependencias y pone la orgánica en el Ministerio del Interior: aunque estén adscritos a un juzgado o a una fiscalía, orgánicamente siguen en él. Ni el Ministerio de Justicia, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Fiscalía General del Estado tienen a su cargo esa dependencia.