Las policías de las comunidades autónomas, la colaboración y la coordinación

Velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado, junto con garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, abre la lista del artículo 38.2: lo que las policías autonómicas hacen en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son la Policía Nacional y la Guardia Civil. La tentación es su gemela de la lista de propias: velar por las disposiciones y órdenes singulares de los órganos de la Comunidad (38.1.a), igual que la inspección de las actividades sometidas a su ordenación o disciplina (38.1.c). El auxilio en accidentes, catástrofes o calamidades se presta de forma simultánea e indiferenciada (38.3.b).

El artículo 48.1 hace del Consejo de Política de Seguridad un órgano paritario para coordinar las políticas de seguridad pública del Estado y de las Comunidades: lo preside el Ministro del Interior y lo integran los Consejeros de Interior o Gobernación autonómicos y un número igual de representantes del Estado, designados por el Gobierno de la Nación. Los municipios no tienen representación en él, y los consejeros no designan a nadie.

Los artículos 38 y 39 —las funciones de las policías autonómicas y la coordinación de las Policías Locales— pueden aplicarse a la Policía Foral si así lo establece la normativa propia de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con el artículo 51.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral. Lo decide Navarra: ni el Ministerio del Interior ni el Consejo de Política de Seguridad lo autorizan, y la Junta de Seguridad coordina los cuerpos (apartado 3), no elige la ley aplicable.

La disposición final segunda remite el régimen de la Policía Autónoma de Cataluña a su Estatuto de Autonomía y a las normas que lo desarrollen, y da a esta ley carácter supletorio respecto de ellas, de conformidad con el artículo 13.1 del Estatuto de 1979, al que se remite la ley: solo llena lo que esas normas no regulan, salvo los preceptos que su apartado 2 declara de aplicación directa. No desplaza a las normas catalanas, ni es una ley marco o de armonización de las del artículo 150 de la Constitución.

El 38.2.c da a la policía autonómica la prioridad, pero «sin perjuicio» de que intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando lo estimen necesario las autoridades estatales competentes, bien a requerimiento de las autoridades de la Comunidad, bien por decisión propia. El requerimiento es una de las dos vías, no una condición; lo que se exige siempre es el juicio de las autoridades estatales. La Junta de Seguridad no interviene en esa decisión.

Entre las competencias del artículo 48.2, el Consejo de Política de Seguridad informa las plantillas de los cuerpos autonómicos y sus modificaciones, y puede establecer el número máximo de sus efectivos. No las aprueba, y el tope que puede fijar es por arriba, no un mínimo. Lo que el Consejo sí aprueba son los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial y las directivas y recomendaciones de carácter general.

El artículo 37.1 ata la posibilidad al Estatuto: pueden crear Cuerpos de Policía las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos esté previsto. Una ley autonómica no sustituye al Estatuto, que es donde tiene que estar prevista esa posibilidad. Tampoco hace falta autorización de nadie, ni del Gobierno de la Nación ni del Consejo de Política de Seguridad: el artículo 37.1 no pone más condición que el Estatuto.

El artículo 41.4 permite a las policías autonómicas portar armas de fuego, pero reserva «en todo caso» al Gobierno de la Nación el otorgamiento de la licencia de armas. La Comunidad crea su policía y la dota de medios, pero la licencia no la concede ni su gobierno ni su consejero de Interior; tampoco la Junta de Seguridad, que es un órgano mixto del Estado y la Comunidad.

El uso de la coacción para la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma es la letra d de las funciones que el artículo 38.1 da a sus policías con carácter de propias. La vigilancia de los espacios públicos y la protección de las manifestaciones están en la segunda lista, la de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados y la participación en la ejecución de los planes de protección civil, aunque sean autonómicos, se prestan de forma simultánea e indiferenciada (38.3.a y b).

El artículo 49.1 crea dentro del Consejo de Política de Seguridad un Comité de Expertos de ocho representantes: cuatro del Estado y cuatro de las Comunidades Autónomas, estos últimos designados anualmente por los miembros del Consejo que representan a las Comunidades. Las normas de su composición y funcionamiento las fija el Reglamento de régimen interior del Consejo (49.2).

Es la doble dependencia del artículo 47: las unidades adscritas dependen funcionalmente de las autoridades de la Comunidad Autónoma, que las pidió para las funciones del 38.1, y orgánicamente del Ministerio del Interior. La opción invertida es la trampa: lo funcional es de la Comunidad y lo orgánico, del Ministerio. El mismo artículo exige que la adscripción afecte a unidades operativas completas, no a miembros individuales del Cuerpo.

El artículo 50 prevé una Junta de Seguridad en las Comunidades con policía propia, con igual número de representantes del Estado y de la Comunidad, para coordinar la actuación de los dos cuerpos; y su apartado 2 la hace el órgano competente para resolver las incidencias de su colaboración. El Consejo de Política de Seguridad nace para coordinar las políticas de seguridad pública del Estado y de las Comunidades (artículo 48) y su Comité de Expertos lo asesora: la ley no da a ninguno de los dos esta competencia. Tampoco las resuelve la Delegación del Gobierno: el 50.2 no le da esa función.

El artículo 39.b encarga a las Comunidades Autónomas establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los Cuerpos de Policías Locales en tres materias: los medios técnicos, para aumentar su eficacia y colaboración, los uniformes y las retribuciones. Plantillas, armamento, jornada u horarios no están en esa letra. Las demás funciones de coordinación del artículo son las normas-marco de los reglamentos de Policías Locales, los criterios de selección, formación, promoción y movilidad, y la formación profesional mediante escuelas.

El artículo 46.2 lo resuelve a favor del Estado: cuando en la prestación de un servicio o en una actuación concreta concurren a la vez miembros o unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la policía de la Comunidad, la dirección de la operación la asumen los Mandos de los primeros. No depende de quién actuó primero ni de una designación de la Junta de Seguridad. El auxilio que la Comunidad recaba por falta de medios (46.1) tiene su propia regla.

El Comité de Expertos asesora técnicamente al Consejo y prepara los asuntos que este debatirá en Pleno; el artículo 49 le encarga, con carácter específico, elaborar y proponer fórmulas de coordinación, preparar acuerdos de cooperación, proponer programas de formación y perfeccionamiento de las Policías y elaborar planes de actuación conjunta. La tentación es el convenio: el Comité prepara los acuerdos de cooperación, pero informarlos corresponde al propio Consejo (48.2), igual que aprobar directivas y recomendaciones de carácter general. Las condiciones de la promoción interna a los puestos de mando también las determina el Consejo (43.3).

La conservación de la naturaleza y el medio ambiente, los recursos hidráulicos y la riqueza cinegética, piscícola y forestal están en la tercera lista del artículo 38, la de prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la policía autonómica y la estatal la ejercen a la vez, sin que ninguna tenga preferencia. No es una función propia de la Comunidad, como velar por sus propias disposiciones (38.1), ni de colaboración: la prioridad de la policía autonómica es un rasgo de una sola función de la segunda lista. Y el artículo no habla de delegación.