El DNI, el pasaporte y la identidad de los extranjeros

El artículo 13.3 obliga a los extranjeros a exhibir su documentación y a permitir su comprobación cuando la autoridad o sus agentes se lo piden, pero solo por el tiempo imprescindible para esa comprobación. Ese tiempo no lo fijan los agentes a su criterio, ni se alarga hasta acabar la identificación o hasta que conteste el consulado.

El artículo 11.2 solo permite exceptuar el derecho al pasaporte en cuatro circunstancias, y en todas interviene un órgano judicial; una de ellas, la letra c), es tener impuesta una medida de libertad vigilada con prohibición de abandonar el territorio nacional. Una prohibición de salir de España que no venga de un juez no está en la lista, como tampoco lo están estar investigado sin que el juez haya acordado nada sobre el pasaporte o deber una multa.

El artículo 11.1 dice que el pasaporte acredita, salvo prueba en contrario, la identidad y la nacionalidad de los españoles fuera de España, y dentro del territorio nacional las mismas circunstancias de los españoles no residentes. Dentro de España no cumple esa función para todos los españoles, sino para los que no residen en ella; y acredita la identidad tanto como la nacionalidad.

Desde la reforma del Real Decreto-ley 14/2019, el artículo 8.1 dice que el DNI es el único documento con valor suficiente por sí solo para acreditar, a todos los efectos, la identidad y los datos personales de su titular. «Salvo prueba en contrario» es lo que el artículo 11.1 dice del pasaporte, no del DNI. Y su valor no queda limitado a los procedimientos administrativos ni depende del certificado de firma electrónica: identificarse y firmar electrónicamente es algo que el documento permite además, según el artículo 8.3.

Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad privativas de libertad no extinguidas es una de las circunstancias en que el artículo 11.2 exceptúa el derecho al pasaporte, pero la propia letra a) deja una salida: que la persona obtenga autorización del órgano judicial competente. No hace falta esperar a que la pena se extinga, y menos a que se cancelen los antecedentes; la autorización ha de venir del órgano judicial, no del centro penitenciario, y la letra a) no prevé expedirlo con una validez territorial limitada.

El artículo 13.3 obliga a los extranjeros a exhibir su documentación cuando la autoridad o sus agentes se la piden, pero si no la llevan consigo pueden demostrar su identidad por cualquier otro medio. No quedan exentos de identificarse ni pueden negarse a hacerlo hasta tenerla, y el artículo no les da derecho a exigir que los agentes acudan a su consulado.

El artículo 9.1 lo hace obligatorio a partir de los catorce años. Antes de esa edad también puede tenerse, porque el artículo 8.1 reconoce a los españoles el derecho a que se les expida, pero nadie está obligado a obtenerlo. Ni los doce, ni los dieciséis, ni los dieciocho años son la edad de la obligación en esta ley.

Según el artículo 8.3, el certificado lo revoca el prestador de servicios de certificación, y lo hace a instancia del Ministerio del Interior. El reparto no se invierte: el Ministerio no revoca el certificado ni actúa a petición del prestador, y el Registro Civil no se dirige al prestador para que lo revoque.

El artículo 12.1 reparte la expedición del pasaporte según dónde se pida, y en el extranjero la atribuye a las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España. No la hacen los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, ni la policía por medio de agregados, ni las autoridades del país en que reside.

El artículo 11.3 condiciona el pasaporte de quien está sujeto a patria potestad o a tutela al consentimiento expreso de las personas u órgano que la ejercen o, en su defecto, del órgano judicial competente. El Ministerio Fiscal no aparece en el artículo, y ni el Registro Civil ni la oficina que tramita el pasaporte pueden suplir un consentimiento que la ley pide a quienes ejercen la patria potestad o la tutela, o al juez.

El artículo 9.2 obliga a quien debe tener el DNI a exhibirlo y a permitir que se comprueben sus medidas de seguridad, las del artículo 8.2, cuando la autoridad o sus agentes se lo piden para los fines del artículo 16.1. No le obliga a dejar que se lo retengan, porque el artículo 9.1 prohíbe privarle de él ni siquiera temporalmente; y ni fotografiar el documento ni llevárselo para cotejarlo forman parte de lo que el 9.2 le obliga a permitir; llevárselo, además, sería privarle de él.

El artículo 10 atribuye al Ministerio del Interior la competencia exclusiva sobre la confección y la expedición del DNI, y dice que la ejerce la Dirección General de la Policía, a la que corresponden también la custodia y la responsabilidad de los archivos y ficheros del documento. No es la Dirección General de la Guardia Civil, ni la Secretaría de Estado de Seguridad, ni las Delegaciones del Gobierno.

El artículo 13.1 da a los extranjeros que están en España el derecho y la obligación de conservar y portar consigo dos documentaciones: la que acredita su identidad, expedida por las autoridades competentes de su país de origen o de procedencia, y la que acredita su situación regular en España. El padrón, los medios económicos o la afiliación a la Seguridad Social no forman parte de lo que este artículo les manda llevar.

El artículo 9.1 es tajante: el titular no puede ser privado de su DNI, «ni siquiera temporalmente», salvo en los supuestos en que, conforme a la ley, haya de ser sustituido por otro documento. Por eso no cabe retenérselo mientras se le identifica ni como prueba de una infracción, y una resolución motivada de la autoridad tampoco basta si no se trata de esa sustitución.

Además de a los mayores de edad con plena capacidad de obrar, el artículo 8.3 reconoce estas dos facultades a los menores emancipados, y a ningún otro menor. Una edad por sí sola, sea la de catorce o la de dieciséis años, no las abre a un menor que no esté emancipado, ni tampoco la autorización de sus padres: lo que cuenta es la emancipación.