Las infracciones y las sanciones de la seguridad ciudadana

El art. 31.3 impide castigar dos veces lo mismo: si una acción u omisión ya sirve para graduar la sanción, o para calificar la infracción, no puede sancionarse además como infracción independiente, sea de esta Ley o de otra. Tampoco empuja la multa a un grado distinto: ya la ha tenido en cuenta la propia graduación.

El art. 37.13 califica como leves los daños o el deslucimiento de bienes de uso o servicio público, y de bienes privados en la vía pública, si no son infracción penal. Obstaculizar la vía pública con mobiliario, vehículos o contenedores causando una alteración grave de la seguridad ciudadana (36.3), impedir u obstaculizar los servicios de emergencia con riesgo (36.5) y los actos de obstrucción a una autoridad o un empleado público (36.4) son graves.

El art. 36.21 hace grave alegar datos o circunstancias falsos para obtener las documentaciones previstas en la Ley, si no es infracción penal: se miente para conseguir el documento. No obtener la documentación exigida y omitir por negligencia la denuncia de su sustracción o extravío están en el art. 37.10, y negarse a entregarla cuando se ha acordado su retirada, en el 37.12: los tres, leves.

La regla general del art. 38.2 cuenta desde el día en que se cometió la infracción, pero tiene dos excepciones: en las continuadas, desde el día en que se realizó la última infracción, y en las de efectos permanentes, desde que se eliminó la situación ilícita. Mientras la situación ilícita dura, el plazo no corre. El conocimiento por la Administración no es el día inicial en ningún caso.

Lo que separa los dos apartados es a quién se dirige la luz. El art. 35.4 la hace muy grave cuando se proyecta sobre pilotos o conductores de medios de transporte, porque puede deslumbrarles y provocar accidentes. Proyectarla sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar sus funciones es la leve del art. 37.6. El tipo de aparato no cuenta: los dos dicen «mediante cualquier tipo de dispositivo».

El art. 32.3 no limita a los alcaldes por la clase de la infracción, sino por el lugar y el objeto: pueden sancionar cuando las infracciones se cometan en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que tengan competencia sobre la materia según la legislación específica. No depende de una delegación del Delegado del Gobierno ni de quién haya denunciado.

El art. 36.2 protege la sede, no la sesión: la infracción se comete frente al Congreso, el Senado o las asambleas legislativas autonómicas «aunque no estuvieran reunidas». Tampoco depende de que haya sesión plenaria ni de los periodos de sesiones ni de que la manifestación se hubiera comunicado; lo que exige es una perturbación grave de la seguridad ciudadana que no sea infracción penal.

El art. 30.2 declara exentos de responsabilidad a los menores de catorce años, pero no deja el hecho sin respuesta: la autoridad competente lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que inicie, en su caso, las actuaciones oportunas. Como el menor está exento, no hay multa que imponerle, ni en grado mínimo ni trasladada a sus padres; y la Ley no encarga esa comunicación a los servicios sociales.

El art. 31.1 ordena las reglas: primero el precepto especial se aplica con preferencia al general; después, el más amplio o complejo absorbe al que sanciona las infracciones consumidas en él; y solo en defecto de esos dos criterios el precepto más grave excluye a los que sancionan el hecho con una sanción menor. Es, por tanto, la regla de cierre, no la primera. Por eso no desplaza al precepto especial aunque este prevea una sanción menor. Y no exige que los dos preceptos sean de la misma ley: el encabezado habla de preceptos «de esta u otra Ley».

El art. 39.1 fija la multa de las graves de 601 a 30.000 euros; la de las leves va de 100 a 600. Los tramos de 601 a 10.400 y de 10.401 a 20.200 euros no son la multa de las graves, sino sus grados mínimo y medio (art. 39.1.b).

El art. 37.17 hace leve el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana: el adverbio no lo sube de clase. Las conductas con drogas son graves: el consumo o la tenencia ilícitos en lugares públicos (36.16), el traslado de personas para facilitarles el acceso (36.17) y la plantación o el cultivo visibles al público (36.18).

El art. 43.1 crea el Registro Central en el Ministerio del Interior a efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia en las infracciones de esta Ley. No es un registro de antecedentes que se certifique, ni sirve para dar publicidad a los infractores ni para cobrar las multas.

El art. 36.11 sanciona la solicitud o aceptación por el demandante de esos servicios en zonas de tránsito público próximas a lugares destinados a menores, o donde puedan generar un riesgo para la seguridad vial. A quien los ofrece no lo tipifica en este apartado: los agentes le requieren que se abstenga y le informan de que no atender el requerimiento podría ser la infracción del párrafo 6 del mismo artículo. Ni el titular de un local ni un intermediario aparecen en él.

La conducta es la misma en los dos artículos; cambia el resultado. El art. 35.1 la hace muy grave cuando se ha generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas. Una interferencia grave en el funcionamiento de la instalación es justo la condición del art. 36.9, que la deja en grave. El sobrevuelo no eleva nada: los dos apartados lo incluyen expresamente en la intrusión.

El art. 39.1.a) divide la multa de las muy graves en tres tramos: el grado mínimo, de 30.001 a 220.000 euros; el medio, de 220.001 a 410.000; y el máximo, de 410.001 a 600.000. Los tramos de 10.401 a 20.200 y de 20.201 a 30.000 euros son de las infracciones graves (art. 39.1.b), no de las muy graves.

El art. 39.2.b) excluye el comiso cuando los bienes, medios, instrumentos o efectos pertenecen a un tercero de buena fe, no responsable de la infracción, que los adquirió legalmente. Que los haya comprado legalmente el propio infractor no le salva: la excepción protege al tercero. La Ley no la liga a la clase de la infracción ni al pago de la multa.

El art. 39.2.c) admite la suspensión por infracciones muy graves (de seis meses y un día a dos años) y también por las graves (hasta seis meses), sin exigir reincidencia: la reincidencia solo alarga esos plazos. Las leves no la llevan. Y en todo caso cabe solo en las materias del capítulo IV, las potestades especiales de policía administrativa de seguridad.

El art. 31.2 no suma sanciones: cuando un solo hecho constituye varias infracciones, o una es medio necesario para cometer otra, la conducta se sanciona por la infracción que aplique una mayor sanción. Tampoco se imponen todas por separado, ni obliga a imponerla en grado máximo: el grado se decide con las reglas de graduación del art. 33.

El art. 33.2 distingue dos listas. Las circunstancias que, con que concurra al menos una, llevan la multa al grado medio son cuatro, y entre ellas está ejecutar los hechos con una prenda u objeto que cubra el rostro e impida o dificulte la identificación. La capacidad económica del infractor, el grado de culpabilidad y la alteración ocasionada en el funcionamiento de los servicios públicos son de la otra lista: criterios para individualizar la multa dentro de cada grado, que no cambian el grado.

La frontera está entre tener mal el registro y no tenerlo. Las irregularidades en su cumplimentación son leves (art. 37.9); la carencia de los registros que la Ley exige es grave (art. 36.20). También son graves la negativa de acceso a las inspecciones reglamentarias (36.13) y la falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los supuestos del art. 7 (36.15).