El control de armas, explosivos, establecimientos y espectáculos

El art. 25.2 añade a las actividades del 25.1 dos clases de titulares de vehículos, y solo dos: los de embarcaciones de alta velocidad y los de aeronaves ligeras. Lo que lleva a una embarcación a la lista es la alta velocidad, no la eslora; ni las motocicletas ni las autocaravanas aparecen en el artículo.

El art. 27.4 remite los espectáculos deportivos, «en todo caso», a las medidas de prevención de la violencia de la legislación específica contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. La fuente de esas medidas es esa legislación, no el reglamento de una federación, un acuerdo del club con la policía ni una decisión del ayuntamiento.

El art. 27.2 da a las autoridades dos medidas según el momento: prohibir el espectáculo y, «en caso de estar celebrándose», suspenderlo. Basta un peligro cierto para personas y bienes, o graves alteraciones de la seguridad ciudadana ocurridas o previstas. Que ya haya empezado no cierra la puerta, y el artículo no pide ninguna autorización judicial para suspenderlo.

El art. 25.1 enumera, «como» ejemplos, actividades relevantes para la seguridad ciudadana: hospedaje, transporte de personas, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos, establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o productos de desecho y venta de productos químicos peligrosos. Lo telefónico que nombra no es vender teléfonos, sino dar acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos; ni los trasteros ni los aparcamientos están en la lista.

El art. 28.2 habilita a los servicios que ejercen la intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos para hacer «en cualquier momento» las inspecciones y comprobaciones necesarias en los espacios de fabricación, depósito, comercialización o utilización. La ley no las condiciona a una autorización judicial previa, a una denuncia ni al horario de actividad: el único límite que pone es que sean necesarias.

El art. 29.1.b) obliga a tener licencia, permiso o autorización para adquirir, tener y usar armas de fuego, y endurece el régimen de las de defensa personal: su expedición tiene carácter restrictivo y la concesión se limita a supuestos de estricta necesidad. No basta con reunir los requisitos generales, la ley no lo deja al criterio de una autoridad concreta ni lo condiciona a tener ya otra licencia.

El art. 28.1 atribuye al Gobierno tres cosas: regular los requisitos y condiciones de las armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales; regular los de explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, y adoptar las medidas de control para que se cumplan. El Ministerio del Interior aparece en el apartado siguiente, pero para la intervención de armas, no para regular sus requisitos; y la ley no deja esa regulación ni a Defensa ni a las Cortes.

La lista del art. 25.1 se cierra con los establecimientos «de venta de productos químicos peligrosos a particulares». El destinatario es lo que importa: la ley nombra la venta al particular, no la que se hace a otras empresas, a laboratorios o a las Administraciones públicas.

Para conceder estas licencias se tienen en cuenta la conducta y los antecedentes del interesado, y por eso el art. 29.1.b) exige que el solicitante consienta expresamente, a favor del órgano de la Administración General del Estado que tramita su solicitud, que se recaben sus antecedentes penales. El consentimiento que pide la ley es ese; no menciona inspecciones del lugar de custodia, ni el historial médico, ni la actividad deportiva.