La identificación, los registros y las reuniones y manifestaciones

El 16.2 manda acompañar a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para practicar la diligencia. Las del pueblo son las más cercanas, pero no tienen esos medios. La ley no deja la elección al juez de guardia ni la ata a la unidad de los agentes.

Con indicios de que en un lugar público se portan armas u objetos que generan un riesgo grave, el 18.1 permite practicar las comprobaciones necesarias en personas, bienes y vehículos y, en su caso, intervenirlos; los ciudadanos deben colaborar. No hace falta orden judicial, el traslado a dependencias del artículo 16 sirve solo para identificar, y la comprobación es preventiva: no espera a que se cometa el delito.

El 16.1 manda respetar estrictamente en la identificación tres principios: proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. La injerencia mínima no está en esa lista: es el principio que el artículo 20.3 suma a esos tres para los registros corporales externos.

El 17.2 permite establecer controles para prevenir delitos «de especial gravedad o generadores de alarma social», y también para descubrir y detener a quienes hayan participado en ellos y recoger los instrumentos, efectos o pruebas. El criterio no es la clase de pena, ni que el autor sea una organización, ni una orden del Delegado del Gobierno.

El 20.2.b manda que, cuando el registro deja a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se deje constancia escrita de la diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la adoptó. No pide hacer constar un consentimiento de la persona registrada, un permiso del jefe de la unidad ni una comunicación al juez.

El 16.4 manda expedirle a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia, la causa y la identidad de los agentes actuantes. La ley no prevé darle copia del asiento del libro-registro, ni un acta firmada por ella y el agente, ni una diligencia de puesta en libertad.

La excepción que admite el 20.2 es una sola: la urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes. No la abren la falta de agentes del mismo sexo en la unidad, el consentimiento de la persona registrada ni el riesgo de que se pierdan pruebas.

El libro-registro solo admite asientos relacionados con la seguridad ciudadana, y el 16.3 cierra quién puede recibir sus datos: la autoridad judicial competente y el Ministerio Fiscal. La autoridad gubernativa y la policía local no figuran. Al Fiscal, además, la Administración le remite cada mes un extracto de las identificaciones con el tiempo empleado en cada una.

El 19.2 manda que la aprehensión conste en un acta que debe firmar el interesado y, si se niega, que se deje constancia expresa de su negativa. Su firma no se sustituye por otra, la negativa no permite retenerlo hasta que firme y el acta no va al juez para recabarla.

El 16.2 limita la permanencia al tiempo estrictamente necesario, que «en ningún caso» puede superar las seis horas. Es un techo, no un plazo que se pueda agotar: si la identificación se logra antes, la permanencia termina antes.

El 16.2 exige que no haya sido posible identificarla por cualquier medio —también por vía telemática o telefónica— o que se niegue a identificarse, y que el traslado sirva para impedir un delito o sancionar una infracción. No llevar documentación no basta si se la puede identificar de otro modo, y los indicios de haber participado en una infracción no justifican por sí solos el traslado.

El 20.4 permite practicar el registro contra la voluntad del afectado, con las medidas de compulsión indispensables y conforme a tres principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La celeridad no está entre ellos.

El 17.2 condiciona el control a que «resulte indispensable» identificar a las personas que estén en esos lugares, registrar vehículos o controlar superficialmente los efectos personales. No exige autorización judicial ni acuerdo escrito de la autoridad gubernativa, ni que el delito se haya cometido en esa vía: el control también sirve para prevenir.

Como regla, el 20.2.a manda que el registro lo haga un agente del mismo sexo que la persona registrada, y eso no depende de que ella lo pida ni de que no se oponga. El lugar reservado es otra garantía, la del 20.2.b, para cuando el registro deja a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por la ropa, y no sustituye a la del sexo.

El 15.4 manda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, cuando entren en un domicilio particular por las causas de ese artículo, remitan sin dilación el acta o atestado a la autoridad judicial competente. El destinatario no es el Ministerio Fiscal ni la Delegación del Gobierno, y la ley no prevé entregarlo al titular y archivarlo.

El 23.2 manda que las medidas de intervención en reuniones y manifestaciones sean graduales y proporcionadas a las circunstancias, y que la disolución sea el último recurso. El artículo no la adelanta porque la reunión no se comunicara o porque se supere el aforo comunicado, y no la encomienda al juez de guardia.

Como regla, el 23.3 obliga a avisar antes a los afectados, de palabra si la urgencia lo exige. Pero si la seguridad ciudadana se altera con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos —y los adoquines lo son—, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden disolverla sin necesidad de previo aviso. Ese aviso, que es la regla del primer párrafo del 23.3, deja de ser necesario cuando la alteración se produce con objetos contundentes o peligrosos; y la ley no lo hace depender de que la manifestación se hubiera comunicado.

El 16.2 obliga a informarla de modo inmediato y comprensible de las razones de la solicitud y, en su caso, del requerimiento para que acompañe a los agentes a dependencias. Ni la asistencia de abogado ni el derecho a no declarar figuran en ese artículo, y pedir la identificación no supone imputar una infracción.

El artículo 21 define la emergencia como la situación de riesgo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una actuación rápida de la autoridad o de sus agentes para evitarla o mitigar sus efectos. No requiere una declaración del Gobierno ni una denuncia, y no equivale a cualquier alteración del orden público.

El artículo 24 remite la colaboración mutua de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en reuniones y manifestaciones a «su Ley orgánica reguladora», que es la Ley Orgánica 2/1986. No la remite a la ley orgánica del derecho de reunión, ni a lo que decidan los organizadores o el jefe de una unidad.