El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El art. 9.3 dice dos cosas: la prisión preventiva de quienes hayan de ser juzgados no debe ser la regla general, y su libertad puede quedar subordinada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio, en las diligencias o para la ejecución del fallo. No la convierte en la regla, pero tampoco exige dejar libre al acusado sin más: la libertad puede condicionarse a esas garantías.

El art. 4.1 habla de situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación «y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente». Pide esa proclamación oficial y no somete la situación a la constatación del Comité de Derechos Humanos ni a la de ningún órgano de las Naciones Unidas. Además, las medidas solo caben en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación.

El art. 50 extiende el Pacto a todas las partes componentes de los Estados federales «sin limitación ni excepción alguna». No deja que cada parte lo acepte por su cuenta, ni que el Estado elija a cuáles se aplica, ni excluye las materias que correspondan a esas partes.

El art. 6.5 protege a dos grupos: no se impone la pena de muerte por delitos cometidos por menores de dieciocho años, y no se aplica a las mujeres en estado de gravidez. La edad avanzada, la enfermedad mental o el carácter político del delito no figuran en ese apartado.

El art. 1.2 deja que los pueblos dispongan libremente de sus riquezas y recursos naturales «sin perjuicio» de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, basada en el beneficio recíproco, y del derecho internacional. No lo subordina a la ley de un Estado ni a lo que decidan o acuerden la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Y cierra con un límite que nada levanta: en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

El art. 41.1.b) da ese derecho a «cualquiera de ambos Estados Partes interesados»: no lo reserva al que envió la comunicación ni al que la recibió, y no exige que los dos se pongan de acuerdo. Lo someten mediante una notificación dirigida al Comité y al otro Estado. Todo este cauce solo funciona entre Estados que hayan declarado reconocer la competencia del Comité.

El art. 4.3 manda informar «inmediatamente» a los demás Estados Partes en el Pacto; el Secretario General de las Naciones Unidas es solo el conducto. El aviso dice qué disposiciones se suspenden y por qué motivos, y sus destinatarios no son el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General. Cuando la suspensión termina, se hace una nueva comunicación por el mismo cauce.

Según el art. 51.2, la enmienda entra en vigor cuando la aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas y la acepta una mayoría de dos tercios de los Estados Partes; pero el 51.3 solo la hace obligatoria para quienes la aceptaron. Los demás siguen obligados por el Pacto y por las enmiendas anteriores que aceptaran: ni quedan vinculados por la nueva ni se desligan del Pacto.

El art. 30.4 pide dos cosas a la vez: estar entre los candidatos con mayor número de votos y reunir la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. Los dos tercios son otra cosa: el quórum de esa reunión. Y la mayoría no se cuenta sobre todos los Estados Partes, sino sobre los presentes y votantes.

El art. 40.1 fija el primer informe en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Pacto para cada Estado y, «en lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida». El Pacto no pone una periodicidad en años ni deja la petición al Consejo Económico y Social, al que el Comité puede, eso sí, transmitir sus comentarios (art. 40.4). Los dos años son el período por el que el Comité elige su Mesa (art. 39.1), que nada tiene que ver con los informes.

El art. 10.2.a) manda separar a los procesados de los condenados «salvo en circunstancias excepcionales», y darles un trato distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. La salvedad no depende del consentimiento del procesado ni de la gravedad de la pena que se pida; y la minoría de edad no es motivo para juntarlos, porque el 10.2.b) manda separar también a los menores procesados de los adultos.

El art. 34.1 solo pone en marcha la sustitución si el mandato del miembro que se va «no expira dentro de los seis meses» siguientes a la declaración de la vacante; con tres meses por delante, no se cubre. Cuando sí se cubre, el elegido ocupa el cargo por el resto del mandato de quien dejó el puesto (art. 34.3), no uno completo. Y el procedimiento vale para cualquier vacante declarada conforme al art. 33, no solo para la muerte o la renuncia.

El art. 28.1 crea el Comité de Derechos Humanos con dieciocho miembros. Nueve y doce son otras cifras del Pacto, de otra cosa: nueve, los miembros de la primera elección cuyo mandato expiró a los dos años (art. 32.1); doce, los que constituyen quórum (art. 39.2). Los miembros son nacionales de los Estados Partes y ejercen sus funciones a título personal (arts. 28.2 y 28.3).

El art. 14.6 manda indemnizar, conforme a la ley, a quien sufrió una pena por una sentencia condenatoria firme que luego se revoca, o cuyo condenado es indultado, por un hecho que prueba plenamente el error judicial. La única salvedad es que se demuestre que a él le es imputable, en todo o en parte, no haber revelado a tiempo ese hecho. Habla de quien haya sufrido «una pena», sin distinguir su clase; haberla cumplido es justo lo que se indemniza, y el apartado no mira la culpa del tribunal.

El art. 27 reconoce ese derecho «a las personas que pertenezcan a dichas minorías», que lo ejercen «en común con los demás miembros de su grupo». No lo atribuye a la minoría como colectivo ni a sus representantes, no lo reserva a quienes tengan la nacionalidad del Estado y no lo condiciona a que el Estado reconozca oficialmente la minoría: basta con que exista.

El art. 12.1 da el derecho a «toda persona que se halle legalmente en el territorio»: no lo reserva a los nacionales ni a los residentes permanentes, pero tampoco lo extiende a quien está en el país sin estar en él legalmente. Además, el 12.3 permite restringirlo cuando lo prevea la ley y sea necesario para fines como la seguridad nacional o el orden público.

El art. 29.2 deja a cada Estado Parte proponer hasta dos personas y exige que sean nacionales del Estado que las propone. La misma persona puede ser propuesta más de una vez (art. 29.3), y el Comité no puede comprender más de un nacional de un mismo Estado (art. 31.1).