El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El art. 2.3 es una excepción estrecha por sus dos lados. Solo la tienen «los países en vías de desarrollo», teniendo en cuenta los derechos humanos y su economía nacional; los demás Estados quedan en la regla del art. 2.2, que obliga a garantizar los derechos sin discriminación, también por origen nacional. Y solo alcanza a «los derechos económicos»: no a los sociales ni a los culturales, que el artículo no nombra.

El art. 2.1 fija las dos cosas. El alcance: las medidas se adoptan «hasta el máximo de los recursos de que disponga» el Estado, no dentro de los de su presupuesto ordinario. Y el medio: «por todos los medios apropiados», entre los que nombra «en particular» la adopción de medidas legislativas; son uno de los medios, no el único.

El art. 13.2.c dice que la enseñanza superior debe hacerse accesible «a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno». No la reserva a quienes hayan completado la secundaria, y el criterio que nombra es la capacidad, no los recursos económicos.

El art. 21 dice que el Consejo Económico y Social «podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general», con un resumen de lo que le llega de los Estados y de los organismos especializados. Ni el Secretario General, ni el Consejo de Seguridad ni la Corte Internacional de Justicia figuran en el art. 21.

Dentro del art. 11, solo el apartado 2 usa esa expresión: los Estados actúan «reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre», con programas para mejorar la producción y la distribución de alimentos. El nivel de vida adecuado, que incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y la mejora continua de las condiciones de existencia están en el art. 11.1, que los reconoce sin llamarlos fundamentales.

El art. 6.1 no promete un empleo: el derecho a trabajar comprende el de toda persona «de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado», y los Estados se obligan a tomar «medidas adecuadas para garantizar este derecho» (el 6.2 nombra algunas, como la orientación y la formación técnicoprofesional). Que el Estado asigne o garantice un puesto no es lo que dice el artículo, que tampoco habla de un deber de trabajar: reconoce un derecho.

El art. 13.3 obliga a respetar esa libertad «siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza». La condición la cumplen las escuelas, no los padres: no tienen que justificar su elección ni pagarla sin ayuda, condiciones que el artículo no pone. Y no exige que sigan el mismo plan de estudios que las públicas: basta con que cumplan esas normas mínimas.

El art. 10.2 pide una especial protección a las madres durante un período razonable antes y después del parto y, a las que trabajen, que se les conceda «licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social». Es una licencia, no una reducción de jornada, y no puede ser sin sueldo ni cobertura: el artículo exige una de las dos cosas, la remuneración o las prestaciones.

El art. 8.1.b reparte dos derechos: el de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales, «y el de éstas» a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a ellas. Funcionar sin obstáculos es otro derecho de los sindicatos, el del 8.1.c, y la huelga del 8.1.d no se atribuye a las federaciones. En España, el art. 28.1 de la Constitución da directamente a los sindicatos el derecho a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a ellas; el 8.1.b del Pacto lo pone en las federaciones o confederaciones.

El art. 7.c reconoce la igual oportunidad de todos de ser promovidos «sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad». Con ese «sin más», cualquier otro factor queda fuera: ni el rendimiento acreditado ni la titulación figuran en el artículo.

El art. 17.3 ahorra la repetición: cuando la información ya se ha dado a las Naciones Unidas o a un Organismo especializado, «no será necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia concreta a la misma». No pide copia certificada, ni que el informe la repita para estar completo, ni permite omitirla sin más: el informe tiene que hacer referencia concreta a ella.