La prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil

Este real decreto crea los órganos, pero deja su detalle a una orden ministerial: nivel orgánico, adscripción, dependencia, normas de funcionamiento, competencias, medios y funciones específicas. No hace falta una norma de rango superior, y tampoco basta con una instrucción interna.

El 3 bis.d nombra dos cosas: la concepción de los puestos de trabajo y la elección de los equipos, con objeto de reducir los posibles efectos negativos del trabajo en la salud. Su gemelo de la Ley 31/1995, el art. 15.1.d, añade «los métodos de trabajo y de producción» y habla de adaptar «el trabajo a la persona». Quien estudia las dos listas juntas tiende a sumarle al real decreto lo que solo dice la Ley.

La información médica de carácter personal queda limitada al personal médico y a las autoridades que llevan a cabo la vigilancia. Sin consentimiento expreso del afectado, no se facilita a otras personas. Aun así, quien ostenta el mando de unidad nivel Comandancia o similar y sus órganos de prevención reciben las conclusiones sobre la aptitud o sobre la necesidad de mejorar las medidas de protección, no el contenido médico, para poder desarrollar sus funciones preventivas.

El art. 4.2 distingue dos cosas. La evaluación se actualiza periódicamente o cuando cambian las condiciones de las actividades, y se revisa, si hace falta, con ocasión de los daños producidos. La memoria y las inspecciones existen, pero el art. 4.2 no las convierte en motivo de revisión.

El art. 15 separa dos controles. El interno lo hace cada órgano de prevención sobre los que dependen de él; el externo, la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, a la que el Servicio de Prevención remite copia de su memoria anual. No es la Inspección de Trabajo, que es la que vigila el cumplimiento en la Ley 31/1995.

Los planes de emergencia se incorporan como anexo a los planes de seguridad de los centros y organismos de la Dirección General. Lo tentador es pensar en el plan de prevención del art. 4, porque es la misma materia; pero el art. 5 los une a los planes de seguridad de cada centro.

La discrepancia no se decide dentro de la Dirección General: la Inspección puede elevarla al Secretario de Estado de Seguridad, que, previos los informes que estime oportunos, dicta la resolución procedente. Ojo con el procedimiento parecido de la Ley 31/1995, art. 45.1.c, donde una discrepancia entre Ministros se eleva al Consejo de Ministros: ese no es el cauce del art. 16.

La Dirección General adapta los planes de formación para que el personal disponga de ella desde su incorporación a la actividad profesional, y la prevención entra además en la formación continua. Quien está destinado en un órgano de prevención recibe, encima, una formación especializada; esa es la que tienta, pero es un añadido, no el comienzo.

La sustitución no es incondicional: el 3 bis.h la limita a cuando sea posible «por la naturaleza y circunstancias de los servicios a realizar». Es la peculiaridad del Cuerpo escrita dentro del principio: un medio más seguro no se impone si el servicio no lo admite. La condición no es administrativa ni económica, y por eso ni una autorización ni el presupuesto entran en este apartado.

No basta con estar en el ámbito personal del art. 2.a: también cuenta la función que se realiza. Si esta no es exclusiva de policía, seguridad, resguardo aduanero o protección civil operativa, rige la normativa general de prevención con las particularidades de la Administración General del Estado. De este texto solo se le añade lo relativo al derecho de información, los órganos de representación, los cauces de participación y los órganos de prevención, seguridad y vigilancia de la salud; por eso no se le aplica entero.

El art. 3 bis, añadido por el Real Decreto 67/2026, se parece mucho al art. 15 de la Ley 31/1995, pero no es igual. La Ley manda evaluar «los riesgos que no se puedan evitar»; el 3 bis.b amplía la fórmula a los de «imposible o muy difícil evitación»: no solo lo que no se puede evitar, también lo que cuesta mucho evitar.

Callar tiene efecto: sin alegaciones, el art. 16 entiende que no hay discrepancia sobre las anomalías ni sobre cómo subsanarlas, y la propuesta adquiere automáticamente carácter definitivo. Después, el Director General encomienda al Servicio de Prevención los trámites para llevar a cabo las medidas, y el Servicio da cuenta a la Inspección cuando se subsana.

El art. 16 da 30 días hábiles desde la notificación de la propuesta de requerimiento, que llega al Director General a través del Servicio de Prevención. Las otras cifras viven en otras normas: 3 días hábiles es lo que da la Ley 31/1995, art. 44.1, para impugnar la paralización, y entre 10 y 15 días se mueve el trámite de audiencia de la Ley 39/2015, art. 82.2. Este plazo es más largo que todos ellos.

El art. 1 enumera seis principios: planificación de la prevención, eliminación o disminución de factores de riesgo, información, participación y consulta, formación e integración de la prevención. La trampa es que este real decreto tiene otra lista, la del art. 3 bis: adaptar el puesto al personal y priorizar la protección colectiva son principios de la acción preventiva, no aquellos en que se inspira el texto según su art. 1.

El art. 13.2 nombra cuatro: Servicio de Prevención, Sección de Prevención de Zona, Oficina de Prevención de Comandancia y otras unidades. Cada denominación va atada a su nivel, y la dificultad está ahí: los distractores suenan bien porque cruzan esos nombres o bajan a un nivel que el artículo no menciona.

El art. 3 fija como objetivo principal la promoción de la mejora de las condiciones del servicio, y añade que las medidas tratarán de elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud del personal. Lo tentador es la meta más ambiciosa, eliminar por completo los riesgos, pero el artículo no la formula: habla de mejorar y de elevar, no de hacer desaparecer el riesgo de la función.

El art. 7 lleva la información a los documentos con los que se presta el servicio: manuales, instrucciones y órdenes impartidas. Su contenido debe conocerlo el personal hasta el nivel necesario para asegurar la prevención. Por eso no basta con pensar en la formación ni en los documentos de gestión de los órganos de prevención, que son lo tentador: tienen otro fin y sus propios artículos.

La evaluación destapa el riesgo, pero quienes actúan son los mandos competentes de la unidad, y lo hacen con las medidas previstas en las normas sobre destinos y permisos en la Guardia Civil y en la legislación de permisos del personal de las Administraciones públicas. Por eso no es un órgano técnico quien decide: se resuelve con herramientas que maneja el mando.

El «principio de participación» de este real decreto no pasa por delegados de prevención, que aquí no existen: el derecho es de cada persona incluida en su ámbito. Las propuestas se dirigen a los órganos de prevención del art. 13 y las analiza y valora el órgano de asesoramiento del art. 14. Tampoco es un derecho reservado a las asociaciones profesionales.

Aquí la norma protege menos de lo que se espera: el art. 11 no garantiza la información en todo caso, sino «siempre que sea posible». Es lo que separa este artículo de la regla general de la Ley 31/1995, art. 21.1.a, que manda informar lo antes posible.