El Reglamento del Defensor del Pueblo: el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

El art. 20.1 designa a los Vocales por cuatro años y los renueva por mitades cada dos: el Consejo no cambia entero de una vez. No hay renovación por tercios ni cada tres años.

El art. 19.5 reparte los Vocales por su origen, y solo tres corporaciones profesionales proponen uno cada una: el Consejo General de la Abogacía de España, la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. La lista es cerrada: ni la enfermería, ni la farmacia, ni la veterinaria tienen un puesto propio en el Consejo.

El art. 19.4 pide tres cosas a los Vocales: ser mayores de edad, estar en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos y tener una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos o en el tratamiento de personas privadas de libertad. No exige nacionalidad, ni un título universitario concreto, ni la incompatibilidad con un cargo político, ni ningún otro artículo del Reglamento les impone incompatibilidades: lo que pide es la trayectoria, no una carrera.

La suplencia no la elige nadie: el 19.3 la da al otro Adjunto, en caso de ausencia o vacante. No pasa a un Vocal por su edad, el Defensor no designa a otro sustituto y no vuelve al Defensor del Pueblo.

El art. 21.1 fija un suelo de dos reuniones al año («al menos»), y nada impide que se reúna más. Una al año se queda por debajo de ese mínimo; las reuniones trimestrales o mensuales pueden celebrarse, pero el Reglamento no las exige.

El art. 20.5 separa las dos cosas: los Vocales no perciben retribuciones por su función, pero sí, en su caso, lo que les corresponda por la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio. Por eso fallan tanto cobrar una retribución, con indemnizaciones o sin ellas, como quedarse sin nada.

El art. 19.2 hace miembros natos a los Adjuntos del Defensor del Pueblo y añade los Vocales con un tope: como mucho diez. Es un máximo, no un mínimo, así que puede haber menos. El Defensor del Pueblo no figura entre los miembros que enumera el artículo.