La acción administrativa para la igualdad: educación, salud, cultura, contratos y subvenciones

• En cada convocatoria, a criterio del órgano concedente
• En el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
• En los planes estratégicos de subvenciones que adopten
• En la ley de presupuestos de cada ejercicio

El art. 35 lo sitúa en los planes estratégicos de subvenciones de cada Administración: en ellos se fijan los ámbitos en que, por existir una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras «puedan» valorar esas actuaciones. No queda al criterio de cada convocatoria ni lo fija la ley de presupuestos, y el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades es un instrumento distinto, que no ordena las subvenciones.

• La figura de la cooperativa agraria de base familiar
• La figura del contrato agrario fijo discontinuo
• La figura del cónyuge colaborador en la explotación
• La figura de la titularidad compartida

El art. 30.1 manda desarrollar la figura jurídica de la titularidad compartida para hacer efectiva la igualdad en el sector agrario: que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres, su protección de Seguridad Social y su trabajo. Ninguna de las otras tres es la figura que nombra la ley.

• Respetarla y garantizarla tanto en la oferta como en los órganos
• Promoverla tanto en la oferta como en los órganos
• Respetarla y garantizarla en la oferta, y promoverla en los órganos
• Promoverla en la oferta, y respetarla y garantizarla en los órganos

Las letras c) y d) del art. 26.2 usan verbos distintos: en la oferta artística y cultural pública, la presencia equilibrada se promueve; en los órganos consultivos, científicos y de decisión del organigrama artístico y cultural, la representación equilibrada se respeta y se garantiza. Las demás opciones dan a los dos ámbitos el mismo verbo o los cruzan.

• Deben incluirlas en sus contratos, sean del tipo que sean
• Pueden incluirlas, pero solo si lo autoriza el Consejo de Ministros
• Pueden fijar condiciones especiales de ejecución de sus contratos
• Deben incluir esas condiciones solo en los contratos de importe más elevado

El art. 33 es una facultad: las Administraciones públicas, a través de sus órganos de contratación, «podrán» establecer condiciones especiales relacionadas con la ejecución de los contratos que celebren, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público. No las impone en todos los contratos, sean del tipo que sean, ni en función del importe, y no hace depender esa posibilidad de una autorización previa.

• En los planes de estudio en que proceda
• En todos los de grado y de máster
• Solo en los de ciencias sociales y jurídicas
• Solo en los postgrados específicos

El art. 25.2 encarga a las Administraciones públicas promover, en la educación superior, la inclusión de enseñanzas en materia de igualdad «en los planes de estudio en que proceda»: no las impone en todos los grados y másteres ni las reserva a unas ramas. Los postgrados específicos son otra medida distinta de la misma lista, no el único sitio de esas enseñanzas.

• En las acciones de educación sanitaria dirigidas a la población
• En la protección, promoción y mejora de la salud laboral
• En la investigación científica sobre las diferencias de salud
• En la formación del personal de los servicios sanitarios

Entre las actuaciones que el art. 27.3 encarga a las Administraciones públicas a través de sus Servicios de Salud, la letra c) sitúa el acoso sexual y el acoso por razón de sexo dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral. La educación sanitaria, la investigación científica y la formación del personal sanitario son otras letras de la misma lista, con otro contenido.

• La primera, entre sus principios de calidad; la segunda, entre sus fines
• Las dos, entre los fines que persigue el sistema educativo
• La primera, entre sus fines; la segunda, entre sus principios de calidad
• Las dos, entre los principios de calidad del sistema educativo

El art. 23 reparte las dos piezas: la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres es uno de los fines del sistema educativo; la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva, junto con el fomento de la igualdad plena, entra en sus principios de calidad. Las otras opciones cruzan los dos lugares o juntan las dos piezas en uno solo.

• El Consejo de Ministros, cada año
• El Consejo de Ministros, en cada legislatura
• Cada órgano de contratación, cada año
• Cada órgano de contratación, en cada licitación

El art. 34.1 encarga al Consejo de Ministros, anualmente y a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, señalar qué contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos han de llevar obligatoriamente esas medidas entre sus condiciones de ejecución. No lo decide cada órgano de contratación, y la periodicidad es anual, no por legislatura.

• Cuando tengan hijos menores exclusivamente a su cargo
• Cuando residan en un municipio del medio rural
• Cuando hayan cumplido los sesenta y cinco años
• Cuando hayan perdido su vivienda habitual

El art. 31.2 encarga al Gobierno fomentar el acceso a la vivienda de esos dos grupos de mujeres «en especial» cuando, en cualquiera de los dos casos, tengan hijos menores exclusivamente a su cargo. La ley no destaca la edad, el lugar de residencia ni la pérdida de la vivienda.