La igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios

• Sí: quien ofrece al público no puede elegir a la otra parte
• No, en ningún caso, aunque elija por el sexo de la otra parte
• No, siempre que la elección no venga determinada por el sexo
• Solo en el sector público; en el privado la elección es libre

El art. 69.2 deja a salvo la libertad de contratación, incluida la de elegir a la otra parte contratante, con un límite: que la elección no venga determinada por su sexo. Ni la suprime para quien ofrece al público, ni la hace ilimitada, ni distingue entre el sector público y el privado.

• Las personas físicas o jurídicas, pero solo del sector privado
• Las personas jurídicas, del sector público o del privado
• Las personas jurídicas, pero solo del sector privado
• Las personas físicas o jurídicas, del sector público o del privado

El art. 69.1 obliga a todas las personas físicas o jurídicas que suministren bienes o servicios disponibles para el público, tanto en el sector público como en el privado. Las otras opciones dejan fuera a las personas físicas, al sector público o a los dos.

• A sus transacciones, no al resto de su actividad; las directas y las indirectas
• A sus actividades y a las transacciones consiguientes; las directas y las indirectas
• A sus actividades y a las transacciones consiguientes; solo las directas
• A sus transacciones, no al resto de su actividad; solo las directas

El art. 69.1 extiende el deber a las actividades del proveedor y a las transacciones consiguientes, y le manda evitar las discriminaciones por razón de sexo tanto directas como indirectas. Cada una de las otras opciones recorta una de las dos piezas, o las dos.

• No, salvo por razones de protección de su salud
• No, en ningún caso, ni siquiera por razones de salud
• Sí, si el embarazo encarece la prestación del servicio
• Sí, siempre que la respuesta de la mujer sea voluntaria

El art. 70 prohíbe a todo contratante indagar sobre la situación de embarazo de la mujer que demanda bienes o servicios, con una sola salvedad: las razones de protección de su salud. No es una prohibición absoluta, y ni el coste de la prestación ni el carácter voluntario de la respuesta la levantan.

• Indemnización por los daños y perjuicios, pero renunciando a las acciones civiles y mercantiles
• Las acciones civiles y mercantiles, pero no un derecho propio a ser indemnizada
• Solo denunciar al proveedor ante la Administración para que se le imponga una sanción
• Indemnización por los daños y perjuicios, además de las acciones civiles y mercantiles

El art. 72.1 da a quien sufre una conducta discriminatoria en el acceso a bienes y servicios un derecho propio a indemnización por los daños y perjuicios sufridos, y lo hace «sin perjuicio» de las demás acciones y derechos de la legislación civil y mercantil: se suman, no se excluyen. La ley no reduce la respuesta a una denuncia administrativa.

• La nulidad del contrato entero y la devolución de todas las primas que se hayan pagado
• Asimilar sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado; el resto sigue válido
• Asimilar sus primas y prestaciones a la media de ambos sexos; el resto sigue válido
• Resolver el contrato y ser indemnizado por las primas que pagó de más

El art. 72.2 no anula el contrato: da al contratante perjudicado derecho a reclamar que sus primas y prestaciones se asimilen a las del sexo más beneficiado, y mantiene la validez y eficacia del contrato en lo demás. La referencia es el sexo más beneficiado, no un término medio, y la ley no prevé la nulidad total ni la resolución.

• Sí, si se acreditan con datos actuariales y estadísticos fiables
• Solo en las prestaciones del seguro, nunca en sus primas
• No, y no pueden autorizarse diferencias por ese motivo
• Sí, si las autoriza la autoridad de supervisión de seguros

El art. 71.2 cierra la puerta por completo: los costes del embarazo y del parto no justifican diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, «sin que puedan autorizarse diferencias al respecto». No valen los datos actuariales, una autorización administrativa ni un reparto entre primas y prestaciones.