La promoción de la igualdad de trato y la atención a las víctimas de discriminación

• Adoptan las medidas a su criterio y ciñen el fomento a su propia actuación
• Han de adoptar las medidas e impulsan el fomento también entre particulares
• Han de adoptar las medidas y ciñen el fomento a su propia actuación
• Adoptan las medidas a su criterio e impulsan el fomento también entre particulares

El art. 33.1 dice que los poderes públicos «adoptarán» medidas de acción positiva por razón de las causas de la ley, que es un mandato y no una facultad a su criterio, e «impulsarán» políticas de fomento de la igualdad de trato real y efectiva en las relaciones entre particulares: el fomento no se queda en su propia actuación.

• Cuando el contrato supere el umbral de regulación armonizada
• Cuando su servicio dure más de un año en la misma Administración pública
• Cuando los servicios impliquen una relación directa con la ciudadanía
• Cuando el pliego del contrato lo exija como condición especial

El art. 38 pide a los poderes públicos que incluyan la igualdad de trato en los procesos selectivos y en la formación de su personal, y que velen por que el personal externo tenga esa formación cuando los servicios prestados impliquen una relación directa con la ciudadanía. El criterio es el trato directo con el público, no el importe ni la duración del contrato, ni lo que diga el pliego.

• Cuando el autor de los hechos sea una autoridad o un funcionario público
• Cuando se cometan por nuevas tecnologías o redes sociales
• Cuando los hechos ocurran en el lugar de trabajo de la propia víctima
• Cuando los hechos se produzcan en un establecimiento abierto al público

El art. 53.3 prevé un tratamiento específico en la atención a las víctimas cuando las agresiones o las acciones que inciten al odio, la discriminación y la intolerancia se hayan realizado utilizando las nuevas tecnologías o a través de las redes sociales. El artículo no hace esa distinción por la condición del autor ni por el lugar de los hechos.

• El Instituto Nacional de Estadística y la Autoridad Independiente
• El Ministerio del Interior y la Abogacía General del Estado
• La Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial
• El Ministerio de Igualdad y los institutos autonómicos de estadística

El art. 36.3 encarga a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial recabar los datos de las denuncias presentadas en virtud de la ley, de las resoluciones administrativas y de las sentencias judiciales. El resto del art. 36 reparte otras tareas: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recogen el componente discriminatorio de las denuncias cursadas, y el Ministerio del Interior aparece como autor del informe anual sobre los delitos de odio, con cuyas tipologías han de ser coherentes los datos de las administraciones.

• A quien haya sido sancionado en firme por una infracción muy grave
• A quien haya sido sancionado en firme por cualquier infracción
• A quien haya sido sancionado por infracción muy grave, aunque no sea firme
• A quien esté siendo investigado por una infracción grave o muy grave

El art. 37.3 cierra el acceso a subvenciones, bonificaciones y ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por alguna infracción muy grave, en los términos y plazos del título IV. Hacen falta las dos cosas, la firmeza y el grado: no basta una sanción todavía recurrible, ni una leve o grave, ni estar investigado.

• No: la asistencia exige haber interpuesto la denuncia
• Solo si la Autoridad Independiente aprecia indicios
• Sí, siempre que lo autorice el Ministerio Fiscal en cada caso
• Sí: la garantizan aunque no se interponga denuncia

El art. 54.1, después de mandar campañas de sensibilización que promuevan la denuncia de la discriminación y la intolerancia, añade que los poderes públicos garantizarán la asistencia a las víctimas «aunque no se interponga denuncia». Promover la denuncia no es condicionar la asistencia a ella, ni a una valoración previa de la Autoridad Independiente o del Ministerio Fiscal.

• Con las que tengan un interés legítimo en la lucha contra la discriminación
• Con las declaradas de utilidad pública en el ámbito de la igualdad
• Con las inscritas en un registro estatal de entidades de igualdad
• Con las que reciban financiación pública para combatir la discriminación

El art. 39 encarga a la Administración General del Estado, a las de las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía y a las entidades locales fomentar el diálogo con las organizaciones no gubernamentales que tengan un interés legítimo en contribuir a la lucha contra la discriminación y la intolerancia. Ese interés es lo único que el artículo pide: no exige utilidad pública, inscripción en un registro ni financiación pública.