La protección y la reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBIfobia

• En la detección precoz, y a las personas más jóvenes
• En el alojamiento de urgencia, y a las personas de mayor edad
• En la detección precoz, y a las personas de mayor edad
• En el alojamiento de urgencia, y a las personas más jóvenes

El art. 75.1 pone el foco de esas medidas en la detección precoz, para prevenir las situaciones de sinhogarismo que puedan sufrir las personas LGTBI, con especial atención a las más jóvenes, y pide a los poderes públicos promover la cooperación entre los ministerios y las administraciones competentes. El acento está en llegar antes de que se pierda el hogar, no en el alojamiento cuando ya se ha perdido; y la atención especial es para las más jóvenes.

• De las personas con las que conviven, no de quienes las cuidan por oficio
• De los profesionales que las cuidan, no de las personas con las que conviven
• De las personas con las que conviven o de los profesionales que las cuidan
• De terceros ajenos tanto a su hogar como a su cuidado profesional

El art. 71.b) manda adoptar medidas de protección frente al maltrato físico o psicológico por esas causas que procede de las personas con las que conviven o de los profesionales que se encargan de sus cuidados, con especial hincapié en quienes carecen de autonomía física o de discernimiento. Cubre los dos círculos cercanos, el del hogar y el del cuidado profesional, sin ceñirse a uno de ellos.

• Una orden de alejamiento administrativa
• Una orden de protección para la víctima
• Un requerimiento de la Autoridad Independiente
• Una medida de acogimiento temporal

El art. 69.1 dispone que, cuando las personas LGTBI sufran violencia en el ámbito familiar, «se dictará una orden de protección», y para su régimen remite al art. 544 ter.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una resolución judicial: no la sustituye una orden de la Administración ni un requerimiento de la Autoridad Independiente, y no es una medida de acogimiento.

• Las protege en su individualidad, no en sus relaciones de pareja
• Las protege en el uso de los espacios comunes, no en el de las habitaciones
• Protege sus relaciones sentimentales, solo en los espacios privados
• Las protege en su individualidad y en sus relaciones sentimentales

El art. 73.2 pide a las Administraciones velar por que los centros residenciales, los de día y cualquier otro al que estén vinculadas las personas mayores garanticen el derecho a la no discriminación de las personas LGTBI «tanto en su individualidad como en sus relaciones sentimentales», y que los espacios puedan utilizarse sin ningún tipo de discriminación. La protección no se queda en la persona sola ni en una parte de los espacios del centro.

• Las organizaciones empresariales
• Los colegios profesionales
• Las fundaciones del sector público
• Las cámaras de comercio

El art. 65 legitima a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, y las asociaciones y organizaciones que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI o de sus familias. Los colegios profesionales, las fundaciones del sector público y las cámaras de comercio no están en esa lista.

• Se tiene en cuenta para valorar si hay una situación de riesgo
• Determina por sí sola la declaración de desamparo de la persona menor
• Habilita a la persona menor para pedir su emancipación
• Se valora solo si va acompañada de violencia física o psíquica

El art. 70.3 trata esa negativa, por ser un componente fundamental del desarrollo personal de la persona menor, como algo que «deberá tenerse en cuenta» para valorar una situación de riesgo, conforme al art. 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. Es un elemento de la valoración: no lleva por sí solo al desamparo, no exige que haya además violencia y no abre la emancipación.

• Una ayuda económica de pago único
• Un alojamiento temporal en un centro de acogida
• Un anticipo público de la indemnización
• La asistencia psicológica y la orientación jurídica

El art. 68 garantiza a estas víctimas una atención integral y especializada que comprende, al menos: información y orientación accesibles sobre sus derechos y los recursos disponibles; asistencia psicológica y orientación jurídica; atención a sus necesidades laborales y sociales; y servicios de traducción e interpretación y de apoyo a la comunicación. Una ayuda de pago único, el alojamiento en un centro de acogida o el anticipo de la indemnización no están en esa lista.

• Cualquiera de las personas progenitoras, por un año
• Las personas progenitoras de común acuerdo, por un año
• Cualquiera de las personas progenitoras, por dos años
• Las personas progenitoras de común acuerdo, por dos años

El art. 74.2 permite a las personas progenitoras, de común acuerdo, pedir que la mención del sexo figure en blanco cuando el parte facultativo indique la condición intersexual de la persona recién nacida, por el plazo máximo de un año. No basta la petición de una sola de ellas. Pasado ese año la mención del sexo es obligatoria, y han de solicitar su inscripción.

• A las personas jóvenes que lo fueron siendo menores, tengan o no recursos económicos propios
• A cualquier persona joven LGTBI mayor de edad, si carece de recursos económicos propios
• A cualquier persona joven LGTBI mayor de edad, tenga o no recursos económicos propios
• A las personas jóvenes que lo fueron siendo menores, si carecen de recursos económicos propios

El art. 70.2.e) manda a las Administraciones proteger a las personas menores de edad LGTBI declaradas en riesgo o en desamparo, y extiende esa protección a las personas jóvenes mayores de edad o emancipadas que carezcan de recursos económicos propios y que hubieran sido declaradas en riesgo o en desamparo durante su minoría de edad. Las dos condiciones van juntas: no alcanza a cualquier joven LGTBI, y no basta haber tenido esa declaración si se cuenta con recursos propios.