Los programas penitenciarios, la formación y las medidas judiciales de protección de las víctimas

• Con los informes trimestrales que le remita el Ministerio Fiscal
• En coordinación con los servicios de atención especializada
• Con las comparecencias periódicas del inculpado en el juzgado
• Con las visitas de la oficina de asistencia a las víctimas

El art. 66 manda adoptar esas medidas a través de servicios de atención especializada y realizar el seguimiento periódico de la evolución de los menores y de la mujer en coordinación con dichos servicios. La ley no prevé para ello informes trimestrales del Fiscal, comparecencias del inculpado ni visitas de otra oficina: el seguimiento se coordina con los servicios especializados.

• No: ha de elegir una de ellas en cada procedimiento
• No: el alejamiento ya comprende la incomunicación
• Sí, pero solo con el consentimiento de la víctima
• Sí: pueden acordarse acumulada o separadamente

El art. 64.6 dice que las medidas de los apartados anteriores —la salida del domicilio, el alejamiento y la suspensión de las comunicaciones, entre otras— podrán acordarse acumulada o separadamente. No hay que elegir una, la ley no hace depender la acumulación del consentimiento de la víctima, y el alejamiento y la prohibición de comunicarse son medidas distintas, cada una en su apartado.

• El juez puede acordarla o no, según su libre criterio en cada caso
• El juez puede acordarla, pero únicamente a petición de la madre
• El juez la ordena, salvo si en interés superior del menor no la acuerda
• El juez la ordena en todo caso, sin que quepa dejar de acordarla nunca

El art. 66 dice que el juez «ordenará» la suspensión: es la regla, no una facultad, a diferencia de la suspensión de la patria potestad del art. 65, que el juez «podrá» acordar. La regla tiene una sola salida, y es que el juez, en interés superior del menor, no la acuerde. No depende de que la pida la madre, y tampoco es absoluta.

• En las progresiones de grado y en la concesión de permisos y de la libertad condicional
• En las progresiones de grado, en los traslados de centro y en las sanciones disciplinarias
• En la clasificación inicial, en la concesión de permisos y en las sanciones disciplinarias
• En la clasificación inicial, en los traslados de centro y en la concesión de la libertad condicional

El art. 42.2 nombra tres decisiones: las progresiones de grado, la concesión de permisos y la concesión de la libertad condicional. En las tres, las Juntas de Tratamiento valoran el seguimiento y el aprovechamiento de los programas. La clasificación inicial, los traslados de centro y las sanciones disciplinarias no están en esa lista.

• La de quinientos metros que fija la propia ley con carácter general
• La que indique la persona protegida en su solicitud de la medida
• La distancia mínima que fije el juez, que no se podrá rebasar
• La que establezca un reglamento según el lugar de residencia

La ley no da una cifra: el art. 64.3 manda al juez fijar una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. No la elige la persona protegida ni la remite a un reglamento, y los quinientos metros no aparecen en el artículo.

• Nada más: la patria potestad se sigue ejerciendo como hasta entonces
• Remitir la cuestión al proceso de familia que sigan los progenitores
• Apoyar su decisión en un informe previo del equipo psicosocial
• Pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá

El art. 65 no deja la cuestión abierta cuando el juez opta por no suspender: en ese caso deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho. No basta con dejar las cosas como estaban ni con remitirlas a otro proceso, y la ley no condiciona la decisión a un informe psicosocial.

• Sí: cabe aunque la víctima haya abandonado antes el lugar
• No: la medida presupone que sigan compartiendo el mismo lugar
• Sí, pero solo si la víctima vuelve a residir en esa vivienda
• No, salvo que el inculpado haya incumplido antes otra medida

El art. 64.4 resuelve el caso: la medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada, o aquellas a quienes se pretenda proteger, hubieran abandonado previamente el lugar. Que la víctima se haya marchado no la excluye ni la condiciona a que vuelva, y la ley no exige un incumplimiento previo del inculpado.

• La revocación definitiva de su licencia de armas, sin posibilidad de recuperarla
• La suspensión del derecho a portarlas fuera de su domicilio, conservando la tenencia
• La suspensión del derecho a su tenencia, porte y uso, con obligación de depositarlas
• La prohibición de adquirir otras nuevas, conservando las que ya tenga

El art. 67 permite suspender el derecho a la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los términos de la normativa vigente. La suspensión alcanza a las tres facultades a la vez, así que no deja al inculpado conservar las armas en casa ni las que ya tenía, y es una suspensión, no una revocación definitiva.

• Para todos los internos, como prevención general de la violencia de género
• Para los internos que lo pidan voluntariamente, sea cual sea su delito
• Para los internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género
• Para los condenados por cualquier delito violento, sea cual sea la víctima

El art. 42.1 encarga a la Administración penitenciaria programas específicos para los internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. No son programas para toda la población reclusa ni para cualquier delito violento, y la ley no los abre a quien los pida con independencia de su delito: los define por la condena por violencia de género.