Las actividades privadas del personal al servicio de las Administraciones

• Se mantiene, porque no ha salido de su ministerio
• Se mantiene, porque conserva el mismo horario
• Sigue en vigor hasta que el órgano que lo dio lo revoque
• Decae de forma automática con el nuevo destino

El artículo 14 dice que los reconocimientos de compatibilidad quedan automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. No distingue si el nuevo puesto es del mismo ministerio ni si el horario se conserva: la compatibilidad se reconoce mirando un puesto concreto, y la ley la hace caer con él. Tampoco hace falta que nadie la revoque: el efecto se produce solo.

• Cuando su horario no coincida con el de su empleo público
• Cuando lo que se cobre por ella no supere el sueldo público
• Cuando el puesto público sea de los que la ley prevé a tiempo parcial
• Cuando no pase de las tres cuartas partes de esa jornada

El artículo 12.2 dice que las actividades privadas que correspondan a puestos que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria solo pueden autorizarse cuando la actividad pública sea una de las que la ley enuncia como de prestación a tiempo parcial. Con un empleo público a jornada completa, la mitad ya cierra la puerta, y no la abre que los horarios no se pisen: la ley mira cuántas horas exige el puesto privado, no cuándo se hacen. Un tope de tres cuartas partes no está en la ley, y lo que se cobre no es criterio de este apartado.

• Sí, porque ya no interviene en él por razón de su puesto
• Sí, si renuncia a cobrar por ese asesoramiento en el pleito
• No, salvo que haya cambiado de destino desde entonces
• No, porque intervino en ese asunto dentro de los dos últimos años

El artículo 12.1.a) veda, en todo caso, las actividades privadas en los asuntos en que el empleado esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Dieciocho meses están dentro de esa ventana: que ya no lleve el expediente no basta, porque la ley mira también hacia atrás. Tampoco lo arregla un cambio de destino, porque lo que cuenta es haber intervenido, no dónde se esté ahora; y hacerlo gratis no cambia nada, porque la letra no distingue entre actividad retribuida o no.

• Le está permitida si las clases son fuera de su horario lectivo
• Le está vedada, porque atiende a quienes debe atender en su puesto
• Le está permitida si se le reconoce antes la compatibilidad para darlas
• Le está permitida, porque las imparte fuera del instituto

El artículo 12.1.a), entre las actividades que el personal no puede ejercer en ningún caso, incluye en especial las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se está obligado a atender en el desempeño del puesto público. Los alumnos de su propio grupo son exactamente eso. Al ser una prohibición del artículo 12.1, ningún reconocimiento de compatibilidad la levanta, y no depende del horario ni del lugar: darlas en casa en vez de en el instituto no cambia a quién se atiende.

• El del director de la entidad donde trabaja
• El de la Junta de Personal de su ámbito territorial
• El de la Abogacía del Estado en el departamento
• El del Delegado del Gobierno en su comunidad

El artículo 14 atribuye la resolución, en el Estado, al ministerio que señala, a propuesta del Subsecretario del departamento correspondiente, y prevé el informe previo, en su caso, de los directores de los organismos, entes y empresas públicas. Quien está destinado en un organismo autónomo es el caso de ese «en su caso»: informa quien dirige el organismo, que es quien conoce el puesto. La ley no prevé el informe de ninguno de los otros órganos.

• Sí, porque la actividad de la cooperativa no tiene que ver con su ministerio
• No, porque le están vedados los cargos de todo orden en esas sociedades
• Sí, porque la forma de cooperativa la saca de esa prohibición
• No, salvo que la Administración se lo autorice de forma expresa

El artículo 12.1.c) veda el desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea su configuración jurídica. Esta letra no pide ninguna relación entre la sociedad y el departamento de la funcionaria: basta que sea contratista. La forma cooperativa no la saca, porque la configuración jurídica da igual, y ninguna autorización levanta una prohibición que la ley impone en todo caso.

• Sí, porque la privada no coincide con ninguno de sus horarios
• Sí, si la ejerce por cuenta propia y sin tener empleados
• No, salvo que la privada no pase de diez horas semanales
• No, porque la suma de sus dos jornadas ya alcanza la máxima

El artículo 13 impide reconocer compatibilidad alguna para actividades privadas a quien tiene autorizada la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, si la suma de jornadas de ambos es igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas. Una jornada completa más veinte horas la supera, y con eso basta: la prohibición no deja un margen de horas para la actividad privada ni depende de que se ejerza en fin de semana. Tampoco importa cómo se organice esa actividad, por cuenta propia o ajena.

• Ejercerla en el municipio donde está destinado
• Dar trabajo en ella a otros empleados públicos
• Invocar o hacer uso de su condición pública
• Anunciarla en medios de comunicación social

El artículo 15 prohíbe al personal invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional. La prohibición acompaña a la actividad aunque sea compatible: quien tiene reconocida la compatibilidad tampoco puede presentarse ante sus clientes como empleado público para atraerlos. Este artículo no veta ejercer en la localidad del destino, dar trabajo a otros empleados públicos ni anunciarse: lo que impide es valerse del cargo.

• En quince días
• En dos meses
• En tres meses
• En seis meses

El artículo 14 manda dictar en el plazo de dos meses la resolución motivada que reconoce la compatibilidad o declara la incompatibilidad. El plazo es el mismo para las dos respuestas posibles, y las dos tienen que ir motivadas: también la que reconoce, no solo la que deniega. Tres meses es el plazo supletorio de la Ley 39/2015 cuando la norma no fija otro; aquí lo fija, y es más corto.