Los órganos de selección, el procedimiento selectivo y los funcionarios interinos

• Mínimo de 48 horas y máximo de 30 días
• Mínimo de 48 horas y máximo de 45 días
• Mínimo de 72 horas y máximo de 30 días
• Mínimo de 72 horas y máximo de 45 días

El art. 16.j) pide que la convocatoria fije la duración máxima del proceso y que entre la total conclusión de un ejercicio o prueba y el comienzo del siguiente pasen como mínimo setenta y dos horas y como máximo cuarenta y cinco días. Los dos límites van juntos: el mínimo da al aspirante tiempo entre pruebas, y el máximo impide que el proceso se alargue sin fin. Cada límite tiene su pareja: no se cruzan. El reglamento llama naturales a esos días, pero hoy solo una ley puede imponer ese cómputo (art. 30.2 de la Ley 39/2015): sin ella, los plazos por días son hábiles.

• A la comparación de cada ejercicio con los de los demás aspirantes
• Al criterio de corrección que acuerde el Tribunal tras cada prueba
• A la puntuación que cada miembro dé, por separado, a cada aspirante
• A las normas reglamentarias y a las bases de la convocatoria

El art. 22.2 exige motivar los actos que ponen fin a los procedimientos selectivos y precisa que la motivación de los que el órgano de selección dicta en virtud de discrecionalidad técnica, al valorar, está referida al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. No obliga a desglosar la nota de cada miembro ni a comparar ejercicios entre sí, y un criterio acordado después de la prueba no es lo que la sostiene.

• A una Comisión Permanente de Selección
• A un Tribunal nombrado en la convocatoria
• A una comisión de valoración de méritos
• A la unidad de personal del departamento

El art. 12.1 reserva las Comisiones Permanentes de Selección a los Cuerpos y Escalas en que el elevado número de aspirantes y el nivel de titulación o especialización lo aconsejen. Fuera de ese caso, la regla es el Tribunal, que se nombra en cada orden de convocatoria (art. 11). La comisión de valoración es el órgano de los concursos de provisión de puestos, no del ingreso, y la unidad de personal no es órgano de selección: el art. 10 solo conoce dos clases.

• Los mismos documentos que el resto de los aspirantes propuestos
• Una declaración responsable de que sigue reuniendo esos requisitos
• Una copia de su anterior nombramiento y de su toma de posesión
• Una certificación del ministerio u organismo del que depende

El art. 23.3 exime a quien ya es funcionario público de justificar las condiciones y requisitos que acreditó para su anterior nombramiento: presenta una certificación del ministerio u organismo del que dependa, que acredite su condición y las demás circunstancias de su expediente personal. No repite la documentación de los demás, y una declaración no basta: es lo que se pide al presentar la solicitud, no al final del proceso.

• Por un concurso de méritos entre los funcionarios del nuevo Cuerpo
• Por sus peticiones entre los ofertados, según el orden del proceso
• Por decisión del departamento, según el perfil de cada funcionario
• Por sorteo entre las vacantes que haya en su Cuerpo o Escala

El art. 26.1 adjudica los puestos de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los que se les ofertan, según el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos que la relación de puestos de trabajo fije para cada uno. No hay un concurso aparte ni lo decide el departamento por perfiles: la nota del proceso da la preferencia para elegir.

• Con un único sorteo público, válido para todo el año
• Con un sorteo público que celebra cada Tribunal en su proceso
• Por la puntuación obtenida en el primer ejercicio
• Por el orden de entrada de las solicitudes en el registro

El art. 17 manda celebrar, antes de que empiecen los ejercicios, un único sorteo público, anunciado antes en el «Boletín Oficial del Estado», que fija el orden de actuación en todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año; el resultado se publica en el mismo diario. No sortea cada Tribunal: la convocatoria recoge el orden que salió de ese sorteo (art. 16.k). Ni cuenta la nota del primer ejercicio, que aún no existe cuando se fija el orden, ni el registro de entrada.

• Impar, y no inferior a tres
• Impar, y no inferior a cinco
• Par, y no inferior a cuatro
• Impar, y no inferior a siete

El art. 11 quiere Tribunales con un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco, y con otros tantos suplentes. Tres miembros no bastan, siete es más de lo que pide, y un número par no vale. Ni el Estatuto Básico ni el Real Decreto-ley 6/2023 fijan una cifra que se oponga a esta.

• Un año
• Dos años
• Tres años
• Cinco años

El art. 13.2 aparta de los órganos de selección a quien haya preparado aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. Es una garantía de imparcialidad, y el plazo se cuenta desde la publicación, no desde la fecha de las pruebas. Dos años es la cifra que más se repite en el reglamento, en la provisión de puestos, y por eso tienta; aquí no es la que vale.

• Desde que el Tribunal expone la relación en los locales de la última prueba
• Desde que el «Boletín Oficial del Estado» publica la relación definitiva
• Desde que se notifica a cada uno su inclusión en la relación de aprobados
• Desde que el «Boletín Oficial del Estado» publica su nombramiento

El art. 23.1 cuenta el plazo de aportación desde que se publican en el «Boletín Oficial del Estado» las relaciones definitivas de aprobados. Antes, el órgano de selección hace pública la relación en los locales de la última prueba y la eleva a la autoridad competente, que es quien la publica (art. 22.1): esa exposición no abre el plazo, ni lo abre una notificación personal, y el nombramiento viene después de aportarlos (art. 25).