La suspensión de funciones y el cambio de situación administrativa

• Desde la fecha en que se le reincorpora al puesto
• Desde la fecha en que la medida empezó a surtir efectos
• Desde la fecha de la resolución que cierra el expediente
• Desde la fecha en que se le notifica esa resolución

El artículo 21.5 manda reincorporarlo de inmediato y le reconoce los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión: se repara el periodo entero, no solo lo que venga después. Contarlos desde la reincorporación, desde la resolución o desde su notificación le dejaría sin reparar justo el tiempo en que estuvo apartado sin que la suspensión llegara a ser firme. Ese tiempo, además, se computa como de servicio activo.

• Un mes antes de que acabe ese periodo
• Tres meses antes de que acabe ese periodo
• En el mes siguiente a que acabe ese periodo
• En los tres meses siguientes a que acabe

El artículo 22.3 obliga a quien perdió el puesto por condena o sanción a pedir el reingreso con un mes de antelación a que termine la suspensión: el plazo corre antes del final, no después. Pedirlo una vez cumplida la suspensión tienta por analogía con otros reingresos, pero aquí llega tarde. Los tres meses no aparecen en este artículo.

• La de función pública del Estado, por ser de un Cuerpo estatal
• La de función pública aplicable en la Administración local
• La de la comunidad autónoma en que está el municipio
• La que acuerden entre el Ministerio y la Corporación

La disposición adicional segunda somete al funcionario del Estado que ocupa un puesto en una corporación local a la legislación de función pública aplicable en la Administración local en todo lo referente a su relación de servicios con ella. Pertenecer a un Cuerpo estatal no le mantiene la normativa del Estado en esa relación, ni el régimen se pacta entre el Ministerio y la Corporación. Tampoco la decide la comunidad autónoma en que está el municipio.

• La mitad, con el 50 %; o los dos tercios, con el 70 %
• La mitad, con el 50 %; o los dos tercios, con el 80 %
• La mitad, con el 60 %; o los dos tercios, con el 70 %
• La mitad, con el 60 %; o los dos tercios, con el 80 %

La disposición adicional quinta deja elegir entre la mitad y los dos tercios de la jornada establecida con carácter general, con una retribución del 60 % y del 80 %, respectivamente, de las retribuciones básicas y de los complementos de destino y específico. La retribución queda por encima de la proporción de jornada: el 50 % tienta porque es lo que sale de dividir, pero la mitad de la jornada se paga al 60 %. El 70 % no aparece en esta disposición.

• El instructor designado para tramitarlo
• El superior jerárquico inmediato del expedientado
• La Dirección General de la Función Pública
• La autoridad que ordenó abrir ese procedimiento

El artículo 21.3 atribuye la suspensión provisional preventiva a la misma autoridad que ordenó la incoación del expediente. El instructor tienta porque es quien lo tramita y conoce los hechos, pero el reglamento no le da esa decisión. Tampoco la reparte por jerarquía ni se la da a la Dirección General de la Función Pública: la ata a quien ordenó la incoación, sea quien sea.

• Sí, porque toda suspensión firme la conlleva
• Sí, porque llega a los seis meses justos
• No, porque no excede de seis meses
• No, porque es disciplinaria y no penal

El artículo 22.1 liga la pérdida del puesto a la condena y a la sanción que imponen la suspensión firme, pero exceptúa la que «no exceda» de seis meses: con seis exactos no se excede, y el funcionario conserva el puesto. Alcanzar los seis meses no basta; hay que pasar de ellos. El origen no cambia nada, porque el artículo pone la condena y la sanción en el mismo plano y la excepción vale para las dos.

• Concedérsela, si reúne los requisitos de esa excedencia
• Concedérsela, con informe del órgano que impuso la sanción
• Denegarla hasta que se cancele la sanción impuesta
• Denegarla mientras no haya transcurrido el plazo de la suspensión

El artículo 22.2 cierra todo cambio de situación administrativa mientras no transcurra el plazo de la suspensión de funciones, también el paso a una excedencia voluntaria. Reunir los requisitos de esa excedencia no basta, y ningún informe levanta la prohibición. Su límite es el plazo de la suspensión, no la cancelación de la sanción: cumplido el plazo, puede pedirla.

• En la provisión de puestos de trabajo
• En el régimen de sus retribuciones
• En el régimen de incompatibilidades
• En la separación del servicio

La disposición adicional primera somete a los funcionarios de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales que pasan a la Administración General del Estado a la normativa de función pública del Estado, con una sola salvedad: la separación del servicio, que sigue sus disposiciones específicas. La provisión de puestos y las retribuciones son precisamente lo que pasa a regirse por las normas del Estado mientras sirve en él, y las incompatibilidades no figuran en la salvedad.

• Un mes
• Tres meses
• Seis meses
• Un año

La disposición adicional quinta concede la jornada reducida por seis meses, desde el primer día del mes siguiente a la concesión, y la renueva automáticamente por periodos semestrales hasta la jubilación, salvo que el funcionario pida volver a su jornada anterior. El mes que tienta es otro plazo de la misma disposición: el aviso previo que ha de dar quien quiera volver, antes de que acabe su periodo. Esos periodos no se exigen a quien reduce la jornada de forma temporal para recuperarse de una enfermedad.