Los pagos librados «a justificar»

El art. 3.2 enumera cuatro extremos: que la orden se base en una resolución de la autoridad competente para autorizar el gasto, que exista crédito y sea el adecuado, que se adapte a las normas del departamento (art. 1.1) y la situación de la caja respecto de lo que manda el art. 1.3, es decir, que no tenga fondos anteriores sin justificar fuera de plazo. Las facturas no están en la lista, y no pueden estar: el pago se libra «a justificar» precisamente porque los justificantes llegan después, con la cuenta (art. 12.1).

El art. 12.5 cierra el circuito: la Unidad Central recaba la aprobación de la autoridad que dispuso la expedición de las órdenes de pago y, aprobadas, las envía al Tribunal de Cuentas; en los organismos autónomos el Tribunal puede elegir que se queden en el organismo a su disposición. La Intervención General no aprueba las cuentas ni es su destino final, y el jefe de la unidad las conforma antes de remitirlas a la Unidad Central (art. 12.3), pero no las aprueba.

El art. 7.1 separa a quien decide de quien paga: los gastos los acuerdan los gestores competentes en cada caso, que ordenan al cajero pagador la procedencia de hacer los pagos materiales y lo hacen constar en los justificantes; el cajero extiende después los cheques nominativos u órdenes de transferencia. Que el cajero acuerde y pague a la vez es el distractor tentador, y es justo lo que el artículo evita. La Unidad Central coordina y el interventor controla; ninguno de los dos acuerda el gasto. La forma «ordenarte» es una errata del propio texto del BOE.

El art. 4.2 adscribe cada caja pagadora a la unidad administrativa que se determine, salvo en los servicios periféricos: allí dependen directamente de los Delegados, Directores Territoriales o Jefes Provinciales, según los casos. El real decreto no hace otra excepción: la Intervención Delegada controla las cajas, pero no las tiene adscritas, y la caja central única del art. 4.5 es una forma de organizar el servicio, no una dependencia distinta.

El art. 4.1 pone al frente de cada caja pagadora un cajero pagador con nombramiento expreso para las funciones del cargo, y la Unidad Central anota en su censo la fecha de toma de posesión y de cese (art. 4.4). No es el jefe de la unidad: ese designa al funcionario que firma con el cajero las disposiciones de fondos (art. 6). La Intervención Delegada controla la caja (arts. 3.2 y 12.4), pero no nombra a quien la lleva, y el real decreto no exige pertenecer a ningún cuerpo.

El art. 3.1 dice que estas órdenes se expiden con base en la orden o resolución de la autoridad competente para autorizar los gastos y se aplican a los correspondientes créditos presupuestarios: el pago a justificar es presupuestario desde que se libra, y lo que se aplaza es la justificación, no la imputación. Por eso no cabe la cuenta extrapresupuestaria, que es el distractor tentador; los activos financieros y el ejercicio en que se aprueba la cuenta no aparecen en el artículo.

El último párrafo del art. 3.2 dice que los requisitos de las letras b) y d) —la existencia de crédito adecuado y la situación de la caja pagadora— se justifican con un certificado de la oficina de contabilidad correspondiente, que es quien lleva el registro de las órdenes libradas (art. 8.2). La Intervención Delegada es quien fiscaliza, así que no se acredita los datos a sí misma; la Unidad Central coordina las cajas, pero no certifica, y la palabra del propio cajero no basta.

El art. 8.2 encarga el libro registro a las oficinas de contabilidad de los departamentos ministeriales y de los organismos autónomos, con el modelo que establece la Intervención General, y lo clasifica por ejercicios y cajas pagadoras. Los dos distractores tentadores toman un deber vecino: las cajas llevan su propia contabilidad separada (art. 8.1), y la Unidad Central, el censo de cajas y cajeros (art. 4.4). La Intervención General fija el modelo, pero no lleva el libro.

El art. 12.4 encarga a la Intervención Delegada la intervención de la inversión: examina las cuentas y sus justificantes y se las devuelve con su informe a la Unidad Central, que las recibió de los jefes de las unidades (art. 12.3) y que después recaba su aprobación (art. 12.5). La oficina de contabilidad lleva el libro registro de las órdenes (art. 8.2), y el Tribunal de Cuentas recibe las cuentas ya aprobadas.

El art. 6 exige dos firmas a la vez: la del cajero pagador y la del funcionario que designe el jefe de la unidad administrativa a la que está adscrita la caja, o las de sus sustitutos. Así nadie mueve los fondos por su cuenta. El interventor delegado es el distractor tentador, pero su papel es controlar, no firmar las disposiciones; ni el jefe de la Unidad Central ni la autoridad que expidió la orden intervienen en cada cheque o transferencia.

El art. 1.4 contempla exactamente este caso: en los servicios no transferidos a las comunidades autónomas cuya prestación se les encomienda porque la Administración Central carece de la estructura necesaria, se pueden expedir órdenes de pago «a justificar» a favor de las propias comunidades, de acuerdo con el real decreto. El distractor tentador es el de las cajas pagadoras, porque es lo ordinario (art. 4.1), pero el 1.4 es la excepción expresa; tampoco exige que la comunidad abra una caja en el ministerio ni obliga a cambiar de instrumento.