Los anticipos de caja fija

El art. 3.1 se lo da a las mismas autoridades que pueden establecer el sistema —los titulares del ministerio o del organismo autónomo (art. 2.1)—, siempre dentro del límite global. El Interventor delegado no reparte: informa esos acuerdos (art. 3.2). La Dirección General del Tesoro ordena y hace los pagos de los anticipos a las cajas de los ministerios (art. 3.3), pero no decide cuánto va a cada una, y los Jefes de las Unidades aprueban las cuentas de las cajas (art. 7.2), no la distribución.

El art. 6.1 pide dos firmas mancomunadas y admite que las pongan los sustitutos de los firmantes, pero cierra la salida: en ningún caso puede ser una misma persona la que haga las dos sustituciones, porque entonces una sola persona movería los fondos y la firma mancomunada no serviría de nada. El real decreto no pone plazo a las sustituciones ni las somete al Interventor ni al Tesoro.

El art. 2.1 deja el acuerdo a los titulares de los departamentos ministeriales o de los organismos autónomos: en un organismo, el suyo, no el ministro de adscripción ni el de Hacienda. El Interventor delegado no acuerda nada: informa después los acuerdos de distribución de los anticipos (art. 3.2).

El art. 7.1 ata la cuenta a la reposición: se rinde a medida que las necesidades de tesorería aconsejan reponer lo gastado y, en todo caso, en diciembre. Las primeras quincenas de enero, abril, julio y octubre son las de otro documento, los estados de situación de tesorería del art. 9.1.

El art. 1 pone como ejemplos las dietas, los gastos de locomoción, el material no inventariable, la conservación y el tracto sucesivo, y los aplica al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios. El mobiliario inventariable es justo lo contrario del material no inventariable que nombra el real decreto, y las retribuciones y las transferencias no son gastos de ese capítulo.

El art. 7.4 da quince días al órgano gestor para alegar y subsanar antes de que la cuenta vaya al Tribunal de Cuentas, y otros quince para dar cuenta al Interventor. Ningún plazo de la cuenta de la caja fija se cuenta en meses: el real decreto habla siempre de quince días.

El primer párrafo del art. 2.3 prohíbe, una vez establecido el sistema, los libramientos a perceptores directos por menos de 600 euros con imputación a los conceptos de caja fija; se salvan los que reponen el anticipo. Los 5.000 euros son el otro límite del mismo apartado, el de cada pago que se hace con cargo al anticipo, y es ahí donde aparecen las excepciones de teléfono, energía, combustibles e indemnizaciones.

El último párrafo del art. 2.3 cierra la salida: a efectos de los límites no se puede fraccionar un único gasto en varios pagos, ni acumular en un justificante pagos de gastos distintos. Lo que cuenta es el gasto, no cada pago, así que partirlo no lo mete bajo el límite, y un informe de la Intervención no cambia nada. La reparación sí es gasto propio de la caja fija —la conservación es uno de los ejemplos del art. 1—: lo que impide pagarla así es su importe.

El art. 5 exige que el gasto siga su tramitación y deje constancia documental, y fija el mínimo: el «Páguese» del órgano de gestión, dirigido al cajero, en el justificante del derecho del acreedor. La Intervención examina después las cuentas (art. 7.4) y el Jefe de la Unidad las aprueba (art. 7.2): ninguno firma cada factura.

El art. 7.2 da la aprobación a los Jefes de las Unidades Administrativas de las que dependen las cajas (y a órganos centrales cuando la organización lo requiera). La Intervención examina las cuentas ya aprobadas y emite su informe (art. 7.4), la IGAE fija su estructura (art. 7.1) y el Tribunal de Cuentas las recibe al final.

El art. 2.3 exceptúa del límite de 5.000 euros por pago cuatro clases de gasto: teléfono, energía eléctrica, combustibles e indemnizaciones por razón del servicio. La conservación y el material no inventariable son gastos típicos de caja fija (art. 1), pero eso no los saca del límite.

El art. 7.3 los expide a favor del cajero pagador, imputados a las aplicaciones presupuestarias de los gastos realizados. Los acreedores ya cobraron de la caja; lo que el presupuesto paga es lo que la caja adelantó, y por eso va al cajero. La errata «presupuestrias» es del propio texto del BOE.

El art. 1 lo cierra en su última frase: los anticipos de caja fija no tienen la consideración de pagos a justificar. Son dos figuras distintas, cada una con su régimen (la caja fija, en este real decreto y en el art. 78 de la Ley 47/2003; los pagos a justificar, en el Real Decreto 640/1987 y en el art. 79 de la ley), y ninguna se convierte en la otra ni le sirve de supletoria. La errata «justiciar» es del propio texto del BOE.

El art. 4.4, para el caso del 4.2 (fondos en una entidad de crédito), manda que el cajero ingrese los intereses en el Tesoro, o en la tesorería del organismo autónomo, con aplicación al presupuesto de ingresos. No engordan el anticipo, cuya cuantía la fijan quienes lo distribuyen (art. 3.1), ni minoran el gasto.